CONTEXTO

La elección de la Frontera Sur (Andalucía y Ceuta) como destino, en 2019, de la Caravana Abriendo Fronteras y Carovane Migranti de Italia, viene motivada por la gravísima realidad de la explotación de decenas de miles de migrantes, especialmente mujeres en la provincia de Huelva, así como por dos hechos claves ocurridos en 2018:

    1. Andalucía se ha convertido en la región de Europa con mayor número de llegadas de personas migrantes: 51.711 en 2018, mientras que en ese mismo año llegaban 2.384 a Ceuta y 5.542 a Melilla. Ello ha supuesto además un aumento sustancial de las personas muertas. 1.064 personas perdieron la vida en 2018 intentando llegar al estado español. El incremento de llegadas sacó a la luz las graves deficiencias del sistema institucional de acogida en Andalucía, con el consiguiente envío de personas migrantes a diferentes ciudades del estado español en su camino hacia otros territorios europeos, así como una involución en la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez  que ha realizado en 2018 y 2019 devoluciones en caliente de cientos de personas, y ha prohibido a los barcos Open Arms y Aita Mari realizar su trabajo de salvamento en el Mediterráneo, en línea con la política de cierre de puertos de la UE, liderada por el neofascista Salvini.
    2. A raíz de las elecciones autonómicas de diciembre pasado, en Andalucía ha comenzado a gobernar una coalición de partidos de derecha y extrema derecha, que usaron y siguen usando a las personas migrantes como chivo expiatorio para aumentar su influencia en la opinión pública.  Esta situación se puede agravar -a pesar de que en las elecciones generales, municipales y europeas, el partido de extrema derecha Vox ha obtenido un resultado por debajo de sus expectativas, tiene presencia en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y constituye un reto enorme para todas las organizaciones sociales y para quienes queremos poner en el centro de la vida la solidaridad con las personas excluidas, invisibilizadas y explotadas, y la defensa de los derechos humanos.

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ETAPA GRANADA – MOTRIL

  • Las llegadas

Durante el verano de 2018, Motril fue uno de los puntos calientes en cuanto a la gestión de llegadas de personas migrantes y en búsqueda de refugio. Con un aumento de las llegadas ya anunciado por organismos internacionales y por entidades como APDHA en febrero de 2018, no hay motivo alguno para hablar de avalancha u ola de llegadas.

Como señala el informe de APDHA de Frontera Sur 2019, “Un país de 46 millones de habitantes puede gestionar perfectamente la llegada de 60.000 personas sin dificultad alguna. 60.000 personas que ni siquiera llegarían a completar el aforo del Estadio Santiago Bernabéu, por poner un ejemplo. Una cifra que resulta ridícula si la comparamos con las personas refugiadas que acogen países como Turquía, con 3,5 millones, Uganda y Pakistán con 1,4 cada uno, Líbano con 1 millón e Irán con 974.000 personas” .

Como en años anteriores, Andalucía encabeza el número del total de entradas según zona geográfica. Por provincias, la de Cádiz recibió el mayor número de personas por vía marítima de todo el estado, una media de 55 personas diarias. En general, las mayores embarcaciones fueron rescatadas a través del mar de Alborán siendo trasladadas a Málaga, Granada o Almería. La media de ocupación se sitúa en más de 43 personas por embarcación, habitualmente zodiacs, según APDHA.

Pese a contar con la previsión de estas llegadas y con la dotación de 11,14 millones de euros en atención humanitaria a inmigrantes que incluye una subvención a las ONG que atienden a las personas que llegan a las costas españolas, así como Ceuta y Melilla; en verano la respuesta institucional es la de la improvisación, la descoordinación y, como consecuencia, múltiples deficiencias en el sistema de acogida. Atención legal, sanitaria, lingüística y humanitaria insuficientes o de poca calidad, desinformación sobre los derechos más básicos como la posibilidad de acogerse a la protección internacional o los menores que eran determinados mayores sin atender a sus declaraciones… denunciadas por varios colectivos en el informe de Monitorización de Acogida Digna.

