ENLACE DE DESCARGA DEL DOCUMENTO CONTEXTO DE LA CARAVANA CANARIAS 2021

1. Contexto migratorio y social en el archipiélago

1.1 – De la Agenda Europea de la Migración (2015) al Nuevo Pacto de las Migraciones (2020): Islas cárcel en contexto.

1.2 – El contexto social de las Islas Canarias

1.2.1 – Canarias, colonia en África ocupada por España

1.2.2 – Región Ultraperiférica, nuevo eufemismo para decir Colonia

1.2.3 – Economía, sociedad canaria y migración.

1.2.4 – Racismo y sociedad en Canarias.

1.3 – Evolución reciente de la situación en el archipiélago.

1.3.1 – Contexto que lleva al Plan Canarias

1.3.2 – Situación actual en las islas

1.3.2.1 – El ‘Muelle de la Vergüenza’, los CATES improvisados y los ‘hoteles de acogida’, la primera respuesta del Gobierno Español.

1.3.2.2 – Represión y maltrato institucional contra las personas migrantes.

1.3.2.3 – El Plan Canarias.

1.3.2.4 – Las redes solidarias.

1.3.2.5 – Un futuro incierto

1.3.3 – Carencias y vulneraciones de DDHH

1.4 – Deportaciones y retornos (desde las islas y otros lugares)

1.5 – Tratamiento de la información sobre las migraciones

2. Migraciones y contexto colonial. Causas y factores relacionados con el éxodo migratorio:

2.1 – Extractivismo e historia colonial: Vínculos entre la extracción de recursos naturales por parte de países europeos y la destrucción de formas de vida de algunas de las personas que emprenden su viaje migratorio

2.1.1 La situación de Marruecos, Mali, Guinea y Senegal como principales países expulsores

2.1.1.1 – MARRUECOS

2.1.1.2 – MALI

2.1.1.3 – GUINEA

2.1.1.4 – SENEGAL

2.1.2 Empresas implicadas, intereses financieros

2.1.3 Acuerdos de pesca en Senegal

2.1.4 Presencia y papel de países europeos en conflictos armados en el área del Sahel

2.1.5.1 – Foco en el Sahel

2.2 – Capitalismo y racismo

2.2.1 – Estructura del sistema capitalista: Patriarcado, Racismo y Colonialidad

2.2.2. Resistencias al sistema racista: el sujeto político del antirracismo

2.2.3.    Ley de Extranjería: una ley para regular el mercado laboral

3. Feminismos:

3.1 – Feminismo autocentrado canario. Desde una perspectiva anticolonial, decolonial e independentista.

3.2 La lucha de las mujeres frente a la colonialidad

3.2.1 La migración como concepto colonial

3.2.2 Cadena internacional de cuidados:

3.3 Características e la migración de mujeres en Canarias

4. Infancia migrante:

4.1 Contextualización

4.2 Violencias: principales violaciones de DDHH a las que tienen que hacer frente

4.3 El trabajo de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife

4.4 Servicios en las islas.

5. Anti-militarismo:

5.1 La militarización en Canarias

5.2. Posicionamiento y acciones antimilitaristas de CAF y organizaciones participantes en CAF

7. Desapariciones y asesinatos en frontera
8. Una reflexión para acabar: La instrumentalización política, social y económica de las migraciones

 

Sobre este documento: Este Dossier es un documento colaborativo elaborado entre los distintos nodos territoriales de la Caravana Abriendo Fronteras en el Estado español y el colectivo italiano Carovane Migranti para la Caravana Canarias 2021. Incluye el contexto necesario para comprender la realidad migratoria en las islas a partir de su contexto social, así como distintos ejes de trabajo y denuncia que serán trabajados durante la Caravana de este año. Está compuesto por textos elaborados por personas y territorios distintos que han aportado su trabajo y conocimientos. El contenido del Dossier refleja la pluralidad de aproximaciones de la red caravanera, así como el proceso de consenso y articulación de su organización.

 

1. Contexto migratorio y social en el archipiélago

 

1.1 – De la Agenda Europea de la Migración (2015) al Nuevo Pacto de las Migraciones (2020): Islas cárcel en contexto.

El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de septiembre de 2020 no plantea de fondo grandes cambios, sino que acentúa los aspectos que ya eran parte de la misma estructura de la Unión Europea, como es la intensificación en la cooperación con terceros países para los retornos y la externalización de fronteras y deja de lado completamente las cuestiones relacionadas con la acogida y la defensa de los derechos fundamentales. Con su planteamiento da forma a un modelo de gestión migratoria basado, entre otras cuestiones, en la consolidación de las llamadas islas jaula.

Los estados siempre han hecho uso de las características geográficas para establecer sus fronteras desde su misma creación: montañas, ríos o desiertos han sido fronteras naturales de distintas comunidades. En el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias a nivel global, sin embargo, hemos sido testigos de cómo los estados instrumentalizan la dureza y la peligrosidad de estos elementos naturales para disuadir a las personas migrantes de llevar a cabo su viaje, evitando de este modo su responsabilidad en salvaguardar el respeto a los derechos humanos en sus zonas de frontera. Lejos de velar por estos derechos, sin embargo, la consecuencia de estas políticas es que los espacios naturales como el Mar Mediterráneo se convierten en espacios que ejercen violencia contra los cuerpos de estas personas. En el peor de los casos, y ante la ausencia de medios estatales y la criminalización de las organizaciones que se dedican al salvamento, se convierten en espacios de muerte. Las decisiones políticas adoptadas por el Gobierno español, basadas en no permitir el traslado de personas del archipiélago canario a la península han convertido estas islas en cárceles de facto. Lejos de algo aislado, esta estrategia tiene los siguiente antecedentes:

2001. La Solución del Pacífico: 

 

En Australia, la llamada Solución del Pacífico introduce, como parte de la política migratoria del estado, la idea de externalizar la detención de personas migrantes en islas fuera del continente oceánico hacia las islas de Manus y Nauru, en Papua Nueva Guinea. La política plantea la construcción de centros donde solicitantes de asilo son detenidos hasta poder ser deportados, en ocasiones, indefinidamente. Esta política ha sido fuertemente criticada por las vulneraciones de derechos humanos que provoca el aislamiento en las islas.

 

2015. “La crisis de los refugiados”. Introducción de los Hotspots como parte de la Agenda Europea de la Migración: 

 

Enmarcada como una solución a lo que se denomina una “crisis humanitaria”, la Comisión Europea presentó en mayo de 2015 la estrategia que crea los llamados Hotspots en las islas griegas de Lesbos, Chios, etc. Estos lugares están destinados a tomar una decisión rápida sobre la susceptibilidad de una persona para solicitar asilo o no, acelerando las deportaciones de aquellas solicitudes rechazadas. En la práctica, y ante la falta de medios, estos centros de procesamiento funcionan como cárceles que extienden a la isla entera su función de detención.

 

2020. Nuevo Pacto por las Migraciones y el Asilo: 

 

Unos días después del incendio que acabó con el campo de Moria, la Comisión Europea presenta un nuevo paquete de medidas que se publicita como “un nuevo comienzo para la política migratoria europea”. Lejos de representar una novedad, este nuevo paquete de medidas migratorias plantea una continuidad en la línea de acelerar los procesos de decisión sobre solicitudes de asilo, priorizando las decisiones en las zonas fronterizas de la UE. En este sentido, la construcción de los distintos centros de alojamiento para personas migrantes en el archipiélago canario puede entenderse como una extensión de estas políticas, repetidas en diferentes territorios insulares de la UE.

Como explica la experta en migraciones, Blanca Garcés, este modelo de gestión migratoria, recogido en el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo, propone crear espacios cerrados en frontera para determinar de forma rápida quiénes pueden ser sujetos de procesos de protección internacional y quiénes, no siéndolo, serán inmediatamente retornados. Esta estrategia se centra en tres pilares:

1. Contención en islas y freno a los traslados: frente a las decisiones adoptadas en la llamada crisis de los cayucos de 2006, actualmente se ha producido una drástica restricción de los traslados a península como única medida para poder aliviar la presión asistencial en las islas.
2. Narrativa de las deportaciones: la idea de este freno a los traslados es compensar las llegadas con deportaciones sistemáticas a los países de origen o a los países con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos de devolución, en este caso, Marruecos y Mauritania (a principios de febrero fuentes institucionales confirmaron acuerdos de devolución también con Senegal), pero la realidad es que, pese a esta retórica, la mayoría de las órdenes de devolución y expulsión no se efectúan, debido a un sin fin de trabas burocráticas y a la resistencia de los países de origen o de proveniencia de aceptar a las personas migrantes de vuelta.
3. Fortificación de las fronteras: el tercer pilar es el refuerzo del control fronterizo a través de FRONTEX y la generación de una política de disuasión que frene las aspiraciones de las personas migrantes de llegar a Europa. Este modelo de política de contención se ha reproducido en Lesbos, Samos, Lampedusa y Ceuta y Melilla. Pero, como ha sucedido antes en todos estos lugares, y ahora en las Islas Canarias, los efectos de esta política trascienden, en mucho, al fenómeno migratorio. Por un lado, las islas se convierten en un lugar de vulneración reiterada de derechos, donde se transgreden no solo los derechos humanos, sino derechos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los países de acogida; por el otro, las condiciones a las que se someten a las personas migrantes acaban también por afectar a la población de acogida, que acaba por dirimir todas sus frustraciones contra los recién llegados, generando un discurso antiinmigración y de conflictividad social preocupante y de difícil gestión si no se aborda de manera constructiva.

 

Cárceles doradas Elaborado por el territorio de Madrid El etiquetado de la inmigración africana que trascurre por la frontera sur española como un flujo motivado exclusivamente por razones económicas y laborales ha supuesto su categorización como una movilidad voluntaria. (López-Sala, 2020). Tras la última reforma de la ley de asilo en 2009, la Secretaría de Estado de Seguridad empezó a aplicar un procedimiento administrativo que restringe y somete a serias limitaciones la movilidad de los solicitantes de asilo que desean desplazarse al territorio español peninsular. Esta barrera administrativa, que en realidad produce una “cautividad burocrática” de los solicitantes de asilo, ha transformado a Ceuta y Melilla en lo que algunos migrantes califican como “una cárcel dorada” (López-Sala, 2015b). Esta seria limitación de la libertad de circulación de los solicitantes de asilo puede considerarse una estrategia disuasoria adicional dentro del complejo puzle del control migratorio (López-Sala, 2015). Estas medidas de inmovilización selectiva contravienen la ley española de asilo y vulneran el principio de igualdad de trato como han denunciado en los últimos años el ACNUR y el Defensor del Pueblo (United Nations General Assembly, 2013; Defensor del Pueblo, 2013, 2016). El Defensor del Pueblo señalaba, además, en su informe de 2016 que “estas prácticas afectaban a la credibilidad del sistema de protección español y suponían el agravamiento de la vulnerabilidad de estas personas” (Defensor del Pueblo, 2016, p. 52). Estas palabras son también vigentes en lo ocurrido en las Islas Canarias en 2021.

 

1.2 – El contexto social de las Islas Canarias

Elaborado por el territorio de Canarias

 

1.2.1 – Canarias, colonia en África ocupada por España

Canarias fue conquistada por la fuerza, ante la resistencia indígena de más de un siglo, y colonizada por la corona de Castilla hace más de 500 años. La población ínsuloamazigh, el denominado pueblo guanche, sufrió numerosas bajas derivadas de los enfrentamientos militares, las enfermedades y la esclavitud, viéndose obligada a acatar de manera pública la lengua, cultura y religión foránea, aunque dándose formas de resistencia culturales y sociales importantes en ámbitos privados fuertemente perseguidos y reprimidos, llegando algunos hasta nuestros días. Concluida la conquista, la ocupación del territorio se lleva a cabo a través del repartimento de tierras, aguas y personas esclavizadas entre los conquistadores, colonos, la Iglesia, órganos de poder coloniales, así como entre un reducido número de indígenas que colaboraron con los conquistadores. Todo ello dentro de una lógica colonialista, de acumulación de riquezas para la corona, para alimentar al incipiente estado y a las clases privilegiadas, con un elemento central en torno al catolicismo como estandarte y justificación moral del latrocinio. En Canarias (Taknara) se ensayaron los distintos elementos que se emplearían en lo sucesivo durante la colonización de América (Abya Yala) dándose un proceso tan parejo que no podemos considerar derechos políticos derivados de la violenta ocupación para un territorio, sin considerarlo de la misma forma para el otro.

Las islas, puerto franco con un régimen económico fiscal propio desde la conquista, se han utilizado históricamente para proveer de materias primas (cochinilla, vino, azúcar, plátano, tomate…) a empresas exportadoras extranjeras (inglesas principalmente) y de la metrópoli (la corona de Castilla primero y posteriormente el reino de España) utilizando el Archipiélago como la finca particular del Estado Español hasta la actualidad para su único enriquecimiento, hoy con el monopolio del turismo, mientras las islas quedaban sumidas en la pobreza. También las oligarquías provenientes de los conquistadores y afincadas en el país canario, han controlado la economía de las islas a través del comercio con el exterior y de la propiedad de la tierra y el agua, con una sociedad fuertemente jerarquizada y una economía medieval y agrícola hasta bien entrado el siglo XX, que para la mayor parte de la población ha sido de mera supervivencia.

Tras el golpe de estado de 1936, los avances conseguidos por la clase obrera desde hacía más de 50 años se esfumaron, la represión en las Islas posterior al 18 de julio fue demoledora y vengativa. Entre asesinatos y ejecuciones, juicios farsa, desapariciones, personas que fueron enviadas al frente en el bando fascista, castigadas en batallones de trabajo, exiliadas y emigradas se calcula que se perdió a la mitad de la población. A la violencia y el terrible impacto demográfico, se deben sumar la represión económica, política, ideológica y social que sufrió la clase obrera organizada y aquellas personas que eran consideradas rojas, progresistas, moralmente degeneradas, etc.

Durante la dictadura también se produjo un fuerte proceso de aculturación e imposición de rasgos culturales propios del imaginario nacional-católico-fascista español impuesto desde el Régimen, donde Cultura y Folclore fueron simplificados por el franquismo para su aprovechamiento social y político, condenando al ostracismo el verdadero folclore popular precolonial y poscolonial, siendo conservado, en parte de manera clandestina, en el seno del pueblo canario. Ya en las décadas de los setenta y ochenta, a raíz de la nueva ola del nacionalismo canario al que luego nos referiremos y al resurgir cultural, se da todo un trabajo en el rescate de la cultura y el folclore popular desde el movimiento social y la llamada “nueva canción canaria” que va a dignificar y a revitalizar la “cultura popular canaria” en forma de movimiento educacional, artístico, musical y deportivo, así como en los usos y costumbres relacionados con la vida de las clases populares como son los juegos tradicionales, el lenguaje silbado o el estudio etnográfico.