  • Acogida digna civil

Durante los meses de verano, fuimos testigos del racismo institucional y el nulo interés por establecer un sistema de acogida digna. Ante esta situación, la respuesta ciudadana solidaria de personas y colectivos autoorganizados para atender y acompañar. Desde la llegada de embarcaciones a Málaga, Motril, Algeciras, Barbate, Tarifa o Almería hasta el encuentro de las personas migrantes con sus familiares en Europa o sus trámites para acceder al programa de refugio u otras vías de regularización, respetando por encima de todo el proyecto migratorio de cada uno. Activistas de CIEs No Motril, Emergencia Frontera Sur, APDHA y otros colectivos o simplemente vecinos que se organizaban para llevar comida, ropa o mantas a los pabellones o que se acercaban a las estaciones de autobuses donde tras las 72 horas de retención e identificación y posterior salida de los centros de atención temporal eran enviados por las entidades encargadas de la primera acogida. De noche, con más kilómetros de los necesarios y sin coordinación con los recursos de las otras ciudades, llegaban – y siguen llegando- desorientados y a menudo para encontrarse en la calle. Fueron pues, las redes de apoyo ciudadanas quienes cumplieron con la responsabilidad de garantizar el acceso a los derechos básicos, supliendo la vergonzosa ausencia de las administraciones en este proceso.

Por una parte, acciones de apoyo en la llegada: documentos informativos en diferentes idiomas con información básica de recursos donde recurrir, dónde comer o dónde dormir, oficinas de asilo o de información y atención a personas migrantes, información sobre el empadronamiento, la gestión de la tarjeta sanitaria, etc., a menudo con acompañamientos para garantizar que se respetan todos los derechos y se da acceso real a los recursos, tejiendo una verdadera red alternativa que pone a las personas en el centro frente a un sistema de acogida institucional deficiente y deshumanizado. Un sistema externalizado, que se ha dejado en manos de organizaciones subcontratadas por el Gobierno con una falta de control y de transparencia que hace difícil conocer su funcionamiento y su rendimiento frente a una red de personas que sin los recursos de la administración dedican su tiempo y esfuerzo a garantizar el acceso de todas las personas a sus derechos, que los reclama y denuncia su incumplimiento.

  • El rescate humanitario, la criminalización de la solidaridad y la defensa de Salvamento Marítimo como servicio público

El gobierno de Pedro Sánchez ha dado nuevas directrices a Salvamento Marítimo que consisten en no autorizar la entrada en aguas marroquíes para rescatar, aunque sepan de la existencia de pateras en peligro y se tenga el dato de que un tercio de los rescates realizados en 2018 fueron en aguas alauitas. Cuando las pateras se encuentren en zona SAR compartida, en los casos en los que lo estime oportuno la Torre de Control –ahora dirigida por un mando único de la Guardia Civil–, Salvamento Marítimo deberá limitarse a ‘custodiarlas’ hasta que sean recogidas por los guardacostas marroquíes. Solo actuarán si vuelca o hay otro peligro inminente, un riesgo que aumenta ante esta nueva forma de actuación teniendo en cuenta que cuando los ocupantes de una patera ven una lancha de rescate, suelen ponerse en pie para pedir auxilio, a la vez que aumentan los nervios y las posibilidades de volcar la embarcación.

La prioridad ha pasado de salvar vidas a impedir que lleguen personas a las costas del Estado español. Se han firmado acuerdos bilaterales entre el Gobierno y Marruecos para el control y devolución de personas migrantes, cuyo contenido no es público. También se han llevado a cabo entrenamientos a personal militar marroquí, y la Unión Europea ha dotado de medios de rescate y vigilancia a Marruecos. Así mismo, además de los 140 millones que la UE aprobó entregar a Marruecos “para luchar contra la inmigración irregular”, se han firmado acuerdos comerciales e inversiones millonarias. Estos mecanismos de colaboración también comparten los objetivos de control, detención y devolución de personas que intentan cruzar fronteras. Son las mismas políticas de externalización de fronteras, de cierre de puertos y de criminalización de la solidaridad que lidera Salvini en la UE.

Helena Maleno, Miguel Roldán, Anabel Montes y ahora Carola Rackete han sido personas acusadas de “tráfico de personas y favorecimiento de la inmigración irregular” por rescatar, dar apoyo o llevar a puerto a personas que de otra forma muy probablemente hubieran muerto. Es decir, se criminaliza el salvar vidas y se premia dejarlas morir en el mar, en el desierto o en sus países de origen, mientras Europa se lucra con el negocio de la guerra y la externalización y militarización de las fronteras.

Empresas que se lucran, el negocio del armamento, la militarización de las fronteras y la externalización del control de movimiento forman parte de esta necropolítica a la que resisten las vidas migrantes en la necrofrontera.