Luego, con la llegada de Coalición Canaria fundada en 1993, y sus siglas antecesoras, se vuelve a hacer uso de la folclorización con fines partidistas de la cultura popular canaria, al igual que en el franquismo, para seguir siendo ridiculizada y utilizada en la actualidad por la industria turística, con la finalidad de ampliar la oferta con aspectos folclóricos o burdas recreaciones de la vida de los indígenas canarios. El camarero vestido con traje típico, el parque temático guanche… refuerzan la visión del canario y la canaria serviles, exotizados, primitivos… reproduciendo el relato colonial de sumisión hacia el que viene de fuera. El mismo relato que se fomenta desde las instituciones que invitan a la población de las islas a ser amables y serviciales con el turismo porque, dicen, nos dan de comer, aunque la realidad es que son ellos quienes viven de nosotras y nuestros recursos.

En el último periodo de la dictadura y los años de la transición, el movimiento contra el régimen tuvo un importante elemento nacionalista, anticolonialista y africanista en Canarias. La lucha social y laboral, la africanidad de las islas y el origen Amazigh de sus primeros pobladores que, junto a las culturas llegadas tras la violenta conquista y la relación con Abya Yala a raíz de la emigración, constituyeron la idiosincrasia de las canarias y canarios actuales, contribuyendo a crear una renovada identidad canaria consciente del trato colonial recibido en las islas y con la voluntad emancipadora que se plasmó en el auge del Movimiento de Liberación Nacional Canario que llegó a su punto álgido a finales de los 70 cuando la OUA (Organización de la Unidad Africana) apoyó las reivindicaciones del Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC).

El MPAIAC fue fundado en 1964 en Argelia por el abogado laboralista Antonio Cubillo, exiliado durante el franquismo y que anteriormente había estado vinculado al Movimiento Canarias Libre. En el año 75 Argelia pone Radio Argel a disposición del MPAIAC, que inicia las emisiones de radio de “La Voz de Canarias Libre” para el Archipiélago Canario. En 1978 la OUA reconoce al MPAIAC y el derecho de las Islas Canarias a la autodeterminación, reconociendo la obvia africanidad de las islas, dictaminando que debía iniciarse el legítimo proceso de descolonización del Archipiélago. En los años siguientes morirán dos activistas del movimiento en manos de las fuerzas represivas del Estado Español y en respuesta a esos asesinatos la organización declara la lucha armada a través de las FAG (Fuerzas Armadas Guanches), todo a la vez que la popularidad y el apoyo al proceso crece notablemente en las islas, que estallan en huelgas obreras y rebeliones populares como respuesta a los asesinatos de personas relacionas con el Movimiento. El atentado del Estado Español contra Cubillo el cinco de abril de 1978 que casi acaba con su vida dejándolo en silla de ruedas, la labor diplomática del gobierno del gobierno español en el continente africano y la fuerte represión del Estado en las islas, terminarían con el MPAIAC, cuya militancia pasará a formar parte de otras iniciativas independentistas. El Movimiento dejó su legado en el análisis y las reivindicaciones de un amplio espectro del activismo canario que marca hasta la actualidad a un importante sector de la izquierda en Canarias. Sector que vive un importante resurgir a principios de los noventa y va creciendo de manera exponencial hasta finales de la década de los dos mil alrededor de la Organización Juvenil Azarug y el I Congreso del Movimiento de Liberación Nacional Canario que engloba a organizaciones, asociaciones y personas de todos los ámbitos sociales, culturales y políticos. Un ejemplo de este proceso y la relación con nuestro continente fue la realización en Gran Canaria del I Congreso Mundial Amazigh (CMA).

 

1.2.2 – Región Ultraperiférica, nuevo eufemismo para decir Colonia

La entrada del Estado Español en la Unión Europea supuso para el Archipiélago adquirir la condición de Región Ultraperiférica (RUP), el marco que regula las relaciones de la UE con algunas de las que fueron o son colonias de ultramar de Francia, Portugal y España y que ahora pertenecen a la UE y, por tanto, están dentro del espacio Schengen.

Los fondos europeos para las RUP han cofinanciado gran parte de las infraestructuras de las islas, modernización necesaria para aumentar la competitividad de Canarias como destino para el Turismo y, por tanto, en beneficio de las empresas del lobby turístico europeo, así como para el necesario traslado de mercancías para la industria capitalista y la construcción de infraestructuras de doble uso, civil y militar.

La situación geoestratégica del Archipiélago, que juega un papel fundamental en los intereses tricontinentales de las grandes potencias políticas y de guerra, lo convierte también en uno de los objetivos del nuevo acuerdo europeo sobre inmigración. Al igual que venía sucediendo en Ceuta y Melilla, Canarias ha reafirmado con esta última “crisis migratoria” su papel de frontera sur de la Unión Europea en la ruta Atlántica. Las imágenes del muelle de Arguineguín, de los campamentos temporales, de las naves infames repletas de migrantes… recuerdan a las que se viven en otros territorios frontera (interior y exterior) de la actual UE, espacios de excepcionalidad legal, de no derechos y no vida.

Sin duda la condición “ultraperiférica” de Canarias ha tenido como contrapartida su nuevo estatus como centro de detención, cribado y devolución, lejos de las miradas de las metrópolis europeas. Sin embargo, eso que pudo servir excepcionalmente durante la pandemia, ahora parece entrar en conflicto con los intereses económicos de la industria turística, por lo que todavía es incierto el futuro.

 

1.2.3 – Economía, sociedad canaria y migración.

La emigración es un elemento constante en Canarias en los últimos 150 años, pues la tremenda desigualdad histórica y transversal, la represión, las hambrunas debidas a las malas cosechas, la agricultura basada en el monopolio de la exportación y la fuerte dependencia forzada del exterior, siempre han mantenido a un importante sector de la población en condiciones de pobreza extrema, hecho que se mantiene hasta el día de hoy.

 

A pesar de que el canario siempre ha sido un pueblo emigrante, el balance migratorio se invirtió a mediados del siglo XX a causa del desarrollo turístico y, posteriormente, de la entrada en la Unión Europea, principal origen de la inmigración junto a Latinoamérica. Con el cambio de siglo la llegada de inmigrantes regulares e irregulares se intensificó en las Islas. Hoy en día, con 2,2 millones de habitantes, en Canarias hay 300 mil personas extranjeras empadronadas y unos cuantos miles en situación irregular, la mayoría provenientes del continente americano.

 

El crecimiento económico en Canarias en los últimos 70 años, vino de la mano de la industria turística que inició su desarrollo en los años 50 del siglo pasado, impulsada por el régimen franquista que veía en el turismo una fuente de divisas y la oportunidad de abrirse, al menos en apariencia, al resto del mundo. El turismo paulatinamente fue desplazando al sector agrícola hasta convertirse en el monocultivo que es ahora, y aunque desde el principio hubo capital extranjero, la oligarquía instalada en el territorio se reconvirtió al poseer la mayoría de la tierra de las zonas costeras, con lo que ahora tiene una parte del pastel.

El sistema económico con raíces coloniales predominante en las islas se aplicó también al modelo turístico que goza de excelentes condiciones fiscales, mano de obra barata y apoyo institucional para la construcción de infraestructuras para uso turístico, para facilitar la explotación del territorio y en forma de ayudas directas. La mayor parte del beneficio de la industria turística termina fuera de las Islas, dejando solo un pequeño porcentaje de los beneficios generados en Canarias y, además, repartidos en muy pocas manos.

Para la mayoría de la población canaria el turismo supone un trabajo mal pagado y precario con el que subsistir, la posibilidad de trabajar en el sector servicios que, junto a la construcción, es el que acapara la mayor parte del empleo. Las distintas crisis y sus consiguientes procesos acumulativos han dejado la industria turística en manos de los grandes grupos hoteleros multinacionales y turoperadores extranjeros, ambos participados fuertemente por fondos financieros, con lo que el proceso de acumulación se ha intensificado afectando directamente al aumento de la desigualdad social, la precarización laboral y el impacto sobre el territorio.

Así, la sociedad canaria es una de las más empobrecidas del actual Estado Español. Según el último informe de Cáritas, unas 400 mil personas (casi una de cada cinco) viven en situación de pobreza extrema y son cerca de un millón las que están en riesgo de exclusión, aproximadamente la mitad de la población. El impacto de la pandemia en el turismo ha provocado un parón de la economía, el aumento de la desigualdad y la constatación de que, ni los planes de rescate, ni la atención social son capaces de mejorar la situación de decenas de miles de hogares que viven en la miseria.

La pandemia también puso al descubierto la precarización de la población migrante en las Islas, en gran medida empleada en los puestos de trabajo peor pagados de la hostelería, el trabajo de cuidados y la llamada economía informal. Durante el confinamiento se reactivaron las redes de apoyo formadas por personas migrantes, visibilizando los problemas estructurales que sufren, creando redes solidarias y participando en distintos espacios reivindicativos y de apoyo mutuo de las islas.

Cabría reflexionar el porqué del foco amarillista mediático que se puso sobre las personas que estaban consiguiendo llegar a nuestras costas, pero sin nombrar la parte de la economía de las islas, formal e informal, que se soporta sobre el trabajo de la población migrante que vive en Canarias. Alguna de ellas llegada en su día en cayuco o patera, pero la mayoría en avión. De eso no interesa hablar, porque es el batallón de reserva del capitalismo furtivo.

Canarias es una Colonia ocupada política y militarmente por España y la Unión Europea, y como tal es usada en su beneficio económico, social, militar y de frontera de sus intereses a modo de cárcel archipielágica, sin importar qué suceda ni para la población canaria, ni mucho menos con los miles de personas que alcanzan nuestras costas en busca de una vida digna.

1.2.4 – Racismo y sociedad en Canarias.

La sociedad canaria es mestizaje y diversidad, su situación geográfica, su pasado indígena precolonial que recientes investigaciones sobre el ADN han determinado que sigue presente en una parte importante de la población local, la relación de siglos con la población del continente africano y algo más reciente con Abya Yala, el aumento de la población europea con el auge del turismo y la entrada en la UE, la influencia multicultural del turismo… Todos estos elementos pareciera que tuvieran que moldear personas con mente abierta hacia otras razas y culturas, pero no podemos negar que tal como el machismo y el capitalismo atraviesan nuestras vidas y nuestras relaciones sociales, el racismo es otro elemento fundamental en el constructo capitalista que nos viene impuesto con la educación, los medios de comunicación o la cultura.

El contexto socioeconómico vivido durante la pandemia en las islas, con el parón del turismo y el consiguiente desplome de la economía, ha intensificado los problemas estructurales que ya padecía Canarias, uno de los territorios más empobrecidos y con mayor desigualdad del estado español. Es de destacar que los municipios donde se ha sufrido un mayor impacto económico a raíz de la pandemia han sido los turísticos, especialmente en Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria y de Tenerife. Los mismos municipios donde se alojaron a miles de migrantes en hoteles que estaban vacíos por causa de la crisis sanitaria.

Con el incremento en la llegada de migrantes a nuestras costas en septiembre de 2020, el discurso racista y xenófobo de algunos partidos políticos saltó a los medios de comunicación. A los consabidos bulos de la ultraderecha, se sumaron las críticas de algunos políticos locales que aprovecharon para culpar a los gobiernos centrales y autonómicos por la gestión de la crisis migratoria. Partidos como VOX e Identitarios, este último desconocido en Canarias hasta el momento, han convocado durante la crisis humanitaria concentraciones y manifestaciones de un marcado signo racista y xenófobo. Varios políticos de VOX han venido a visitar los campamentos, a reunirse con empresarios hoteleros y para hacer publireportajes para sus seguidores. Pero también en algunos municipios como Mogán en Gran Canaria o Antigua en Fuerteventura han sido un conglomerado de empresarios, corporaciones municipales y alguna asociación de vecinos los que han protagonizado movilizaciones xenófobas, culpando a las personas migrantes de la ausencia de turistas o del aumento de la criminalidad (por cierto, desmentido por el propio Ministerio del Interior y la Fiscalía).

La utilización de las redes sociales para difundir bulos sobre los migrantes que, o bien, les criminalizaban, o bien, les otorgaban un trato privilegiado por parte de las administraciones, han calado en un sector de la sociedad. Muy importante, también, la labor negativa de los medios de comunicación locales en la criminalización y estigmatización de las personas migrantes, en algunos casos convirtiéndose en portavoz policial, multiplicando en los medios las muestras de rechazo de una pequeña parte de la población local a la migración, dando cabida en tertulias y contenidos a comentarios racistas y xenófobos, poniendo en portada las declaraciones de tal o cual político hablando de “invasión”, “barcos nodriza”, “narcopateras”…

Por si fuera poco, las imágenes del muelle de Arguineguín con cientos de personas hacinadas, la constatación de que el propio Estado trataba a las personas migrantes como ganado, que la UE tampoco las quería, la inacción de las instituciones locales incapaces de hacer otra cosa que culpar al estado de la situación… el racismo institucional en estado puro. Es fácil pensar que si el propio estado y sus instituciones son capaces de maltratar así a un ser humano será porque es desechable, entonces ¿por qué la gente no puede pisotearle si entiende que ve peligrar sus privilegios?

Como resultado de este clima, el movimiento antifascista y antiracista se empezó a movilizar en distintas islas haciendo contramanifestaciones y sacando comunicados, incluso llegando a denunciar en la fiscalía a Identitarios por el contenido racista y xenófobo de su convocatoria. Pero poco a poco la realidad que vivían las personas migrantes, y que era difícil no ver, se fue imponiendo y el problema humanitario acabó centrando los esfuerzos, tanto de gran parte de la activismo en las islas, como de muchos vecinos y vecinas que empezaron a relacionarse con esos chicos que deambulaban por las calles con la mirada perdida y que necesitaban ayuda para conseguir calzado o ropa de abrigo, que pasaban hambre con la escasa alimentación que recibían en el recurso de acogida, que no sabían nada de sus papeles, que no entendían porqué no podían viajar.

En unos pocos meses se logró cambiar el relato en los medios de comunicación, gracias a las acciones y comunicados de las redes de apoyo y a los actos espontáneos de solidaridad de las vecinas, cambió la mirada de los medios que empezaron a retransmitir en directo la solidaridad, que cuando había una actuación policial en el campamento la grababan desde la reja junto a las militantes que gritaban que cesase la violencia policial, oyeron de primera mano testimonios de las migrantes, hicieron reportajes de grupos de mujeres que se organizaban para dar de comer a decenas de migrantes, de la escuela por fuera del campamento de Las Raíces, llaman a las militantes que han conocido estos meses cuando oyen un rumor para confirmarlo, acuden a las convocatorias.