Las nuevas estructuras

  • CATEs (Centros de Atención Temporal de Extranjeros)

Centros de reciente creación en verano de 2018 para la detención no superior a 72 horas de las personas que acaban de cruzar la frontera por vía irregular. Están gestionados por la Policía y sirven para la identificación de las personas. Además cuentan con una atención sanitaria primaria y deberían servir para la detección y destinar a centros especializados, bien de personas en situación de vulnerabilidad, como menores o víctimas de trata, o bien que necesiten protección internacional. Son una extensión de las comisarías donde el personal policial trabaja con mayor espacio y resultan bastante opacas para la sociedad civil, salvo excepciones de algunas asociaciones cuya entrada es permitida por el Gobierno (ACNUR, CEAR y Save the Children).

A los CATEs acceden en su mayoría personas provenientes de países del África Negra o asiáticos, para después ser derivadas a grandes centros de acogida humanitaria como el CAAT de Chiclana, Mérida o San José de la Rinconada. Desde éstos pasan a otros más reducidos en puntos más diversos de la geografía española, aunque a veces del CATE son derivados directamente a los de menor dimensión.

La tendencia es a identificar a aquellas de origen magrebí en comisarías, para ser devueltas a su país, trasladadas a un CIE para ser expulsadas o puestas en libertad. Por el contrario, el SJM en su último informe CIE, no observó ningún traslado desde un CATE a un CIE.

  • CATE Crinavis, en San Roque-Algeciras (Cádiz)

Instalado por la Unidad Militar de Emergencias en agosto de 2018, con capacidad para 600. El Sindicato Unificado de Policía alerta sobre la falta de intérprete para las llegadas nocturnas, que son las más habituales, así como las carencias en medios y personal sanitario frente a la promesa del Gobierno de un servicio sanitario de 24 horas.

  • CATE en Motril

Tiene 250 plazas en tiendas de campaña, y sustituye a un edificio del puerto que servía para la recepción de personas rescatas. Estas otras instalaciones van a ser remodeladas para recuperar su uso.

  • CATE en Almería

Sustituye las instalaciones portuarias donde la recepción y primera acogida no contaba con los servicios mínimos, entre éstos, los dormitorios constaban de colchones en el suelo.

  • Futuro CATE en Málaga

Prevista la apertura de otro CATE, mientras tanto, quienes llegan a su puerto desde el mar de Alborán son trasladados a Crinavis. El Colegio de Abogacía de Málaga está preparado para la atención jurídica de las personas recién llegadas.

  • CPADE en Adeje, Santa Cruz de Tenerife.

Centro de Primera Asistencia y Detención de Extranjeros. Se trata de otra denominación para CATE.

  • CAAT (Centros de Acogida y Atención Temporal) o Centro de Acogida Temporal y Derivación

Tan sólo contamos con un ejemplo de este tipo de gran centro, que supondría un avance en las garantías para ofrecer una acogida humanitaria temporal. Cuenta son atención sanitaria, psicológica, social y de traducción, aunque su funcionamiento carece de transparencia. Allí se hospedan las personas tras su entrada e identificación en comisarías o CATEs.

  • CAAT de Chiclana de la Frontera, Cádiz

Instalaciones alquiladas por la Cruz Roja desde julio de 2018 en un terreno de los Salesianos colindante al colegio de Campano, con capacidad para 600-700 personas. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, asegura que habrá una zona separa de hombres para mujeres y niños. Además le confiere un uso rotatorio, aunque no da a conocer el límite de tiempo de permanencia.
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ETAPA ESTRECHO

Las viejas estructuras

  • CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros)

Cárceles racistas encubiertas que privan de libertad durante un periodo máximo de 60 días a personas extranjeras en situación administrativa irregular, para facilitar su expulsión.

CIEs operativos

  1. Zona Franca, en Barcelona
  2. Aluche, en Madrid
  3. Zapadores, en Valencia
  4. Sangonera, en Murcia
  5. La Piñera, en Algeciras
  6. Isla de las Palomas, en Tarifa (extensión del CIE de Algeciras)
  7. Hoya Fría, en Tenerife

CIE en obras

  1. Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria (cerrado desde verano de 2018 para unas reformas de 6 meses, aunque continúan)

CIEs cerrados definitivamente

  • Capuchinos, en Málaga (conocido entre los policías como “hotel Capuchinos” por las juergas que en éste organizaban con drogas y alcohol, fue cerrado en enero de 2013 tras conocerse los abusos que sufrían las mujeres internas durante esas noches)
  • Aeropuerto, Lanzarote
  • El Matorral, Fuerteventura (vacío desde 2012, tuvo un gasto de 2014 a 2017 de 670.000€ en servicios de alimentación de una empresa privada)

CIEs nuevos a construir

  • Madrid y Málaga
  • Botafuegos, en Algeciras

Desde el municipio de Algeciras han sido cedidos 10mil m² al Ministerio del Interior para construir en la parcela anexa a la cárcel de Botafuegos, un nuevo CIE que sustituya a los de La Piñera y la Isla de las Palomas. Este fue un plan ideado por Zoido, y Grande-Marlaska lo mantiene en la proyección presupuestaria. Es más, esta nueva construcción, junto a dos en Málaga y Madrid, y reformas en otros, están contempladas en los fondos FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) de la Comisión Europea en las asignaciones de 2014-2020. En verano de 2018, Ayuntamiento de Tarifa y Junta de Andalucía prometían recuperar el patrimonio histórico y natural para la ciudadanía.

CIEs habilitados con carácter temporal

  • Archidona, CIE temporal en Málaga entre noviembre de 2017 y enero de 2018

La cárcel de Archidona, en Málaga, fue destinada en 2017 por el Ministerio de Interior a internar a personas que habían cruzado la frontera de manera irregular, a pesar de ser un espacio penitenciario, vulnerando la Ley de Extranjería y la Jurisprudencia Constitucional. Lejos de cumplirse las mayores garantías que contemplan las cárceles reguladas por el Reglamento de Prisiones, el trato inhumano propiciado a los internos devino en un escándalo mediático. Un hombre se suicidó, se reconoció el encarcelamiento de 10 menores, así como de un solicitante de asilo.

    • La Isleta, en Gran Canaria, entre 2006 y 2007
    • El Camello, en la Gomera (un restaurante), entre 2006 y 2007
    • Playa de las Américas, en Tenerife (garaje de una comisaría), entre 2006 y 2007
    • Las Raíces, en Tenerife (acuartelamiento), entre 2006 y 2007

La Campaña de CIEsNo denuncia la opacidad que envuelve a su gestión, junto a las condiciones de absoluta insalubridad en los CIEs. Además de ser habituales por parte de los policías la omisión de socorro ante necesidades médicas, así como las vejaciones, insultos, torturas y malos tratos, que han llevado a muertes. También recuerda que se han registrado en numerosas ocasiones la presencia de menores y mujeres víctimas de trata, al igual que de personas a las que se les ha negado el derecho a solicitar asilo.

Encerrar a una persona en un CIE responde a una medida cautelar ordenada por un juez, para que se le pueda aplicar la sanción administrativa de la expulsión. Pero es durante su internamiento que se comprueba la posibilidad real de que la persona sea expulsada a su país de origen, o a otro por que el que transitó. La alternativa de una multa a la expulsión, sanción sustitutiva contemplada en la LO 4/2000, fue eliminada por el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) basándose en la Directiva 2008/115/CE.

En 2018, el número de personas efectivamente repatriadas entre las encerradas en un CIE, alcanzó cifras récord, no vistas desde 2009 y 2010. El SJM, en su último informe CIE, explica las menores cifras observadas desde 2015, que responden a un cambio en la dinámica de internamiento: en el CIE comienzan a encerrarse a las personas recién llegadas para ser devueltas, en lugar de servir para aplicar procedimientos de expulsión a las que ya se encontraban en el territorio. En 2018, son más las personas provenientes de Marruecos y Argelia, que al ser susceptibles de repatriación, elevan el ratio, representando a dos de cada tres personas internadas. Sin embargo, la gran mayoría de quienes cruzan la frontera de manera irregular no son internadas, y hay enormes desproporciones según nacionalidad. Incluso entre las más perseguidas hay grandes desajustes: una de cada dos de origen argelino fue internada, mientras que entre las de Marruecos fue del 17%. Aún así, cabe recordar que todavía 4 de cada 10 personas salen del CIE para volver a sus vidas tras un encierro sin motivación, la mayoría por la imposibilidad de ser documentadas.

  • CETIs (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes)

Los CETIs de Ceuta y Melilla, modelos exclusivos de estas Ciudades Autónomas, son centros de primera acogida para las personas que acaban de cruzar de manera irregular y para solicitantes de asilo. Aunque la Defensoría del Pueblo ha recalcado reiteradas veces que no son un recurso adecuado para estas últimas.