El hecho de que se haya logrado cambiar, al menos en parte, el relato de los medios, que las propias migrantes hayan tenido la posibilidad de expresarse y comunicarse con muchas vecinas que ahora cambiaron su opinión, que se haya generado una red amplia de apoyo que, a su vez, se vio fortalecida con las redes de personas migrantes, que algunas instituciones locales hayan tomado una mayor consciencia del problema, son buenos síntomas. Sin embargo el racismo sigue ahí, visible en algunos discursos, pero también agazapado en algún rincón de nuestra mente y el equilibrio es frágil, existe la sensación que cualquier hecho que pueda presentarse como un trauma colectivo, pueda desencadenar un brote de racismo.

La pregunta es: si preguntáramos a cualquier migrante que haya llegado a las islas en cayuco si somos racistas ¿qué contestaría?

1.3 – Evolución reciente de la situación en el archipiélago.

1.3.1 – Contexto que lleva al Plan Canarias

Meses antes que recorrieran todo el mundo las imágenes del Muelle de Arguineguín, o el ‘muelle de la vergüenza’ como se le llamó en los medios, desde finales de 2019, Canarias ya se había convertido en una cárcel para miles de personas ‘secuestradas’ por las políticas migratorias de la UE, sin posibilidad de continuar con su tránsito hacia el continente europeo, cerrado por la pandemia. Sin embargo, miles de personas siguieron escogiendo la denominada Ruta Canaria por los motivos que se cuentan en este trabajo y el flujo de personas migrantes llegadas en cayucos, pateras y balsas de goma no se ha detenido desde entonces.

La Ruta Canaria es la más peligrosa del mundo en este momento según Caminando Fronteras y las terribles estadísticas que llegan constantemente. Se cuentan por cientos las personas desaparecidas desde que se reactivara esta ruta, embarcaciones cargadas de muchachos jóvenes, menores, mujeres solas o con hijes, familias… que en la mayoría de casos recorren cientos de kilómetros por mar desde el Sahara Occidental, Mauritania, Senegal o Gambia en embarcaciones que no están preparadas para ese viaje. Miles de sueños ahogados en el mar, personas invisibles para las instituciones y gobiernos que con sus políticas migratorias provocan estas muertes, por eso preferimos referirnos a estas muertes como asesinatos. Son vidas que se pierden de forma inútil y que sólo importan a las miles de familias que seguirán buscando hasta que no obtengan una respuesta.

Ante en el incremento de las llegadas de embarcaciones a las costas de Canarias, la respuesta del gobierno español, siguiendo las directrices de la UE, ha sido relegar las islas a un papel de frontera y base para la deportación, alejadas de la metrópoli, frente a las costas africanas y en un lugar estratégicamente cercano a los países de origen de esta ruta migratoria. Se trata del Plan Canarias que consiste en crear 7.000 plazas de acogida temporal a la espera de la deportación, en 7 campamentos, la mayoría situados en terrenos militares apartados, algunos con capacidad hasta 2.400 personas, todos bajo la responsabilidad del Ministerio de Inclusión y gestionados por distintas ONG.

En estos campamentos, que en los primeros 4 meses de 2021 han llegado a estar prácticamente al tope de su capacidad, las condiciones de vida son indignas, las carencias en materia de asistencia legal y traducción gravísimas, se ha denunciado deficiente atención sanitaria y psicológica, ilegalidades como la existencia de menores en campamentos para adultos, trato racista, acoso y uso de la violencia por parte de las empresas encargadas de la seguridad de los campamentos y de la policía.

Con todo, han sido, y siguen siendo, numerosas las muestras de resistencia por parte de las migrantes, con movilizaciones espontáneas, actos de desobediencia, salida de los recursos de acogida, acampadas de protesta… también las muestras de solidaridad por parte de la población local, la organización de redes de apoyo y en defensa de los derechos humanos. Pero estamos ante una violencia institucional insostenible, un ataque racista a los derechos de las personas migrantes intolerable para un gobierno formado por PSOE y UP y que se considera el más progresista de la historia, con los medios silenciando lo que aquí sucede, criminalizando a las víctimas y, ahora también, a la solidaridad y los grupos de apoyo a las personas migrantes que se han creado en casi todas las islas.

1.3.1.1 – La Ruta Canaria

El año pasado se consolidó una tendencia a la baja en la presión migratoria en la Unión Europea, fundamentalmente debido al impacto de la pandemia de la covid19. Según pone de manifiesto CEAR en su reciente informe sobre la situación en Canarias, en 2020 se detectaron de manera oficial y , por tanto, contadas como entradas regulares en las fronteras exteriores de la UE 124.000 personas, un 13% menos que el año anterior debido al descenso de llegadas en la ruta por Turquía (con un 76% de bajada) y en la ruta del Mediterráneo hacia el estado español del 28% y a causa también del aumento de las rutas italianas con un aumento de llegadas del 154% y de la ruta Canaria con una subida del 756%.

La Ruta Canaria fue evolucionando a lo largo del año. A grandes rasgos, las cifras de personas llegadas a Canarias durante el 2020 están lejos de las registradas en el 2006 durante la llamada “crisis de los cayucos”, donde arribaron a las islas 31.863 personas; a pesar de eso, Canarias se ha convertido en la principal puerta de entrada de personas en situación irregular al estado español alcanzando la cifra de unas 23.000 personas en un total de 745 embarcaciones durante el 2020, en una escalada acelerada durante la segunda mitad de año, según documenta el último informe de Irídia.

En 2021 el ritmo de llegadas ha aumentado respecto al mismo período del año anterior. Según el Ministerio del Interior, del 1 de enero hasta el 31 de mayo llegaron 5.386 personas frente a las 2.474 llegadas de 2020, un 117% mas. Teniendo en cuenta que la situación en los países de origen no ha variado, en todo caso ha empeorado, es muy probable que cuando el estado de la mar mejore, a finales de verano, se incrementen considerablemente las llegadas por mar.

1.3.1.2 – Llegadas, nacionalidades y colectivos vulnerables.

Por otro lado, la pandemia de la covid19 ha sido un factor diferenciador en cuanto a los perfiles de las personas migrantes. Así como en la primera mitad de 2020 la mayoría de personas que llegaban a las islas huían del conflicto armado en Mali, conforme avanzaba el año se iban sumando personas de Marruecos o Senegal, empujadas fundamentalmente por los impactos negativos de la pandemia en las economías de sus respectivos países. Toda esta cartografía de lo que nos habla es de flujos mixtos como característica principal de la migración en Canarias a día de hoy.

Según el último informe de Irídia sobre la situación de los DDHH en la frontera sur citando a ‘The Operation Data Portal (ODT)’ de ACNUR, las principales nacionalidades de las personas migrantes llegadas a territorio español a lo largo de ese mismo año, sería en primer lugar la argelina (a pesar que no utilizaron por lo general la Ruta Canaria), la marroquí, la maliense, la guineana y la senegalesa. Específicamente para el caso de Canarias la situación no cambia demasiado: marroquí, maliense, guineana, marfileña y senegalesa fueron las procedencias más relevantes. En ese sentido, el informe destaca que muchas veces resulta dificultoso descifrar las nacionalidades de las personas ya que muchas llegan sin documentación o no la comparten con las autoridades por razones diversas; así, la Administración acababa sistematizando la información a partir de categorías como “nacionales de África Subsahariana” o “nacionales del Magreb”. Por otro lado, la Agencia también recoge que casi el 80% de las personas llegadas fueron hombres y el 20% mujeres y menores, ambos colectivos vulnerabilizados e invisibilizados y que cada vez ocupan más espacio. Por su parte, datos extraídos del Ministerio del Interior sitúan a Marruecos como la principal nacionalidad (con casi 12.000 personas), seguida de Senegal (con 4.539), Mali (4.126), Costa de Marfil (772), Guinea Conakry (687) y Gambia (571).

En cuanto a los colectivos más vulnerables, CEAR también destaca en su informe el aumento significativo de menores de edad en las llegadas a las islas que dobla el de los llegados en la ‘crisis de los cayucos’ del 2006. Datos del Ministerio también revelan el importante aumento en el número de llegadas de menores no acompañados y lo establecen en 2.845 en el periodo comprendido entre enero de 2020 y finales de abril de 2021, suponiendo casi el 90% de entradas de menores no acompañados en el estado español

Por su parte, según la Dirección General de la Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias, a finales de mayo de 2021, tienen acogidos bajo su tutela a 2.621 menores inmigrantes no acompañados (2.094 en centros de la comunidad autónoma y 527 en recursos de los cabildos).

Según las estadísticas disponibles el número de mujeres y menores acompañados llegados a las islas, supondría una cifra similar a la de menores no acompañados, es decir unas 3.000 personas.

Desde las redes de apoyo se han detectado casos aislados de personas perseguidas por su condición sexual, así como la llegada de, al menos, un grupo de esclavos negros mauritanos, Hartani.

1.3.1.3 – Distancias y condiciones de la travesía.

Según recoge el informe de Irídia mencionado, actualmente la Ruta Canaria es una de las rutas más peligrosas y con uno de los índices de mortalidad más altos, aunque el colectivo Caminando Fronteras, en 2021, la considere ya la ruta migratoria más mortal del planeta. Las distancias y los días de travesía son distintos en función del punto de partida de las embarcaciones, que mayoritariamente zarpan de las costas del Sahara Occidental, Mauritania, Senegal y Gambia. Así, se calcula que desde las principales playas senegalesas hasta las islas Canarias el viaje puede durar entre 8 y 11 días, desde el norte de Mauritania entre 6 y 8 días y desde las poblaciones de la costa saharaui unos 4 o 5 días. Desde Marruecos, punto más cercano al archipiélago, el recorrido se calcula en aproximadamente 48 horas desde enclaves como Tarfaya, Tan-Tan o la Plage Blanche en el sur del país.

Además del cierre de la ruta del Estrecho debido al aumento de la vigilancia, muchas personas optan por la ruta canaria por tratarse de una ruta menos cara y menos vigilada, estando situados los puntos de salida de las embarcaciones cada vez más al sur de la costa africana. Debido a las largas distancias, el navegar a mar abierto y la cantidad de días en alta mar, la probabilidad de tener problemas durante el viaje aumentan. Por otro lado, la capacidad de las embarcaciones también difiere dependiendo del punto de salida. Las pateras que salen de territorio marroquí y saharaui pueden albergar entre 20 y 45 personas, mientras que los cayucos que zarpan desde Mauritania pueden llegar a la capacidad de hasta 100 personas, siendo superior los de Senegal que pueden transportar hasta 220 personas a bordo.

El estado de la mar, la falta de agua o comida durante el viaje, así como los errores de cálculo en los tiempos del recorrido o las averías de las embarcaciones, son algunos de los riesgos a los que se enfrentan las personas en el camino. Muchas pateras no están preparadas para travesías tan largas y a menudo no disponen de suficiente gasolina para enfrentar tantos días en alta mar, lo que añadido a la ineficacia y falta de coordinación en los rescates ha provocado numerosos naufragios.

Muertes y desapariciones en la Ruta Canaria, el lado más oscuro de las políticas migratorias europeas.

La falta de rutas migratorias seguras entre África y Europa provocan cientos de muertes en el mar entre el continente africano y las Islas Canarias. A pesar de que diversas organizaciones como Caminando Fronteras o OIM hacen el seguimiento de las embarcaciones que salen de las costas africanas cargadas con personas migrantes, es difícil calcular el número de ellas que han perdido la vida en el intento. APDHA calcula que 1.717 personas murieron o desaparecieron en la Ruta Canaria en 2020, y dice que sólo 637 cadáveres fueron recuperados. OIM, dentro del programa ‘Missing Migrants’ de la ONU, calcula 850 muertes en 2020, frente a las 210 del año anterior.

Por su parte, el Colectivo Caminando Fronteras contabilizó 1.851 muertes en 2020 y calculan que un 30% de las personas que lo intentan no llegan nunca. No sólo eso, decía Helena Maleno de este colectivo en junio de 2021, que la Ruta Canaria se ha convertido ya en la ruta migratoria más mortal de la tierra y que sólo en dos semanas habían desparecido 481 personas. Viajaban en cuatro pateras procedentes de Dakhla, cinco neumáticas que salieron de la zona de Laayoune y un cayuco originario de Senegal. En noviembre de 2020, se organizó una jornada de luto en Senegal por la desaparición o muerte en el mar de 480 personas, originarias de ese país, en unas pocas semanas.

La dimensión de esta catástrofe humanitaria afecta a miles de familias que sufren por la falta de noticias, que buscan desesperadamente información, que viven angustiadas por la incerteza sobre el destino de sus familiares desaparecidos. Por otro lado los cadáveres que se recuperan son enterrados en fosas comunes y tumbas anónimas. Aunque desde las asociaciones africanas y las redes de apoyo se procura hacer el acompañamiento en este último viaje, no hay medios para identificar todos los cadáveres, para repatriarlos, no hay recursos oficiales que se dediquen a hacer un seguimiento de estas cientos de desapariciones, de contactar con los consulados, con las familias. A las instituciones, estos cuerpos y estas familias no les interesan, una muestra mas de racismo institucional.

A falta de corredores seguros, más medios son necesarios para evitar estas muertes en el mar, el carísimo sistema de radar SIVE del FRONTEX parece que no es efectivo en muchas ocasiones y el SEMAR (el Servicio Marítimo de la Guardia Civil) y FRONTEX realizan muy pocas operaciones de salvamento, es SASEMAR, una empresa pública y civil encargada de la seguridad marítima en aguas españolas, la única en el mundo, la que realiza miles de operaciones en el mar todos los años y que en los medios de prensa locales de las islas suele ser noticia a menudo por sus rescates en alta mar de pateras a la deriva.

Hace mucho tiempo que la plantilla de SASEMAR denuncia que el gobierno español está abandonando a su suerte a esta empresa pública de salvamento, sin nuevas contrataciones de personal desde 2012, sin inversión ninguna, pero con unos resultados excelentes gracias a la labor de sus profesionales que, en realidad, eclipsan la labor de salvamento del SEMAR y de FRONTEX, aún contando estos con unos medios y una inversión infinitamente superiores. SASEMAR realiza el 95% de los rescates en el mar, a pesar de que sean las patrulleras de la Guardia Civil las que suelan aparecer en las noticias de los medios estatales.