Cuentan con los servicios básicos para el alojamiento, manutención y atención sanitaria, mientras que mediante la colaboración de ONGs se dispone de la psicosocial, asistencia legal y actividades de formación. El tiempo de permanencia máximo es de 1 año, aunque se conocen estancias de 3 y 4 años. El período medio se ha reducido paulatinamente en los último años, bajando de cifras que rondaban el año, a pocas semanas o meses. El traslado a península en general tiene como destino los recursos de acogida, si bien en ocasiones salen de los CETIs para ingresar en CIEs; durante 2018 fueron 17 desde Ceuta, y 102 desde Melilla

La capacidad es 512 plazas para el CETI de Ceuta, y 480 para Melilla, sin embargo el hacinamiento ha sido denunciado por numerosas ONGs, incluso un enviado del Consejo de Europa los ha considerado alojamientos inadecuados. Los niveles máximos de ocupación han llegado a triplicar las cifras, pero éstas oscilan, y que se sobrepasen hasta duplicarse ha sido lo habitual. Éstas dependen del número de llegadas a las ciudades, así como de los traslados a península. Salidas extraordinarias en 2018 desde Ceuta dejaron plazas libres en el CETI, después de que en verano unas 200 personas lo reclamaran acampando frente a Delegación de Gobierno. Con la misma demanda, la huelga de hambre de 100 tunecinos en Melilla no tuvo el mismo resultado. Melilla contaba con una sobreocupación 1.200 plazas el pasado mayo, mientras en Ceuta continuaban contando con vacantes.

Son de régimen abierto, aunque la libre circulación de las personas derivadas a estos centros se limita a la ciudad. Los intentos de cruzar clandestinamente el Estrecho han ido en aumento en 2018 por la creciente angustia y desesperación de quienes se alojan en los CETIs. No obstante, para el caso de solicitantes de asilo con tarjeta roja, sendos Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Madrid, han reconocido su derecho a acceder a la península.

Los CETis acogen en su mayoría a hombres jóvenes de distintas nacionalidades del África Negra, así como de Argelia, mientras quienes provienen de Marruecos raramente son destinados a estos recursos.

El negocio y el racismo en la frontera de Ceuta

  • Las porteadoras

La línea física que separa el Estado español del marroquí no es la inxepugnable doble valla con concertina de las noticias, sino una zona de paso habitual para personas cargando mercancías. Mientras pueda considerarse “su equipaje”, las porteadoras, en su mayoría mujeres, llevan fardos de hasta 80 kg de peso a sus espaldas o a rastras desde Ceuta y Melilla.

Se elude de este modo el pago de aduanas propio de las empresas exportadoras e importadoras. Marcas de multinacionales de todo el mundo componen el conjunto de productos que se almacenan en polígonos adyacentes a los puntos fronterizos. Llegan en camiones o contenedores transportados en buques desde la península, y el trayecto que recorren tras solventar el pequeño paso a lomos de mujeres mayores y cansadas, continúa hasta incluso alcanzar Sudáfrica.

La alternativa legal a este negocio no ha sido propuesta, pues quizás provocaría la desaparición de las ciudades autónomas del mapa comercial transfronterizo. Mientras tanto, APDHA reclama el porteo como actividad laboral y una gestión de la frontera respetuosa con los derechos humanos. El beneficio sólo para Ceuta se cifra en torno a 405 millones de euros anuales según un estudio de la Universidad de Granada, lo cual supone un tercio de su PIB. Por tradición histórica, las personas procedentes de las poblaciones marroquíes próximas a las ciudades autónomas pueden cruzar la frontera únicamente mostrando su documento de identidad nacional.

El ‘comercio atípico’ es un trabajo de contrabando tolerado, de supervivencia y que no permite ahorrar. En su mayoría madres solteras, viudas o divorciadas tratan de cruzar más de una vez al día, hasta máximo 3 ó 4 en una mañana a cambio de unos 4€ por viaje, sin contar el pago del soborno a la Gendarmería. Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, además de la seguridad privada contratada, se sirven de sus “defensas” o porras para atizar el cuerpo de las personas porteando.

La alarma que generan los medios de comunicación y las autoridades políticas cuando se produce un salto de frontera ilegal, contrastan con la opacidad con la que se gestiona la movilidad humana cuando ésta interesa a empresas y Gobiernos en forma de flujo de mercancías.

  • Las trabajadoras de hogar. Sostener la vida desde los márgenes

La frontera provoca un efecto amplificador de la desigualdad y la desprotección de derechos. Unas 8000 mujeres marroquíes acceden diariamente a Ceuta y sostienen dos hogares: uno a cada lado de la frontera. Apenas un 20% tienen contrato laboral y, en la mayoría de los casos, este no suele reflejar la amplitud real de la jornada. El salario oscila entre 400€ hasta unos 250€/mes para jornadas completas. Y las garantías del cumplimiento del acuerdo son muy frágiles.

En un contexto de falta de alternativas laborales obtener un empleo en Ceuta realizando trabajo de porteo de mercancías, trabajo sexual o trabajo de hogar y cuidados, constituye para muchas mujeres una vía de ingresos que, en la mayor parte de los casos, suponen la estrategia principal para el sostenimiento de sus familias.

En el encuentro con la frontera de cada día las mujeres son colocadas bajo sospecha y dinámicas arbitrarias. La ausencia de contrato y permiso de trabajo provocan cortes en el tránsito y deben convencer de que efectivamente están empleadas para que las dejen pasar. Un conflicto con el control fronterizo puede generar la suspensión temporal del derecho de paso y la pérdida del empleo.

Es en estos márgenes donde se hace más evidente la acumulación desigual de poder, del encuentro entre dos realidades: mujeres trabajadoras, sostenedoras, racializadas, resistentes y vulnerabilizadas, frente al poder de la autoridad, el capital, el patriarcado y la militarización de la frontera.

  • La memoria histórica de las guerras y el fascismo

Las viejas prácticas fascistas siempre han existido en Europa, pues nunca se han depurado los regímenes de los años 30. El español del 78 aún está presente, entre otras cuestiones por la injusticia a la que el estado español somete a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Amnistía Internacional denuncia que no existe ningún otro precedente a la falta de compromiso en investigar estos crímenes contra la humanidad.

Nuevos delitos, pero del mismo tipo, quizás sean juzgados contra la UE ante la Corte Penal Internacional. Ejemplo de ello es la petición de un grupo de abogados internacionales que solicita al Tribunal de La Haya la investigación por crímenes contra la humanidad a las políticas europeas migratorias de no socorro en el Mediterráneo y de cesión del control fronterizo a Libia.

La concentración o detención de personas en todo tipo de campos, centros o cárceles -como los CIEs, CETIs y CATEs-, también recuerda a las prácticas fascistas. Migreurope, una red de organismos civiles, ha registrado en su último informe de 2016 una ocupación de estos espacios de más de 30.000 personas en territorio europeo, elevándose a casi 50.000 si se incluyen aquellos presentes en países donde la UE externaliza sus fronteras. El neofascismo es algo más que una versión renovada del fascismo del siglo pasado; debe entenderse desde una lógica global y de profunda crisis civilizatoria: del modelo capitalista, de cuidados, ecológica, de Derechos Humanos, etc.

El pasado 20 de junio, recordando el Día Mundial de las Personas Refugiadas, United Against Refugee Deaths publicaba la última cifra de muertes recogida desde 1993: la Europa Fortaleza ha dejado 36.570 víctimas mediante sus políticas de no socorro en el mar, rechazo en frontera, condiciones inhumanas en campos de refugio y centros de detención, vuelos de deportación, expulsiones a países no seguros y demás situaciones de negación del derecho a una migración legal y segura.

550 organizaciones de la sociedad civil prestan su apoyo para elaborar esta lista incompleta. La mayoría de personas muertas se registran como N.N. (Nomen Nescio): la no identificación de las víctimas es una muestra más del racismo institucional europeo.

Entre las 36.570 víctimas, también se cuentan los asesinatos racistas de la población migrante por parte de la civil. Denominados como delitos de odio en el estado español, el caso de Lucrecia Pérez fue el primero en conocerse. Desde 1992 se le han sumado decenas de crímenes cometidos con la motivación de racismo, xenofobia, islamofobia, y antigitanismo, entre otras.

  • Las y los menores desprotegidos

Desde hace unos años, es común la entrada por vías irregulares en territorio europeo de niñas, niños y adolescentes sin compañía de familiar adulto, aunque en el estado español ocurre desde la década de los noventa. En 2015, Eurostat cifró en 88.300 los menores no acompañados solicitantes de asilo en la Unión Europea, mientras que el año siguiente Europol alertaba de la desaparición de 10.000.

El bloqueo de las rutas griega e italiana en el Mediterráneo también ha favorecido un mayor número de llegadas desde 2017. Ministerios del Interior y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sin actualizar los datos desde octubre de 2018, cifran en casi 12.500 las y los menores extranjeros no acompañados acogidos o tutelados en diferentes Comunidades Autónomas. La mayoría están en la andaluza, junto a Melilla y Ceuta, por tratarse de espacios fronterizos. A otras llegan menos menores, y rara vez los acogen por traslado en base al principio de solidaridad entre autonomías.