La opción de blindar y militarizar las fronteras, de pagar a terceros para que repriman la migración en origen, de cazar durante el viaje a las personas que migran para devolverlas y, para que una vez llegan, acogerlas en unas condiciones que incumplen con los derechos humanos es la apuesta del gobierno del PSOE y UP. Dice Helena Maleno: El océano se ha convertido en el espacio idóneo para las negociaciones y chantajes de las políticas de externalización europeas. Es el crimen perfecto de la necropolítica de control de fronteras. Muertes que no dejan rastro, permitiendo así que ni España, ni Europa ni Marruecos sufran de un cuestionamiento internacional. Las pérdidas de estas vidas solo constarán en la memoria de cientos de familias que las están buscando y que lo seguirán haciendo de forma desesperada.

1.3.2 – Situación actual en las islas

Es difícil hacer una foto fija de la situación migratoria en Canarias, son muchos los elementos que influyen en los flujos migratorios de entrada y salida de las islas. Las personas migrantes que han sufrido un peor trato, y objeto de este apartado, han sido las llegadas por mar, unas 30 mil desde enero de 2020 a junio de 2021. El número de personas en plazas de acogida ha sido muy variable y calculamos que en el momento álgido de finales de 2020 y principios de 2021 habría unas 10 o 12 mil personas alojadas en hoteles, apartamentos, campamentos provisionales, CATE, CIE y otros recursos de acogida, incluyendo los 2600 plazas de acogida para menores del Gobierno de Canarias.

1.3.2.1 – El ‘Muelle de la Vergüenza’, los CATES improvisados y los ‘hoteles de acogida’, la primera respuesta del Gobierno Español.

El Puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, es y ha sido el principal puerto de operaciones de Salvamento Marítimo en las islas para la asistencia de pateras detectadas al sur de las mismas. También el Puerto de Los Cristianos, en Tenerife, recibe a la mayoría de las embarcaciones intervenidas en su área de operaciones.

Arguineguín fue la mas mediática también debido a las terribles imágenes que recorrieron el mundo y que llevaron a denominar ese lugar como ‘el Muelle de la Vergüenza’, allí Cruz Roja montó carpas temporales para las primeras atenciones cada vez que Salvamento Marítimo realizaba algún rescate. Sin embargo, a partir del mes de agosto del 2020, con la mayor parte de las rutas terrestres y aéreas cerradas y probablemente por algunas de las causas analizadas anteriormente, se incrementaron las llegadas a las islas y las tiendas provisionales llegaron a albergar a 2.400 personas hacinadas, con falta de agua, una alimentación insuficiente e inadecuada, con sólo 14 baños químicos y algunas duchas, según relata el propio Defensor del Pueblo.

Durante el pico de llegadas se pudieron constatar numerosos incumplimientos de los derechos humanos que afectaron a las personas migrantes que llegaban por mar. Sistemáticamente se superaron las 72 horas de detención, la inmensa mayoría de las personas que llegaban no tuvieron entrevista individual con su abogado, ni contaron con la presencia de traductores que facilitasen la comprensión de su situación legal, no tuvieron posibilidad de pedir asilo porque no fueron informados de ello, a muchos menores se les trató como mayores de edad, algunas familias fueron separadas a la fuerza, muchas personas no recibieron la atención médica necesaria tras tan dura travesía lo que les ha dejado secuelas, ninguna recibió atención psicológica a su llegada, fueron mal alimentadas, pasaron frío, fueron despojadas de la mayoría de sus escasas pertenencias, tratadas con violencia por la policía… Todo ello agravado por la pandemia, que resultó una coartada perfecta para retener innecesariamente a todas esas personas en condiciones denigrantes que solo se pueden explicar por el racismo institucional.

Ante el desbordamiento de esta situación y las reiteradas denuncias de organizaciones de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo tras su primera visita al muelle de Arguineguín, se abre a mediados de noviembre el CATE de Barranco Seco que debiera servir para las 72 horas de detención máxima a la que pueden ser sometidas las personas que llegan para su identificación y filiación policial. Sin embargo, como ya pasaba en el muelle y denuncia el mismo Defensor del Pueblo, en muchas ocasiones se sobrepasan las 72h y se llega a mantener el encierro durante semanas con el pretexto de mantener medidas para controlar la expansión de la COVID-19.

Otro hecho que dio que hablar fue que con el incremento en el número de llegadas y el cierre de las islas por causa de la crisis sanitaria, el sistema de acogida del Ministerio de Inclusión colapsó, por lo que se debieron improvisar soluciones como la utilización de polideportivos, escuelas abandonadas y la contratación de hasta 5.500 plazas en hoteles que en aquellos momentos se encontraban cerrados por la pandemia, plazas que eran gestionadas por diversas ONG, la mayoría de ellas por Cruz Roja Española (CRE). Muchos de los hoteles se encontraban en la misma zona de Arguineguín, aunque también en Puerto Rico o Maspalomas en Gran Canaria o en Adeje, el Puerto de la Cruz o en Santa Cruz de Tenerife en Tenerife.

Esa estancia en los hoteles no difirió demasiado de los campamentos, exceptuando el hecho de que las instalaciones en las que estaban alojadas las personas migrantes reunían unas buenas condiciones de habitabilidad, las carencias en cuanto a asistencia legal y médica, falta de traducción e información, falta de ropa y otras fueron habituales. A esto se tendría que añadir la presión de algunos ayuntamientos, como el de Mogán en Gran Canaria, la oposición vecinal que acompañó y el ataque desde algunos medios de comunicación locales que con un mensaje netamente racista, se oponían a la estancia de las migrantes en los hoteles.

1.3.2.2 – Represión y maltrato institucional contra las personas migrantes.

Una de las cuestiones denunciadas por el informe del Defensor del Pueblo en el muelle de Arguineguín fue la constatación de maltratato policial a las migrantes recién llegadas al ‘muelle de la vergüenza’, algo que también denunciaron periodistas apostados en los exteriores del campamento. También desde Canarias Libre de CIE se recogieron las quejas de los internos de los CIE tras su reapertura en septiembre, incrementándose las quejas por el maltrato policial, los comentarios racistas, etc. Una de las claves es que los centros de detención a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado son totalmente opacos, lo que se agravó con la pandemia y el cierre total de estos centros que no permitieron la entrada de organizaciones humanitarias durante gran parte del estado de alarma, esta opacidad es una de las causas de la impunidad de las actuaciones policiales.

En los recursos de acogida, la seguridad ha corrido a cargo de distintas empresas privadas de seguridad. Se ha podido comprobar que ante situaciones de conflicto, la respuesta ha sido represiva, con abusos de autoridad, retenciones, expulsiones y denuncias a la policía. La mediación es algo prácticamente inexistente y no cuenta con las herramientas apropiadas. La lengua y el desconocimiento sobre las culturas, creencias y costumbres de las migrantes ha supuesto una barrera insalvable en la mayoría de casos. También han llegado denuncias de trato vejatorio y racista por parte de estas empresas y de algunas personas que trabajan en las ONG que gestionan la acogida, esto se ha podido constatar especialmente en aquellos recursos donde las redes de apoyo han tenido una presencia mas constante.

Por otro lado, la larga estancia sin poder continuar el viaje, la ausencia de respuestas a los internos por parte de las ONG encargadas de la acogida, la falta de herramientas eficaces para la mediación, y el enfoque disciplinario y criminalizador contribuyen a que pequeños conflictos se resuelvan con soluciones que tienen consecuencias graves para las personas migrantes alojadas en los recursos de acogida. Así, en estos centros suelen ocurrir actuaciones policiales a requerimiento de las empresas de seguridad consistentes en cargas y detenciones, en ocasiones de forma indiscriminada.

La Asamblea de Apoyo de Tenerife tiene constancia de que las denuncias de la ONG ACCEM, que gestiona el centro de Las Raíces, y de la empresa de seguridad SegurMáxim han provocado que, al menos, 20 personas se encuentren en la cárcel por presuntos desórdenes y/o agresiones en el campamento. Por lo que saben, sólo dos chicos tienen asistencia letrada externa proporcionada desde la acción solidaria de algunas personas, el resto sólo cuentan con la defensa de oficio y todas ellas siguen encerradas sin apenas apoyo exterior, por lo que sus situación es de grave indefensión y vulnerabilidad. Es de destacar la nula colaboración de los servicios jurídicos de ACCEM con las abogadas defensoras para aportar la documentación necesaria para la defensa de los acusados.

La policía también ha tenido labores de vigilancia y control en las cercanías y localidades donde estaban alojadas las personas migrantes. Han sido numerosas las denuncias que han llegado a las redes de apoyo sobre identificaciones por perfil racial, con detenciones en comisaría arbitrarias, algunas personas trasladadas al CIE, incluso ingresos en prisión. También se han dado casos de retención de la documentación, tanto por parte de la policía como de las ONG del sistema de acogida.

En puertos y aeropuertos la labor de la policía también ha sido causa de polémica, mientras ha durado el estado de alarma, con la excusa de la COVID19, se ha impedido el derecho a viajar a numerosas personas que cumplían con los requisitos con motivos totalmente arbitrarios que, además, cambiaban a diario, en función del aeropuerto, del lugar de destino, de la compañía con la que viajaban, también, en algunos casos, se ha identificado a las personas que acompañaban a las migrantes, llegándolas a amenazar con su detención. Todas estas actuaciones para impedir el derecho a viajar, seguramente han seguido directrices del propio Ministerio de Interior que ha ido regulando el flujo en una operación de desgaste psicológico y excepcionalidad jurídica, que llegó a ser censurada por un juzgado (el Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria) que ordenó a la policía ‘el cese cautelar de la vía de hecho consistente en impedir el traslado a la península del demandante cuando este acredite su identidad con pasaporte o documento que pruebe que ha formulado o presentado solicitud de protección internacional’.

El estado español, frente al incremento en la llegada de migrantes, optó por la opción securitaria, trasladando a Canarias policías antidusturbios y de extranjería como refuerzo, también FRONTEX desplazó agentes para colaborar en la identificación de las personas llegadas. Enfocó como un tema de seguridad lo que era una crisis humanitaria y, con ello, provocó una mayor inseguridad a las personas mas vulnerables, las migrantes.            

Los CIE en Canarias.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), se crean a raíz de los acuerdos Shengen de 1985, y concretamente en el estado español con la entrada en vigor de la Ley de Extranjería en 1985, aunque no será hasta 2014 que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE.

Canarias es el territorio del estado español que mas CIE ha tenido y tiene. Actualmente hay dos CIE en funcionamiento, el de Barranco Seco en Gran Canaria abierto en 1998 con una capacidad de 168 personas y el de Hoya Fría en Tenerife que está abierto desde 2003 y tiene capacidad para 238 personas. Hay un tercer CIE en Fuerteventura que se abrió en 2001 y que fue cerrado en 2012 debido a que no reunía con las condiciones mínimas, con capacidad para más de 1000 personas y que a finales de 2019 se anunció su reacondicionamiento y reapertura por parte del ministro Marlaska. Todos los CIE se encuentran en terrenos del ejército.

Debido a la crisis sanitaria por la pandemia, los CIE fueron cerrados en el mes de abril de 2020, aunque se reabrieron en septiembre de 2020. En el momento de escribir estas líneas (julio 2021) los dos CIE abiertos en Canarias se han vaciado ante la imposibilidad de poder deportar a ninguna persona migrante.

A lo largo del tiempo de funcionamiento de los CIE en Canarias se han denunciado numerosos incumplimientos en cuanto al respeto de los derechos de las personas internas, deficiencias en materia sanitaria, de salubridad o alimentación, falta de adecuación de las instalaciones para la estancia de mujeres, mal estado de los edificios, falta de ropa, malos tratos por parte de la policía, etc.

Entre las vulneraciones de los derechos de las personas internadas, destacamos:

• Presencia de menores de edad en los CIE.
• Separación forzosa de familias.
• Falta de protección y atención a mujeres víctimas de violencia machista.
• Falta de información, defensa legal efectiva y traducción.
• Utilización de espacios, como el CATE de Adeje, en Tenerife, como CIE.

Muchas de estas denuncias se han reflejado en los sucesivos informes del Defensor del Pueblo y han provocado el cierre del CIE de Matorral en 2012 por las lamentables condiciones del centro y de Barranco Seco en 2018, aunque este último reabrió a finales de 2019 tras las oportunas reformas. El CIE del Matorral fue noticia porque tras su cierre siguió generando gastos de catering, limpieza y otros por valor de 4’1 millones de euros entre 2013 y 2016, algo que todavía no ha sido aclarado por el ministerio de forma satisfactoria.

La Plataforma Canarias Libre de CIE nació en 2016. Desde su creación han organizado jornadas, campañas y acciones para dar a conocer la problemática en los centros de internamiento. También han lanzado comunicados, notas de prensa y han puesto denuncias en diversas instancias sobre la situación de las personas internas.

1.3.2.3 – El Plan Canarias.

El 20 de noviembre se presenta el Plan Canarias que prevé la implementación de campos y centros de atención humanitaria, dejando atrás el alojamiento provisional en hoteles. El plan consiste en la creación de campamentos y recursos de emergencia con 7.000 plazas de alojamiento que, a lo largo de 2021, pretenden transformarse en recursos estables de acogida temporales, con espacio para 6.450 personas.

En una primera fase, según el plan presentado por el ministro de Migraciones e Inclusión, se crearon 3.250 plazas en recursos de urgencia en Tenerife, 1.950 en Gran Canaria y 700 en Fuerteventura, además de 1.100 plazas que ya eran del ministerio en uso en las islas. El importe de esta operación fue de 43 millones de euros, financiados a través de fondos EMAS.

Los recursos estables suman un total de 6.450 plazas, de las cuales 2.600 en Tenerife, 2.050 en Gran Canaria y 700 en Fuerteventura, además de las 1.100 plazas del ministerio. Estas se calculan por un importe de 41 millones de euros de los fondos de recuperación de la UE.

Es de destacar que la mayoría de los emplazamientos elegidos por el Ministerio de Inclusión han sido cedidos por el Ministerio de Defensa, forman parte de antiguos acuartelamientos abandonados y muy deteriorados, encontrándose en su mayoría en lugares aislados y cercanos a instalaciones militares en funcionamiento. En el caso de los campamentos de Barranco Seco y Las Raíces, su diseño ha provocado la inundación de las instalaciones con motivo de temporales de lluvia y viento en varias ocasiones.

En febrero de 2021 se inicia el traslado de personas migrantes, todos hombres, desde los hoteles al Campamento de Las Raíces en Tenerife, uno de los emplazamientos de emergencia construidos por el Plan Canarias y con capacidad para 1450 personas que llegó a estar prácticamente lleno. El campamento, gestionado por la ONG ACCEM, sin experiencia en este tipo de instalaciones, ha sido un auténtico caos organizativo, totalmente desbordada, con problemas graves de alimentación, sin personal médico suficiente, con carencias graves de asistencia legal y traducción, sin agua caliente, con duchas escasas, con violencia por parte de la empresa encargada de la seguridad y de la policía, sin nada que hacer en todo el día a excepción de las colas para comer, ducharse, poder hablar con una abogada o abogado o intentar, muchas veces sin éxito, recibir atención médica.

Fue un verdadero shock para esas cientos de personas que eran tratados como ganado, después de meses de estancia en hoteles a la espera de poder continuar el viaje. La desesperación, la ansiedad, el miedo, eran emociones habituales en el campamento. Desde el principio, un grupo salió fuera del campamento y se instaló en el exterior, al principio durmiendo en el suelo, pero rápidamente con el apoyo de activistas y vecinas se construyó un campamento improvisado que llegó a albergar a unas 50 personas. A través de las redes, las informaciones sobre la realidad para las migrantes del Plan Canarias, provocó otros plantes de personas que se negaron a ser trasladadas a los campamentos y se quedaron en situación de calle, también hubieron acampadas improvisadas en algunos hoteles, en el Campamento de El Matorral en Fuerteventura y en Canarias 50 en Gran Canaria.

1.3.2.4 – Las redes solidarias.

Ese campamento organizado en el exterior de Las Raíces, muestra de desobediencia de unas personas que se negaban a ser tratadas de esa forma indigna y lo único que deseaban era continuar el viaje, fue el origen de la Asamblea de Apoyo a las Migrantes de Tenerife, que se organizó entorno al campamento en grupos que se encargaban de recoger ropa, de la alimentación, de asesoramiento legal, acompañamiento, acogida de emergencia, con personas que traducían, personal sanitario, un grupo de comunicación, la escuelita…

Este tipo de respuesta se ha dado en todas las islas desde finales de 2020, especialmente en las que la presencia de las personas migrantes se ha hecho más patente. Han surgido iniciativas nuevas como Somos Red en Gran Canaria, La Palma sin Racismo, la Red Ciudadana en Solidaridad con las Migrantes de Lanzarote, la Asamblea de Apoyo en Fuerteventura, Aquí Estamos de Tenerife, iniciativas que se han unido a otras que ya estaban funcionando como Canarias Libre de CIE, la Red en Defensa de los derechos de las personas migrantes, Acción Directa No Violenta, Entre Mares, la Asamblea Popular de Fuerteventura o Sahara Fuerte. En muchas de estos colectivos militan personas migrantes y también se ha incrementado la colaboración con las redes de personas migrantes y racializadas de las islas, muchas de ellas fortalecidas durante el confinamiento.

Desde enero de 2021 funciona una Red Interinsular que engloba a la mayoría de estos colectivos y organizaciones y además de la FAAC (Federación de Asociaciones Africanas) y diversas redes migrantes de las islas. La red interinsular se coordina en algunos temas y campañas, además de intercambiar información.

Todas estas redes han servido para poder denunciar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el sistema de acogida de las islas, para hacer de altavoz de las demandas de las miles de personas migrantes encerradas en las islas sin posibilidad de viajar. En los últimos meses, el acompañamiento al puerto y aeropuerto, la ayuda con los papeles para poder viajar, el apoyo a las personas que siguen en situación de calle, la atención de urgencias sanitarias, la denuncia de los abusos de las ONG y la policía, la acogida en situaciones de emergencia… son el día a día de decenas de activistas y vecinas de las islas que muestran de este modo su solidaridad.

Pero también se han organizado concentraciones denunciando los asesinatos en el mar debidos a las políticas migratorias de la UE, manifestaciones multitudinarias, caravanas de denuncia, acciones antiracistas, contra FRONTEX. Se han lanzado notas de prensa, hecho jornadas, formaciones, asambleas, charlas en institutos, conciertos solidarios, acciones artísticas…

1.3.2.5 – Un futuro incierto

Pese a que tanto los hoteles como los campamentos se plantearon como recursos temporales, muchas personas llevan hasta 6 meses o más allí. Desde el mes de mayo, una vez levantado el estado de alarma, miles de migrantes han sido trasladados a diversos recursos de la península y otros muchos han podido hacer el viaje por sus propios medios o mediante la colaboración de las redes de apoyo en las islas. En diciembre había más de 8000 personas en los recursos habitacionales en Canarias, en junio, se contabilizan unas 2.300.

En la actualidad, en la isla de Tenerife las recepciones de embarcaciones se realizan en el muelle de Los Cristianos y cuando es necesario se utiliza el CATE de Adeje, un edificio anexo a la comisaría de policía. Tras la correspondiente filiación, las personas migrantes son llevadas al campamento de Las Raíces o bien al de Las Canteras, ambos habilitados por el Plan Canarias. En Lanzarote y Fuerteventura, tras su filiación por parte de la policía, las personas migrantes son enviadas al Campamento de El Matorral en Fuerteventura, también habiltado con el plan. En Gran Canaria se sigue utilizando Arguineguín para la filiación de las personas llegadas, con el soporte del CATE de Barranco Seco, siendo Canarias 50 y el Colegio León, o bien los campamentos de Tenerife el destino final.

A pesar de que en este momento los traslados a la península han descongestionado los campamentos y que la facilidad para viajar está permitiendo a muchas personas migrantes en situación de calle abandonar Canarias, los centros de acogida para menores dependientes del Gobierno de Canarias siguen llenos y hay cientos de personas que llevan meses sin poder continuar su viaje, para las que la situación se vuelve insostenible. Por otro lado en los recursos de acogida de la isla se está aprovechando que hay menos internos para su mayor control, también para la reforma de los centros que, según el Plan Canarias, pasan de ser instalaciones de emergencia para convertirse en instalaciones permanentes. También se observa un mayor control y criminalización de las redes de apoyo por parte de las ONG que gestionan los recursos de acogida, con denuncias a la policía e identificaciones.

Abiertas las fronteras para el turismo y terminado el estado de alarma, parece que el plan del gobierno español consiste en trasladar al máximo de personas migrantes fuera de las islas. La campaña de los empresarios hoteleros y de algunos municipios turísticos contra la presencia de las migrantes y su efecto negativo en el turismo sin duda han contribuido a que se haya reanudado el flujo migratorio, interrumpido durante meses. Sin embargo, como ya se ha dicho, ha aumentado el número de llegadas de migrantes en los primeros meses de 2021, y si nada cambia, es muy probable que a finales de verano con la mejoría del mar, se incrementen considerablemente el número de embarcaciones que lleguen a las costas de Canarias y se vuelvan a repetir las imágenes de hace unos meses. El Plan Canarias es la constatación de los planes de la Unión Europea para las islas respecto a la migración.

1.3.3 – Carencias y vulneraciones de DDHH

Según documenta CEAR en su reciente informe, durante los primeros meses del 2020 la situación frente al aumento de llegadas se fue resolviendo con la apertura de pequeños centros, polideportivos y otras instalaciones gestionadas por la Cruz Roja, algo que fue posible gracias a la existencia de espacios en desuso debido al confinamiento estricto de los inicios de la pandemia de la covid19. De esta manera las restricciones impuestas por la pandemia como la aplicación de PCRs de las personas llegadas al muelle antes del ingreso a un espacio de acogida generó que el muelle se convirtiera en un enorme campamento de emergencia de 400m cuadrados con centenares de personas (llegando a su punto máximo a más de 2.600 a mediados de noviembre), las cuales dormían a la intemperie y carecían de abrigo y comida suficiente. El muelle de Arguineguín, en ese sentido, representó el fracaso en cuanto a la gestión de las llegadas y significó un espacio de detención de personas sin “ninguna cobertura jurídica”, un lugar de excepcionalidad, de no derecho.

De esta manera, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron y se siguen cometiendo en el muelle son extensibles a la política migratoria general de las islas, por lo que se entienden tanto en el marco de la detención policial como de la acogida en los distintos dispositivos. Las podríamos resumir de la siguiente manera:

• Falta de asistencia letrada: la falta de una asesoría jurídica para las personas que llegan     significa dejarlas desprotegidas frente al ejercicio de sus derechos, a la vez que imposibilita la detección temprana de personas con especial vulnerabilidad como los menores de edad, posibles víctimas de trata y solicitantes de protección internacional. Como refiere CEAR en su documento, hasta el día 12 de noviembre no se prestó asistencia jurídica a las personas migrantes en el muelle de Arguineguín. Los abogados eran citados en las comisarías a kilómetros de distancia y no mantenían reuniones con las personas migrantes. También se ha documentado la falta de espacios reservados para entrevistas individualizadas, así como de intérpretes en las lenguas que las personas migrantes hablan, especialmente las lenguas del África subsahariana como el wolof o el bambara. El Defensor del Pueblo en su visita a las islas recibió quejas de varios letrados y letradas que se habían visto obligados a hacer asesorías colectivas como la de noviembre del 2020 en Tenerife que se realizaron a dos grupos de 144 y 177 personas. En ese caso, el equipo jurídico mostró su disconformidad con la actuación policial que pretendió notificar el acuerdo de devolución a todas las personas a la vez, sin entrevista previa y con una única intérprete.

De esta falta de asistencia letrada se desprende la violación al derecho a la información y al derecho a ser escuchado en la medida en que las personas no son informadas sobre sus derechos y, en consecuencia, tampoco son escuchadas sus necesidades y sus demandas.

• Nula identificación y protección a personas con perfiles de especial     vulnerabilidad: en consecuencia a la falta de asistencia letrada se ha repetido esta situación y se calcula que en febrero del 2021 había unos 200 “potenciales” menores en instalaciones para adultos como     resultado de estos fallos de identificación, de la misma manera que centenares de posibles solicitantes de protección internacional no pudieron hacerlo, con lo cual se existió de manera generalizada una falta de acceso a los procedimientos de protección internacional.

• Retenciones ilegales por más de 72 horas: durante los primeros meses la falta de espacios para la acogida de     las llegadas y la aplicación de las cuarentenas por la pandemia de la covid19 generaron situaciones en donde las personas migrantes fueron privadas de su libertad por períodos indeterminados de tiempo, se sabe de personas que estuvieron 20 días en el muelle. Al respecto Irídia añade que una vez se hubieran realizado las tareas de chequeo sanitario, identificación y notificación del acuerdo de devolución, las personas llegadas deberían haber sido puestas en libertad en todo caso y sin excepción una vez agotadas las diligencias y, en todo caso, en un plazo legal máximo de 72 horas. Y consideran que se puede definir que tanto el muelle de Arguineguín como el campamento de Barranco Seco como centros de detención, y se puede     asegurar que las personas que se hallaban en su interior estaban     privadas de libertad. Los accesos al muelle y al campamento estaban en todo momento controlados por agentes del CNP y los movimientos en el interior tenían que ser autorizados o supervisados por agentes del CNP.

• Restricciones a la libre circulación:     otra de las cuestiones que han sido objeto de queja en el Defensor     del Pueblo ha sido la restricción a la libre circulación. A pesar de que las personas no se encuentran legalmente en calidad de     detenidas no se les permite abandonar el archipiélago, lo que es     especialmente grave para las personas solicitantes de protección     internacional, quienes ostentan el derecho fundamental a la libre circulación por todo el territorio español. En ese sentido, el Defensor del Pueblo manifiesta en su informe que en la información que facilita la Policía Nacional a los solicitantes de asilo se insiste en que no pueden salir de las ciudades autónomas     ni de las islas Canarias si no notifican, con carácter previo, que cuentan con un domicilio en la península. De igual manera, se tiene conocimiento de ciudadanos senegaleses y     marroquíes que, aún y documentados con sus pasaportes y teniendo familiares dispuestos a acogerlos, no les dejaron viajar.

A través de la aprobación de la Sentencia 104 del 29 de julio de 2020 del Tribunal Supremo se indica que «de lo expuesto, ha de concluirse que el solicitante de asilo ostenta el derecho fundamental de la libertad de circulación por todo el territorio español y de poder fijar libremente su residencia en todo el territorio nacional». Sin embargo, la Policía Nacional en Canarias sigue rechazando en muchos casos el resguardo de presentación 105 de solicitud de asilo como documento válido para viajar, hecho que impide fijar un domicilio. Irídia también constató controles policiales e identificaciones por perfil racial en el aeropuerto.

Por su parte Irídia en su informe Vulneración de los DDHH en la Frontera Sur, añade una vulneración mas de los DDHH a causa de las condiciones en las que han sido acogidas las migrantes:

• Las propias condiciones de la detención podrían haber sido contrarias al Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La prohibición de malos tratos engloba la prohibición de tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Reproduciendo literalmente el Art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que “nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.     Añaden que de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), un trato es considerado inhumano cuando ha sido premeditado,     aplicado durante horas, con consecuentes lesiones físicas o intensos sufrimientos físicos o mentales. En consecuencia, tanto el muelle de Arguineguín, como el Campamento de Barranco Seco, así como los centros acondicionados como dispositivos de emergencia por el Plan Canarias habrían vulnerado el mencionado Art. 3 del Convenio Europeo de DDHH.

Por último, aunque se habla de ello en profundidad más adelante en este documento, desde los colectivos de apoyo se han detectado menores en recursos de acogida para adultos y en situación de calle, algo que se comenta más adelante en este trabajo. También en octubre saltó la noticia a los medios de comunicación que por orden de la Fiscalía de Las Palmas, niños y niñas eran separadas de sus madres y padres hasta dos meses a la espera de que tuviesen la confirmación de las pruebas de ADN que acreditase su vinculación maternofilial.

• La actuación de las instituciones respecto a los y las menores no acompañades que han quedado fuera del sistema de protección al menor del estado, ha resultado en su desamparo y en un incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (y la niña) de la ONU, ratificada por el estado español en 1990, que establece la especial protección del estado (Art. 20) y la protección y asistencia a menores refugiados (Art.22). También     se han vulnerado los derechos que establece la propia ley española de Protección al Menor.

• En cuanto a las familias que fueron separadas a la fuerza, aunque finalmente se revocó esa orden de la fiscalía, supuso el incumplimiento del artículo 9 de dicha convención que establece que ‘los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos’.