Tras su visita a Ceuta y Melilla, un representante del Consejo de Europa alertaba de la desigual atención a  menores residentes allí respecto a la península. Malviven en la calle, mientras tratan de cruzar el Estrecho, y son vulnerables a las redes de trata y tráfico de personas. El ‘risky’ es como llaman al ‘juego’ de saltar la alambrada, recientemente reforzada en Ceuta, para entrar al puerto y esconderse en alguno de los barcos que viajan a la península, e incluso lanzarse al mar para alcanzar los navíos que ya han zarpado. Esta práctica se ha cobrado numerosas vidas de menores.

Su tutela legal es competencia autonómica, mientras que la administrativa la ejercen los centros. Éstos vulneran gravemente sus derechos en Ceuta y Melilla. Tratan de pervertir el marco jurídico y eludir su responsabilidad tomando el “abandono voluntario” como una causa de baja de la tutela. La mala praxis respecto a la tutela de menores que sí permanecen en los centros también es común. APDHA denuncia las contradicciones legales entre el Protocolo Marco para Menores No Acompañados y el Reglamento de Extranjería, a las que se acogen las entidades que ejercen la tutela y las propias Subdelegaciones del Gobierno, para no poner en marcha el procedimiento administrativo para la obtención de la autorización de residencia. Esto comporta graves consecuencias cuando cumplen la mayoría de edad, pues les sobreviene una situación de irregularidad administrativa.

En Ceuta, el gobierno se escuda en la dejadez de los centros para poner de manifiesto que no existen recursos pese a los esfuerzos, justificar esa inacción ante el repunte de llegadas, y la falta de solidaridad de otras autonomías. Estos discursos políticos alarmistas y racistas alimentan el rechazo de la ciudadanía. La Asociación Elín ve cada vez más dificultades para dedicarse a su trabajo habitual con las y los menores solos o dentro del CETI. Sin embargo, llaman a la precaución respecto a la elección de las denuncias ante los medios de comunicación, por temor no sólo a las represalias desde las instituciones, además por la revictimización y el fomento de estereotipos entre la opinión pública.

A las vulneraciones generalizadas de derechos fundamentales a la vida y libertad, se le suma la privación de los derechos sociales básicos de cerca de 360 menores en Ceuta. Situación a la que también se enfrentan quienes están con sus familias, tal y como ha denunciado la Asociación Digmun. No pueden empadronarse sin compañía de familiar adulto si viven en la calle, pero tampoco muchas y muchos de quienes viven con sus progenitores –cuando éstos se encuentran en situación administrativa irregular, y por tanto ni tienen tarjeta sanitaria, ni están escolarizados. En Ceuta se niegan estos servicios primarios de sanidad y educación, a pesar de gozar la infancia de la máxima protección internacional, y de primar el principio del interés superior del menor, cualquiera que sea su situación administrativa u origen nacional.
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ETAPA HUELVA

  • Las jornaleras marroquíes y la explotación laboral en el campo 

La agricultura intensiva en Huelva introdujo la necesidad de una gran cantidad de mano de obra. La solución fue la contratación de personas de otros países para los trabajos agrícolas de temporada.

Desde finales de los años 90 aumenta el número de personas trabajadoras de origen marroquí y subsahariano, hasta el 2002, que se sustituyen por mujeres procedentes de Europa del Este. Los motivos se relacionan con las protestas que protagonizaron contra la ley de Extranjería. A partir del 2006 comienzan las contrataciones en origen con personas de Marruecos. Esto tiene que ver con varios factores: la entrada en la UE de los países del Este; el Acuerdo sobre Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios firmado con Marruecos; la cordialidad entre los dos gobiernos y la posición de Marruecos como país emisor de personas migrantes no comunitarias.

La Contratación en Origen por Contingente permite la contratación programada con la intención de que no ocupen empleos estables. La recesión económica redujo el cupo de autorizaciones para contratar en origen hasta el 2016, que empezó a incrementarse de nuevo.

Desde los inicios de la Gestión Colectiva para la Contratación en Origen por Contingente, las personas tenían que responder a un perfil, entre los que figura ser mujer. Los empresarios justifican el criterio porque “al ser la fresa un producto muy delicado, requiere unas manos igual de delicadas para su recolección”. Sin embargo, en esa preferencia por la contratación de mujeres los argumentos apuntan a una menor conflictividad, mejores relaciones de convivencia en los barracones que deben compartir, menor reivindicación de sus condiciones sociolaborales y mayor compromiso de retorno.