Migración y Memoria Histórica: por un relato inclusivo de la represión de Estado Existe, en el Estado español, un relato en construcción sobre Memoria Histórica basado principalmente en la sublevación militar del 36 y sus consecuencias hasta nuestros días. Poco a poco van surgiendo otros relatos históricos, que tienen su origen en la época colonial, tanto en América (Abya Yala), como en África; relatos que deberemos unir a esa construcción de relato de represión de Estado. Pero si queremos un relato inclusivo, deberemos incorporar también el correspondiente relato del actual proceso migratorio. Cuando hablamos de personas migrantes y de procesos migratorios, aparecen conceptos ya conocidos en nuestra reciente historia, como: Víctimas de violencia de estado (muertes, desapariciones, maltrato físico y psicológico), Fosa común (sean referidas al Mediterráneo o a una cuneta), Centros de retención (sean las cárceles franquistas o los CIEs), Cementerios con tumbas sin nombre (estén en Ceuta-Melilla o sean las de los fusilados de la guerra), Asociaciones de víctimas de violencia de estado (sean de Camerún, de Euskal Herria o del Estado español). Es indudable que existe una violencia  de estado que desde el golpe de estado y la Guerra del 36, atraviesa el franquismo y llega hasta nuestros días. Sin ir más lejos, con la reforme del Código penal y la Ley Mordaza. Ley en la que, por cierto y no por casualidad, se legaliza las “devoluciones en caliente” en frontera. Es indudable que el relato de estas víctimas que no nacieron aquí, pero aquí viven (y el de las que no se quedaron en el camino) también debe estar incluido en nuestro relato memorialista. Parafraseando lo ya escrito por los y las memorialistas: “Todas las víctimas tienen derecho a Verdad, Justicia y Reparación”, “Todas las víctimas deben ser nuestras víctimas”. En resumen: “Todas las victimas deben estar incluidas en nuestro relato social de violencia de Estado”. Para elaborarlo, será imprescindible incorporar a las propias víctimas y trabajar con las asociaciones de víctimas y desaparecidas que han ido surgiendo en los distintos países afectados.

 

1.4 – Deportaciones y retornos (desde las islas y otros lugares)

1.4.1 Deportaciones por perfil nacional (a Marruecos, a Senegal) 

Otra de las cuestiones más preocupantes de esta política es la forma en la que se están llevando a cabo las identificaciones para las deportaciones. Si bien es cierto que la mayoría de las mismas se han efectuado con personas internadas en el CIE, diversas fuentes de la sociedad civil y de la abogacía han mostrado su preocupación por la existencia de redadas de corte racial en aeropuertos y puntos de reunión de migrantes (como locutorios), con el objetivo de identificar personas para ser deportadas. En este sentido, todas las organizaciones gestoras de los campamentos desplegados han manifestado su preocupación sobre cómo se estructuran los procesos de deportación y aseguran que las autoridades les han garantizado que en “ningún caso se producirán desde los propios campamentos”. Sin embargo, esto deja una cuestión abierta: si las deportaciones no se producirán con las personas que están en los campamentos, no se aumentan los traslados a península y se niega “de facto” el libre tránsito de las personas migrantes: ¿cómo se va a prevenir una cronificación de la situación en los campamentos?               

1.4.2 Las devoluciones y deportaciones: una violencia añadida contra las personas que migran.

La externalización de fronteras de la UE a terceros países como Mauritania, Níger, Libia o Argelia tiene graves consecuencias para las personas que son devueltas a través de estos en virtud de tratados bilaterales. Cuando una persona es deportada inicia un nuevo viaje que suele consistir en reintentar la entrada en Europa, repitiendo el periplo bajo el control de las mafias, con nuevas vejaciones, más explotación, peligrosas travesías… unas consecuencias que multiplican sus efectos negativos sobre las mujeres, menores de edad y resto de personas vulnerables. Con las deportaciones Europa alimenta las redes de tráfico de personas que pretende combatir, las devoluciones son una forma de violencia añadida sobre las personas, que buscando un futuro en los países del norte, se rebelan contra el papel al que las potencias occidentales relegan a la población africana.

No existen políticas de retorno de la UE, al contrario, los fondos europeos financian guardias fronterizas, muros y también campamentos gestionados por ONG como OIM donde malviven personas que han sido devueltas al continente africano cortándoles su proyecto vital. Personas que sienten el peso del fracaso, la deshonra que supone para ellas y sus familias no haber conseguido el objetivo de mejorar sus vidas, el cansancio del largo viaje para nada, el resentimiento hacia Europa que las ha maltratado y expulsado, dejándolas abandonadas en medio de un país extraño, lejos de su tierra y de su destino. Europa no solo les roba el futuro en su tierra y les niega la acogida, sino que ejerce todo tipo de violencias sobre ellas, las aniquila como personas, hasta el punto que muchas acaban deseando la muerte y otras terminan por engrosar las filas de grupos armados radicales.

Estas políticas migratorias, sirven eso sí, para mantener los negocios y a los dictadores con los que firman tratados y acuerdos. Gobiernos corruptos que también utilizan a esta población a la deriva por el continente africano para amenazar y desestabilizar países, como se ha visto en el reciente ejemplo con Marruecos y el Sáhara Occidental, impensable sin la complicidad de Europa y USA. Es la nueva recolonizacion, tan violenta como la anterior.

1.5 – Tratamiento de la información sobre las migraciones

Una de las cuestiones que deberá estudiarse en profundidad en el caso canario es el rol crucial que han jugado las redes sociales y la creación y difusión de noticias falsas para la generación de un discurso de odio. Desde el inicio del aumento de llegadas comenzaron a publicarse en redes informaciones sobre las supuestas implicaciones negativas que tendría para el turismo y la economía canaria la presencia de los migrantes. Cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, comenzó a alojar a las personas en hoteles, las informaciones sobre cómo la migración estaba detrás del “cero turístico” circularon por los móviles de toda la isla. Se promovieron manifestaciones en contra de la migración y su estancia en hoteles se usó para reforzar la idea del agravio comparativo: “vienen a quedarse con lo nuestro”, “una familia canaria no podría permitírselo”.

Una vez asentada esta idea, comenzó a explotarse la siguiente: la inseguridad en las islas y el perfil delincuente de las personas migrantes. Vídeos de agresiones y peleas comenzaron a inundar las redes sociales vinculando migración y delincuencia. Poco importó que la policía nacional y el delegado del Gobierno desmintió con datos objetivos el aumento de criminalidad en las islas y la nula vinculación con el colectivo migrante. A estos dos mensajes, que generaron las bases del discurso del odio, la injusticia y el miedo, le siguieron todo tipo de teorías de la conspiración e informaciones del todo inverosímiles, muchas veces con los menores no acompañados como protagonistas, que venían a reforzar un discurso de odio contra las personas migrantes que se ha plasmado en manifestaciones anti-imigración o, en su versión más brutal, en agresiones.

Es importante destacar que estas reacciones se producen en un momento de grave crisis económica y social y que han tenido su representación máxima en barrios donde esta crisis ha golpeado más fuerte y habían centros de acogida. Sin embargo, destacar que se ha generado también un importante movimiento de apoyo a las personas migrantes en las islas tanto para desplegar redes vecinales de apoyo como para manifestarse por sus derechos. En este sentido es clave gestionar la comunicación en clave de modificación de narrativas migratorias: entendiendo cuáles son las razones que mueven a las personas a aceptar discursos equivocados para intentar refutarlos. Como afirma Gemma Pinyol: ‘son personas que se hacen la pregunta correcta ¿qué pasa conmigo y mis derechos? y adoptan la respuesta equivocada: la culpa es de las personas migrantes.’

2. Migraciones y contexto colonial. Causas y factores relacionados con el éxodo migratorio: 

2.1 – Extractivismo e historia colonial: Vínculos entre la extracción de recursos naturales por parte de países europeos y la destrucción de formas de vida de algunas de las personas que emprenden su viaje migratorio

Para entender la apertura de la Ruta Canaria en el contexto actual intentaremos explicar la situación de los países de origen de la mayoría de las personas llegadas a las islas y el cierre de otras rutas como factores principales de este cambio.

2.1.1 La situación de Marruecos, Mali, Guinea y Senegal como principales países expulsores

El sometimiento a un estado de shock aprovechado por la actual pandemia del Covid-19, junto con el auge del discurso racista de políticos emergentes de la ultraderecha, ha sido aprovechado por el actual gobierno español para reforzar los planes ya existentes de externalizar el control fronterizo. En vez de cambiar de estrategias hacia una acogida humana, de derechos para todas las personas, ha decidido blanquear y alimentar el discurso del miedo y del odio, buscando fomentar la sensación de “invasión” por una parte de la población local, con fines políticos. En este contexto, el gobierno español inicia negociaciones millonarias con países como Marruecos, Mali y Guinea, para externalizar sus fronteras y mantener los flujos migratorios cada vez más al sur de Europa, fuera de sus propias fronteras. Al mismo tiempo, estos países incrementan su poder de negociación en ámbitos que son de su interés, así como vulneran los derechos de las personas migrantes con el amparo de la Unión Europea.

2.1.1.1 – MARRUECOS

Los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos alejan las migraciones cada vez más al sur. Estos acuerdos interesan a Marruecos, ya que les permite atraer financiación y obtener posiciones políticas y económicas favorables a sus intereses. Según el informe Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), España ha concedido 10 millones de euros a Marruecos para comprar 98 cámaras térmicas y 168 vehículos para reforzar la frontera. Estos acuerdos con Marruecos y el refuerzo millonario en sus fronteras han hecho disminuir el paso de las rutas migratorias por esta zona. No obstante, y pese a la ceguera del estado español y el marroquí, las personas no dejan de migrar, porque su situación no ha cambiado y se ven obligadas a cambiar a rutas más peligrosas y largas, como son las rutas de las Islas Canarias o las rutas por el Atlántico, como, por ejemplo la ruta a nado que realizan muchos jóvenes marroquíes desde Fnideq a Ceuta. Esta ruta de Ceuta está gestionada por mafias que llegan a cobrar entre 4.500 y 5.000 euros por subir a una embarcación de recreo. Estos jóvenes son la mayoría de Fnideq que han perdido su trabajo a causa de la crisis por el cierre de la frontera. A lo largo de 2020, ha habido numerosas personas muertas o desaparecidas por esta ruta.

Durante el estado de alarma, las fuerzas de represión marroquíes siguieron desmantelando y quemando los campamentos de las personas migrantes en la zona norte de Marruecos, sobretodo en los bosques de Nador, y han continuado las redadas y detenciones de estas personas. Además, el confinamiento generado por la pandemia ha provocado el cierre de servicios administrativos, con lo que muchas personas han perdido su autorización de residencia y trabajo y se han quedado en situación irregular. Una vez acabado el confinamiento, la situación no mejoró, ya que las autoridades marroquíes han endurecido la exigencia de los requisitos para renovar la documentación, abocando a estas personas a un limbo burocrático sin salida.

2.1.1.2 – MALI

La República de Mali se sitúa mayoritariamente en la zona del Sahel. Es un país políticamente inestable, con una gran corrupción y gran intervención extranjera, y que ha sufrido un golpe de estado en 2020. Los conflictos en el año 2012 y la expansión de grupos armados yihadistas, justificaron la intervención militar internacional. Esta intervención está condicionada a intereses geoestratégicos y económicos ligados a la industria de armas y seguridad, a la contención de la migración y a la extracción y expolio del oro y del uranio. Un estado corrupto que no es capaz de apaciguar a los grupos violentos armados, unido a los enfrentamientos entre las comunidades del norte y del centro ha desembocado en protestas y huelgas por parte de la población y de los sindicatos. Existe una situación humanitaria preocupante, que se ha agravado con la pandemia del Covid-19 y los efectos del cambio climático. Se vulneran con frecuencia los derechos humanos como las graves agresiones que sufren en tránsito migratorio al cruzar las fronteras. Según ACNUR, unas 150.000 personas malienses se han refugiado en países vecinos y unas 7 millones de personas están en situación de necesidad extrema, de las que la mitad son niñas y niños.

La respuesta internacional a estos problemas de la población de Mali ha sido intensificar la inversión en seguridad en las fronteras, con la excusa de luchar contra el terrorismo. De esta manera, se ha puesto el foco en el control de las fronteras, impidiendo que la población pueda huir de la violencia. Pero este control no ha impedido que las personas en situación de riesgo se desplacen, pero sí que comporta que lo hagan en condiciones de riesgo, incrementando las muertes y las violaciones de derechos humanos.

2.1.1.3 – GUINEA

La República de Guinea, situada en la costa del Atlántico, tiene una población de 13 millones de habitantes. Su fuente de riqueza es la extracción de minerales, pero una gran parte de su población está empobrecida. Gunea ha sufrido, a lo largo de su historia, diferentes regímenes autoritarios, marcados por la corrupción y las luchas por el poder. En el año 2008, tras la muerte del dictador LAnsana Conté, se genera un golpe de estado y la población sale a las calles en protestas. Estas protestas son reprimidas muy duramente. En el año 2009 se producen protestas pacíficas, también reprimidas tan duramente que ese día será conocido como la “masacre del 28 de septiembre”, en el que unas 160 personas fueron asesinadas y 110 mujeres fueron violadas por parte de las tropas. Los numerosos procesos electorales que se han llevado a cabo en apenas un año, han provocado protestas sociales y fuertes represiones a estas y a la oposición por parte del ejército. Según el informe APDHA, Amnistía Internacional pidió una investigación por las muertes de cuatro miembros de la oposición que estaban en prisión y pidió la liberación de hasta 400 personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

2.1.1.4 – SENEGAL

En noviembre de 2020, el Parlamento votó a favor de renovar el protocolo entre la Unión Europea y Senegal que da acceso a los pescadores de España y los estados miembros a pescar en aguas senegalesas durante cinco años. Este protocolo permitirá la pesca de atún para 28 atuneros, diez cañeros y cinco palangreros de España Portugal y Francia (10.000 toneladas al año), y la pesca de la merluza negra con arrastreros españoles (1.750 toneladas al año). Según el Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal, la UE financia este acuerdo con 1,7 millones de euros, de los cuales, 800.000 euros son el pago por acceder a las aguas del Senegal y 900.000 euros son el pago para dar apoyo al sector pesquero del país con el objetivo, según el documento, de mejorar el “control” de la pesca, desarrollar la investigación en el sector y proporcionar certificación sanitaria para los productos pesqueros. Pero en una resolución anexa (aprobada con 583 votos a favor y 43 votos en contra), los miembros del parlamento europeo recomienda utilizar los fondos europeos para modernizar los sistemas de control mediante la actualización de sistemas de seguimiento por satélite de los buques pesqueros, apoyar la lucha contra la pesca “ilegal” mediante el seguimiento de los barcos en el puerto de Dakar de forma más rigurosa y para recopilar datos. ¿A quienes se refieren cuando hablan de “pesca ilegal”? ¿Deberíamos hablar de “pesca ilegalizada”? ¿Qué implica mejorar el “control” de la pesca”? ¿Quién controla y a quién hay que controlar?

Por otro lado, este mismo Protocolo, en su artículo 2, refiere que ambas partes reafirman su compromiso de promover la pesca sostenible y proteger la biodiversidad marina, en consonancia con los principios de no discriminación, transparencia y buena gobernanza. También expone las posibilidades de pesca asignadas a los buques pesqueros de la Unión, que quedan fijadas como ya hemos mencionado de las especies prohibidas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico: 28 atuneros, diez cañeros y cinco palangreros.

La realidad en Senegal es que la explotación pesquera por parte de los barcos europeos destruye puestos de trabajo y los recursos de miles de familias en el país que se ven obligados a migrar. La pesca en Senegal tiene una importancia relevante para la economía y el desarrollo del país. Según el informe de ICEX, el sector pesquero da trabajo a unas 600.000 personas (17% de población activa), muchas de ellas mujeres dedicadas a la transformación del pescado, y supone un 3,2% del PIB del Senegal y una fuente básica de proteína para toda la población. Además, según este informe ICEX, se trata de un sector con elevadas barreras de entrada y con una notable falta de infraestructura, tanto para el aprovisionamiento como para el mantenimiento de buques. Esto unido al mal estado de las infraestructuras del puerto pesquero de Dakar ha tenido como resultado que otros puertos estén ganando terreno. Este informe contrasta con el acuerdo de la Unión Europea en cuanto parte de la financiación no está siendo destinada al apoyo del sector pesquero del país.

2.1.2 Empresas implicadas, intereses financieros

Como veníamos diciendo, la militarización y el negocio generado entorno a las fronteras es otro de los elementos importantes dentro de las políticas migratorias europeas actuales.

La existencia de un entramado de proyectos cuya finalidad es militarizar progresivamente las fronteras a través de contratos con grandes corporaciones que generan una alta rentabilidad y gozan de cierto blindaje por parte de las administraciones públicas no es nada nuevo. La UE asignó al Estado español entre 2014 y 2020 un total de 801 millones de euros para fortalecer las fronteras exteriores y gestionar los flujos migratorios, dinero del cual el mismo estado adjudicó en más de un 70% a diez empresas multinacionales especializadas en defensa, construcción y servicio. Estas empresas son las siguientes: INDRA, ACS (incluye Dragados, Ferrovial y Acciona), grupos EULEN, El Corte Inglés, AMPER, BABCOK, Airbus, ATOS y obviamente la agencia europea FRONTEX.

Todas ellas son las principales adjudicatarias en la construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla (con un presupuesto inicial de casi 18 millones de euros), de la seguridad y mantenimiento de los CETI de Melilla y Ceuta y de las repatriaciones y deportaciones en el mar y el control aéreo en el Mediterráneo y el Atlántico. Por otro lado, también está el grupo TRAGSA, única empresa encargada en Ceuta de la eliminación de residuos, conservación y protección ambiental en zonas fronterizas. Cabe decir que muchas de las personas directivas de estos grupos empresariales son ex cargos públicos o conocidos empresarios del panorama nacional.

En el caso del Estado español, por ejemplo, el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), entendido como un servicio de detección temprana para interceptar embarcaciones antes de llegar a la costa, empezó a estar operativo en 2002 en la zona del Estrecho y un año después se aplicó en Fuerteventura en el resto del archipiélago canario entre 2006 y 2007. A pesar de que su utilidad ha sido puesta en cuestión y que ningún otro país europeo lo ha puesto en marcha, se estima que desde el 2002 hasta hoy su coste habría sido de unos 300 millones de euros, más de la mitad de ellos destinados a INDRA, una de las principales empresas dedicadas al negocio de militarizar las fronteras junto con AMPER.

Por su parte, FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, fue creada en 2004 con el objetivo de proteger las fronteras exteriores de la UE. Dispone de poderes, instrumentos y recursos para actuar en el mar, en las fronteras terrestres y en los aeropuertos europeos y, con esta actuación, controlar los flujos migratorios. Con la nueva regulación que se acaba de aprobar, se calcula que en la sede de Varsovia trabajan unas 700 personas y que para 2027 habrá unos 10.000 agentes fronterizos para las operaciones en territorios de frontera. También se estima que se triplicará su dotación económica entre 2020 y 2027 llegando a los 11.000 millones de euros. La organización se encuentra bajo sospecha en distintos ámbitos por acusaciones de trato degradante a personas migrantes y desde distintos organismos europeos se ha empezado a investigar su falta de transparencia y la realización de “devoluciones en caliente” en distintos lugares.

2.1.3 Acuerdos de pesca en Senegal.

Denuncia de los acuerdos de pesca de la Unión Europea con Senegal

Denunciamos el saqueo de los recursos africanos por parte de empresas europeas con la complicidad de los gobiernos, y de manera específica los Acuerdos neocoloniales de pesca impuestos por la Unión Europea a 13 gobiernos africanos, lo que ha supuesto concretamente  en Senegal, la destrucción de cientos de miles de empleos en los últimos años  y el éxodo de miles de jóvenes hacia Europa vía Canarias. Los acuerdos conllevan también  un alto coste ecológico: el 90% de los recursos pesqueros de Senegal están agotados según la FAO.

El caso de Senegal muestra con claridad la relación neocolonial entre la Unión Europea y un país de África y esto nos afecta e interpela  de una manera muy directa en el Estado Español y especialmente en Euskal Herria, pues la mayoria de los barcos europeos que esquilman los caladeros de Senegal pertenecen a la flota pesquera española y vasca.

En Senegal el turismo y la pesca son dos de las principales fuentes de riqueza del país. El turismo se ha hundido como consecuencia de la crisis mundial provocada por el COVID. Y la pesca se ha visto gravemente afectada por la renovación de los acuerdos de pesca de la Unión Europea con el gobierno senegalés en noviembre de 2020. La consecuencia ha sido un aumento del desempleo ya de por sí muy alto entre los jóvenes.

El acuerdo de asociación en materia de pesca entre Senegal y la Unión Europea entró en vigor en 2014 y desde entonces se ha renovado con regularidad; la última renovación se produjo el 18 de noviembre de 2020 y culminó un proceso iniciado un año antes entre la UE y Senegal con el objetivo de conseguir un nuevo contrato por cinco años.

El acuerdo ha sido muy beneficioso para la industria pesquera europea, ya que permite a 45 buques de España, Portugal y Francia, capturar 10.000 toneladas de túnidos al año y 1.750 toneladas de merluza negra; 28 de esos 45 buques pertenecen a España, y de esos 28 una buena parte pertenecen a la flota pesquera vasca. La contribución financiera anual de la UE por el acceso a las aguas de Senegal es de 1,7 millones de euros.

No es de extrañar que Izaskun Bilbao Barandica, eurodiputada del PNV, quien fue la ponente titular del informe sobre el acuerdo con la república de Senegal, haya calificado de extraordinarios los acuerdos con Senegal. Según Izaskun Bilbao “estos acuerdos pesqueros son una herramienta fundamental para cumplir tres objetivos: por una parte, se garantiza el acceso a estos caladeros a los buques de la Unión. Muchos de ellos pertenecen a empresas vascas y abastecen con sus capturas a nuestras conserveras. En consecuencia, el principal valor de este acuerdo es que respalda una industria, como la vasca, sostenible, innovadora y que comercializa productos de alta calidad”.

Muy diferente es la valoración presente en el informe realizado por IRIDIA con el apoyo de Oxfam y de numerosas organizaciones de la sociedad civil en España, en el que se señala que el acuerdo “supone un varapalo para el sector pesquero senegalés, que genera más de 600.000 empleos directos e indirectos”. La FAO, según Iridia, calcula que los países africanos podrían obtener ingresos ocho veces superiores al año, “si ejercieran ellos mismos los derechos de pesca”.

Más rotunda es la posición del movimiento senegalés FRAPP, Frente Revolucionario Antiimperialista  Popular y Panafricano . Para este movimiento: “ El acuerdo de pesca con la UE es un instrumento neocolonial completo de saqueo de nuestros recursos biológicos y nuestro ecosistema marino. El objetivo de esta entrada en vigor provisional y anticipada sin consulta y sin la participación de la Asamblea Nacional de Senegal, tiene como objetivo garantizar que el mercado europeo esté adecuadamente abastecido y que los puestos de trabajo europeos que dependen directa o indirectamente no sean comprometidos. Al desregular así el acceso de los pescadores a nuestros recursos costeros, el propio Estado está organizando la escasez de su principal herramienta de trabajo (la pesca), lo cual ha ocasionado esta nueva ola de inmigración irregular hacia Europa”.

2.1.4 Presencia y papel de países europeos en conflictos armados en el área del Sahel

Fuera tropas extranjeras del Sahel

Denunciamos la intervención de tropas de gobiernos europeos en el Sahel, especialmente de Francia en la guerra que asola Malí desde hace siete años, lo que ha provocado la huida de miles  de jóvenes malienses a Europa por la ruta atlántica de  Canarias y por la del Mediterráneo Central.

Con el pretexto  de combatir el terrorismo yijadista, discurso propagandistico  compartido por Francia, la UE y EEUU, que oculta los intereses económicos y geopolíticos de Francia en la zona y muestra la habitual visíon militarista de EEUU  y el miope posicionamiento securitario de la UE, el  Sahel se ha convertido en un espacio ocupado por tropas europeas y estadounidenses.

Francia ha rotado 17.000 soldados al año  en la guerra de Mali en la llamada operacion Barkhane y dispone de  siete bases militares  en el Sahel, tres en Mali, dos en Niger,  una en Burkina Fasso  y una en  Chad ; en Mali interviene el contingente «Takuba» de  fuerzas especiales de Francia, Italia, Suecia, Estonia, y Chequia. La Unión Europea desarrolla la misión EUTM Mali de entrenamiento militar al ejercito maliense, en la que España participa con 530 soldados. En Mali, ademas  están presentes 6000 soldados  de los 5 paises del Sahel occidental y 14.000 de la misión MINUSMA de Naciones Unidas. Alemania dispone en Niger de una base para su fuerza aérea que da apoyo a los 900 soldados alemanes que colaboran con el contingente de la ONU en Mali. Y EEUU interviene en todo el Sahel con 1500 soldados de tropas especiales con una base de drones en Niger y  otra en Chad.

Sin embargo la intervención militar francesa-europea con el apoyo de EEUU ha fracasado política y militarmente: ha empeorado la situación en la zona, han muerto más de 20.000 personas en la guerra de Malí, aumentan las masacres de civiles por parte de las tropas extranjeras, que ahora son vistas como ocupantes, y hay numerosas manifestaciones en su contra, y por otro lado crece la actividad de los grupos yihadistas y aumenta la inseguridad en todo el Sahel. El éxodo masivo de jóvenes es una consecuencia directa de todo ello.

Este es el contexto en el que Macron acaba de tomar  la decisión de terminar con la Operación Barkhane, pero esto  no cambia en lo sustancial la implicación francesa y del resto de países europeos y de EEUU. Francia permanece en Mali y en todo el Sahel, liderando el contingente «Takuba» de fuerzas especiales europeas ya desplegadas sobre el terreno y  siendo el principal soporte de las tropas del G5Sahel y de la MINUSMA.

Ante este panorama, Aminata Traore, antigua ministra de Cultura de Malí y activista antiglobalización, denuncia la militarización del Sahel, señala que esta  se produce «no solo por los yihadistas, sino también para impedir el paso a los migrantes” y condena duramente las politicas  migratorias y  de externalización de fronteras de la UE en el Sahel. Para  A. Traoré  la Unión Europea por un lado «obstaculiza el derecho de asilo a las personas negras, incluso cuando sus países están en guerra” y por otro gestiona la migración como una moneda de cambio “en un comercio financiado con el dinero del contribuyente europeo para bunkerizar nuestros países y vigilar nuestras propias fronteras para que los migrantes no se muevan”.

2.1.5 –  Externalización de fronteras y deportaciones

Denunciamos la política de externalización de fronteras perpetrada por la Unión Europea, pagando  los servicios mercenarios   de policía  a regímenes autoritarios en Marruecos, Niger, Libia y Turquía, para que impidan la llegada a Europa de las personas migrantes y refugiadas,es decir, para que hagan el trabajo sucio que la ¨democrática » Europa considera que mancharía su imagen propagandística de «defensora universal «de los Derechos Humanos».

2.1.5.1 – Foco en el Sahel

Denunciamos la politica neocolonialista de incentivos y amenazas con  la  que la Unión Europea lleva a cabo en el Sahel , y especialmente  en Niger, condicionando fondos de ayuda al desarrollo a la aprobación de leyes o de medidas de detención de las personas migrantes, bloqueando así las rutas migratorias que desde Niger se dirigen hacia Europa por las rutas del Sahara , Libia y el Mediterraneo central.

Niger se ha convertido así en  la frontera más al sur de Europa y una de las mejor pagadas. Níger recibe apoyo presupuestario anual directo de la UE por un valor de 100 millones de euros desde 2016. Este apoyo presupuestario esta relacionado directamente con los avances en la lucha contra la migración irregular.

En la actualidad  desde 2016 la Union Europea desarrolla en Niger la  “European Capacity Building Sahel Niger” (EUCAP Sahel Niger)], con un presupuesto anual de 31 millones de euros,  que  implica la creación  de un cuerpo de fuerzas policiales europeas y expertos en seguridad  (130 de 15 países europeos y 70 nigerinos) con el fin de aumentar las capacidades de la policía, la guardia nacional y la gendarmería de Níger en la lucha contra la migración irregular mediante formación, asesoramiento y suministro de materiales.

Uno de sus objetivos principales es controlar mejor los flujos migratorios y combatir de manera más eficaz la migración irregular. Para esta labor, la «EUCAP Sahel Niger» habría capacitado ya a 13.000 fuerzas de seguridad nigerinas .

La implementación de estas políticas es duramente criticada tanto por fuerzas locales, como desde las propias Naciones Unidas. Para Hamidou Nabara, de la ONG nigerina JMED (Jeunesse-Enfance-Migration-Développement), esas politicas violan el principio de libre circulación adoptado por los países de África Occidental en el marco de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), con el resultado de un creciente deterioro de la situación de las personas  migrantes, que ahora se ven obligadas a  recorrer  «rutas diferentes y más peligrosas”.

Una valoración similar expresaba  Felipe González Morales, Relator Especial de las Naciones Unidas tras  su visita a Níger en octubre de 2018 : “En los últimos años, la situación de quienes migran ha empeorado como consecuencia de las políticas y acuerdos adoptados por Níger con otros países, especialmente la UE, que están provocando violaciones de los derechos humanos de los migrantes»

2.2 – Capitalismo y racismo

2.2.1 – Estructura del sistema capitalista: Patriarcado, Racismo y Colonialidad

Las características del cuerpo y el territorio que habitamos determinan las ventajas e inconvenientes de cada persona para el acceso a los bienes básicos, para el acceso a una vida digna. Unas determinadas características serán valoradas como positivas y nos darán ventaja, otras como negativas y nos crearán dificultades para el acceso a esa vida digna. Este sistema de privilegios crea una clasificación social en la que, por el mero hecho de existir (ser, nacer o vivir) nos adjudica un punto de partida más o menos privilegiado, más o menos desfavorable o vulnerable. En definitiva, un sistema de jerarquía social basada en el género, la raza y el origen, o lo que es lo mismo, en el patriarcado, el racismo y la colonialidad; que son unas de las bases o la base ideológicas del capitalismo.