Desde la temporada 2006/2007, poseer responsabilidades familiares es un requisito imprescindible ya que es la clave para garantizar el retorno. En la campaña 2017/2018 se les seguía exigiendo a las candidatas que fueran mujeres casadas y con descendencia. Una evidencia de los estereotipos machistas.

Son numerosas las situaciones de precariedad a las que se enfrentan las temporeras marroquíes: el permiso de residencia se encuentra condicionado a la vigencia del contrato laboral; la renovación para la próxima temporada depende de la voluntariedad de la parte empleadora; la inexistencia de garantía de un mínimo de peonadas, y las condiciones del contrato que no tiene nada que ver con lo que firman antes de venir.

El aislamiento de las fincas en las que se alojan, el hacinamiento en barracones, el cobro por servicios básicos como el aseo o el desplazamiento al centro urbano para comprar y la falta de información sobre sus derechos son otras de las situaciones de vulnerabilidad.

Es importante señalar, en materia de vulneración de derechos, pero también de resistencia, las denuncias judiciales y públicas que, en 2018, interpusieron un grupo de temporeras contratadas en origen por haber sufrido abusos por parte de sus empleadores. El archivo de estas demandas, sin que el juez llegase a escuchar sus testimonios, pone de manifiesto la inexistencia de mecanismos de control y de herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de sus derechos. Recientemente la Audiencia Provincial de Huelva ha reabierto la causa. Y también, las autoridades competentes, se han visto obligadas a negociar ante la presión social, las condiciones de este tipo de contratación. Entre las que se barajan están las siguientes: garantizar que las temporeras conocen y entienden el contrato que firman; dar a conocer sus condiciones de empleo y sus derechos laborales y sanitarios; garantizar la habitabilidad de las viviendas; facilitar su acercamiento a sus entornos de acogida; y establecer interlocutoras entre las trabajadoras, las administraciones y otros agentes sociales, como sindicatos y ONG.

  • La globalización de la injusticia

La situación de las mujeres jornaleras marroquíes es un claro ejemplo de cómo opera el sistema capitalista heteropatriarcal, vulnerando los derechos personales, sociales, económicos y laborales de las mujeres. Junto a ello, el racismo que actúa de manera cómplice en el quebrantamiento de derechos que viven las jornaleras contratadas en origen para las campañas agrícolas.

Pero sabemos que no es un caso aislado. El sector agrícola italiano y español son lugares donde este sistema de trabajo esclavo campa a sus anchas en Europa. Como ejemplos, el caso de las 59 personas inmigrantes en los campos de ajo de Cuenca, la reciente lucha sindical en Huerta de Peralta en Navarra, las temporeras del tomate en Sicilia y en la Apulia en Italia….

  • Migraciones climáticas

El cambio climático está produciendo hambre, conflictos y el desplazamiento de muchas poblaciones en África y en el mundo. Guarda relación con el acaparamiento de recursos energéticos e hidrológicos de los países del norte y de las empresas transnacionales, pero sus efectos se despliegan hasta los países del sur, que lucha contra las consecuencias: sequías, inundaciones, etc.

Hay 507 conflictos en todo el mundo por el control del agua. Los gobiernos del norte no quieren entender la gravedad y la necesidad de medidas urgentes para reducir el calentamiento del planeta, con lo que la única posibilidad que dejan a quienes habitan en el Sur es la de migrar.

Las personas refugiadas por motivos climáticos no existen para el Derecho Internacional. Sin embargo, los y las refugiadas climáticas ha crecido de forma exponencial y los países afectados son más de 100.

Tampoco el estado español es inmune al impacto del cambio climático por su posición geográfica. Además, es lugar de destino para las personas refugiadas, también climáticas. Ejemplo de ello son las personas procedentes de Siria y Colombia. También de Senegal, donde la pesca masiva de los países del norte y la sequía del campo, ha hecho insostenible la vida.

Se necesita una respuesta rápida y estable en el tiempo, pero lo cierto es que los discursos y compromisos de los gobiernos sobre los derechos de las personas refugiadas, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, suelen sucumbir ante los intereses económicos.

Los cambios climáticos están modificando nuestro mundo, y los desastres que provocan generan desigualdad y pobreza. Por lo tanto, los seres humanos vamos a hacer -y ya hacemos- lo que siempre hemos hecho: migrar hacia zonas que sean más vivibles. Por esto, es necesaria ahora más que nunca una estrategia y, además, una mayor conciencia social sobre las personas refugiadas climáticas.