El Patriarcado naturaliza el menor valor de la fuerza de trabajo de las mujeres, con el fin de posibilitar y abaratar los costes de reproducción y cuidado de la mano de obra. La Colonialidad naturaliza la explotación de los recursos humanos y materiales de unos países “menos civilizados”, no occidentales, por los “civilizados” países occidentales; extractivismo tan necesario para la supervivencia del sistema capitalista, como lo fue, en la época colonial, para la acumulación de capital que permitió la aparición del capitalismo. El Racismo, por su parte, permite la naturalización de la inferioridad de quienes habitan las colonias, permite justificar que ellos y ellas son responsables de la desposesión que padecen.

Todo ello, además, produce una fragmentación social: diferentes situaciones de vulnerabilidad, que generarán respuestas y resistencias diferentes, incluso contradictorias. Un reto para el movimiento antirracista es, a partir de esta situación, articular una resistencia común al sistema o, al menos organizada y conocedora de sus propias contradicciones.

Este sistema blanco y occidental, que favorece lo blanco y occidental, no es evidentemente un sistema justo. Es por ello que necesita crear un imaginario social que lo haga digerible, que lo “normalice”. El racismo aparece aquí otra vez, para justificar esa narración de la “subjetividad de la sociedad moderna”, en la que: Occidente es la sociedad más desarrollada y superior, que tiene además la obligación ética de desarrollar al resto de las sociedades, a su imagen y semejanza.

2.2.2. Resistencias al sistema racista: el sujeto político del antirracismo

El Pueblo gitano, a lo largo de la historia, se ha resistido a ser integrado en el sistema socioeconómico de cada momento (feudal, burgués o capitalista). Sus históricas y actuales estrategias de resistencia y autoorganización, hacen que consideremos el gitanismo como un movimiento sociopolítico. Entendemos también el fenómeno migratorio como un movimiento sociopolítico contra el actual Orden mundial, al que las personas que migran se enfrentan desobedeciendo cada día, con sus cuerpos como primera defensa, las leyes por él establecidas: prohibición de cruce de fronteras, leyes de extranjería, desobediencia y lucha contra el racismo estructural; leyes racistas a las que se oponen a través de estrategias de resistencia basadas en redes de apoyo mutuo.

Es por ello que debemos considerar a las personas gitanas, migrantes y racializadas como sujetas políticas e históricas de la lucha antirracista y, en consecuencia, protagonistas de la lucha antirracista. Lucha en la que otras personas, como aliadas, deben también poner sus cuerpos, con sus privilegios y sus haceres, como parte de una resistencia articulada.

2.2.3.    Ley de Extranjería: una ley para regular el mercado laboral

Las leyes de extranjería crean una jerarquía de personas, en función de su situación administrativa: sin papeles; situación regular pendiente de renovación o de larga duración; acceso a la nacionalidad; nacionales. En definitiva, personas expulsables o no expulsables. La expulsión se nos presenta como una herramienta de control.

Los y las sin-papeles son un excedente de mano de obra que todo mercado capitalista necesita, son además una mano de obra necesaria para la economía sumergida, un mercado desregularizado muy boyante en este Estado. Las personas regularizadas, que dependen de un contrato de trabajo para la renovación de sus papeles, se hacen imprescindibles para desregularizar las condiciones laborales del mercado de trabajo regularizado; es el chantaje de “acepta lo que se te ofrece, calla y no protestes o el despido”, lo que conlleva pérdida de papeles o la deportación. Es así que, personas cuyos derechos han sido desregularizados por las leyes de extranjería, se ven avocadas a cubrir esos nichos laborales de “trabajos esenciales”, muchos de ellos relacionados con los cuidados, que la población autóctona rechaza por sus pésimas condiciones laborales.

Las leyes de extranjería vuelven a crear una fragmentación de vulnerabilidades y de respuestas socio laborales. El reto será, como ya hemos mencionado, articular esos fragmentos en una respuesta común.

3. Feminismos: 

3.1 – Feminismo autocentrado canario. Desde una perspectiva anticolonial, decolonial e independentista.

Bebiendo del legado que nos dejaron las luchas que por siglos han llevado las mujeres desde el proceso de conquista y colonización en este territorio, a los espacios feministas reapropiados desde las islas, pasando por las que bregaron y bregan en el marco del movimiento independentista canario e imbuidas también por el impulso de las luchas de las compañeras kurdas en sus territorios y por las experiencias de los feminismos comunitarios indigenistas y decoloniales y/o descoloniales en Abya Ayala, muchas mujeres llevamos ya un tiempo repensando nuestro lugar y eje de acción dentro del movimiento feminista en Canarias.

Así, desde el activismo de base, compartiendo experiencias, vivencias, dolores y cariños, nos hemos ido poco a poco encontrando en esto que algunas hemos venido a denominar Feminismo Autocentrado Canario, en la búsqueda de nuestro lugar de lucha, resistencia, recuperación de memoria y reconstrucción de herramientas desde un feminismo propio. Desde las particularidades de nuestro territorio y nuestra identidad. Porque nuestra identidad de mujeres canarias se ha cimentado, obviamente, sobre la herida colonial, sobre un pasado de conquista, sumisión, resistencias y esclavitud. Sobre el relato que escribieron aquellos que invadieron nuestra casa y nos obligaron a abandonar nuestra lengua y nuestras costumbres para imponernos las suyas. No es difícil observar en las que aquí vivimos características del “síndrome del colonizado” que expusiera Franz Fanon y que también desde esta perspectiva retrata Manuel Alemán en su libro “Psicología del hombre canario”. Se ha construido sobre el sometimiento y las agresiones a los cuerpos de las niñas y las mujeres como parte indisoluble del proceso de conquista de la tierra y la comunidad. Con mayor incidencia si cabe en una cultura como la nuestra, de raíces Imazighen, con muchas características en las islas de lo que se consideraría una sociedad matriarcal, y donde generalmente el estatus y la herencia familiar, social y cultural se traspasaban matrilinealmente. De ahí que tengamos como prioritaria la tarea de seguir generando herramientas propias para recuperar nuestra memoria desde otros relatos propios, desde nuestros saberes más allá de la academia, incluyendo las luchas desde debajo de todas las mujeres, incluidas las mujeres trans. De todas aquellas que han subvertido lo establecido e impuesto desde los poderes, desde lo colonial y normativo, para construir identidad y futuro partiendo de una mirada puesta en la Comunidad, en la gente de nuestros pueblos y barrios, feminista, antirracista, anticolonial, de clase, horizontal, descentralizada y anticapitalista.

Un feminismo autocentrado por y para nosotras, donde más allá de la agenda feminista hegemónica (burguesa, blanca, centralista…) podamos generar nuestras propias líneas de pensamiento y de actuación política. Líneas basadas en las problemáticas concretas del lugar donde vivimos, la desigualdad social ligada al neoliberalismo brutal, la dependencia económica, social, política y cultural con respecto a los que se denominan países centrales, que profundice y recoja de qué manera todo esto en Canarias, como Colonia del Estado Español que somos, está indiscutiblemente atravesado por este proceso colonial continuista y sus estructuras impuestas. Para comprender cómo nos afecta no sólo en lo sociopolítico sino también en lo emocional y psicosocial.

Porque sabemos que no es casual que aparezcamos siempre como uno de los territorios con mayores índices de pobreza y exclusión a pesar de que antes de la Pandemia del Covid, el PIB canario era uno de los más altos debido al turismo (también colonial). Tampoco que seamos uno de los lugares con mayor número de cuerpos represores del Estado, es decir con mayor control social, así como que en las páginas oficiales de nuestras instituciones se nos ofrezca como mano de obra barata con intención de que se instalen aquí empresas foráneas, al tiempo que la tierra y el agua siguen en manos de extranjeros y caciques. Menos casual aún es que según los últimos estudios seamos el epicentro del turismo putero europeo. La represión, el expolio y la exotización de nuestro territorio y nuestros cuerpos siguen estando a la orden del día, producto del vigente sistema colonial al que seguimos sometidas de la mano del heteropatriarcado capitalista.

Esta cuestión a su vez aporta un elemento bastante diferenciador con respecto a los activismos feministas decoloniales de otros territorios que si pasaron por un supuesto proceso de “descolonización”, nos coloca en un lugar diferente con opresiones y resistencias concretas como mujeres y como canarias. Muchas entendemos que no es posible luchar por la liberación de las mujeres si no luchamos por la liberación de nuestra tierra. Que ambas luchas están intrínsecamente conectadas como cuerpos-territorio que somos y que por tanto, nuestra querencia debe ser la de la plena soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro Archipiélago. Consideramos por ello que la lucha por la emancipación política de Canarias, la lucha decolonial y anticolonial, es transversal a todas las luchas así como lo es la lucha feminista porque NI LA TIERRA NI LAS MUJERES SOMOS TERRITORIO DE CONQUISTA.

Desde estas premisas, pretendemos que el trabajo colectivo nos sirva para reconocernos como mujeres colonizadas con historias comunes, pero también y quizás más importante, para empoderarnos y visibilizar, denunciar y combatir las estructuras coloniales y las actitudes colonizadoras y colonizantes que nos atraviesan y oprimen, así como lo hacemos con las heteropatriarcales. Teniendo como base un feminismo que sea anticolonial y beba de lo decolonial. Que plantee y ponga en marcha estrategias, acciones y propuestas asamblearias, autónomas y autogestionadas que se enmarquen en las luchas independentistas por la liberación de nuestro país, como particularidad propia y como elemento diferenciador dentro del movimiento feminista.

3.2 La lucha de las mujeres frente a la colonialidad 

Algunos conceptos: Feminismo decolonial: Yuderkys Espinosa: Tiendo a definir el feminismo decolonial como un momento en la construcción y producción de las ideas feministas, es un momento contemporáneo, que ahora mismo está en plena construcción, y que se articula a un tiempo más largo de producción de una voz subalterna, no hegemónica, que ha estado siempre ahí sin que lograra una atención más allá de la mirada particularizadora que la cargaba de especificidad y por tanto la inhabilitaba como pensamiento más general que tiene consecuencias sobre la manera de interpretar la opresión histórica en clave de género. Es por tanto un espacio abierto, de diálogo y en revisión continua, un campo fértil donde estamos muchas personas comprometidas. Personas y epistemologías que no necesariamente se nombran feministas, o que no quieren acogerse al vocablo decolonial y hablan más en términos de anticolonial, antimperialista, anticapitalistas pero que igual mantenemos objetivos comunes de cuestionamiento y oposición a una razón imperial racista. Es un momento que también implica un voltear la mirada hacia el pasado, que ha sido desechado y destituido de algún nivel de legitimidad histórica epistémica. Lo que llamo un retorno a la comunidad o lo comunal. https://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-vision-hegemonica-eurocentrica-racista-y-burguesa/ Feminismo comunitario: El feminismo comunitario contribuye a ampliar el sujeto y el objeto de los feminismos, y ayuda también a pensar desde los feminismos (plural) y no desde un feminismo occidental y hegemónico que tiene a una sujeta política a veces bien diferente de la reivindicada desde el feminismo comunitario. La intersectorialidad es parte constitutiva de este movimiento epistémico diferente: el feminismo comunitario, que tiene raíz indígena, rescata las luchas ancestrales de las tatarabuelas (con intención de descolonizar la categoría género), y se presenta como la contracara del feminismo hegemónico porque no plantea una confrontación intergéneros por los derechos individuales, sino que afirma el ser-mujer desde la comunidad, vista ésta como un cuerpo en donde varones y mujeres no podrían escindirse. Este feminismo denuncia la existencia de un Patriarcado ancestral y originario, como causante de la ruptura entre varones y mujeres. Julieta Paredes, referente del feminismo comunitario boliviano, plantea que los lineamientos de políticas públicas, desde la matriz del feminismo comunitario, deben inscribirse en 5 campos de lucha y acción: cuerpo de las mujeres, espacio de las mujeres, movimiento organizativo y autónomo de las mujeres, memoria (reconociendo un Patriarcado pre-colonial) y tiempo de las mujeres (Paredes, 2014). http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/4786/3924

3.2.1 La migración como concepto colonial

Para entender las migraciones hay que partir de una mirada decolonial, que ayude a comprender que la colonialidad y el racismo son problemas estructurales que atraviesan todos los ámbitos. Es así que la migración debe ser interpretada en los contextos socio históricos en que se produce y cuestionando el discurso hegemónico que las describe según sus intereses. Los procesos de colonización llevados adelante por los países europeos, han dado lugar a la existencia de un norte enriquecido y un sur empobrecido. Esto es posible gracias a la organización racial de las sociedades, el trabajo y la economía. La colonialidad que antes llegaba con barcos cruces y pólvora, ahora en el neocolonialismo, se impone con transnacionales, ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. Como consecuencia, las fronteras se cierran para las personas, pero no para las materias primas y mercancías. Este constante saqueo y empobrecimiento, es el que da origen a las migraciones. Sobre la esencia colonizadora racista se levanta el capitalismo, a través del saqueo, del extractivismo y las guerras que a su vez generan contaminación, desplazamientos humanos, persecución de dirigentes en defensa de sus territorios, destrucción y muerte.

En los últimos años, dentro de la narrativa hegemónica, hablar de movimientos migratorios es hablar de lo que llaman “crisis de refugiados y refugiadas”. Es importante señalar que, ningún país europeo está entre los 10 países que más personas refugiadas recibe. Es más, casi la totalidad de las personas refugiadas huyen de guerras promovidas por muchos países europeos además de venderles armas. Entre los países receptores de personas refugiadas se encuentran: Jordania, Turquía, Líbano, Pakistán, Uganda, Bangladesh, República Democrática del Congo, Chad, Etiopía, Irán, Siria.

El feminismo, si bien constituye una de las fuerzas de movimientos sociales más importantes de las últimas décadas, desde su episteme/saber eurocentrado ha ubicado al resto de las mujeres que están fuera del mundo occidental, como oprimidas y subordinadas principalmente por el heteropatriarcado. Indudablemente, el sistema heteropatriarcal representa una de las opresiones que viven las mujeres migradas y racializadas; sin embargo no es el sistema de mayor exclusión e invisibilización: el racismo, la colonialidad y el clasismo son también sistemas de dominación que interseccionan la vida de las mujeres.

Hoy sabemos que no existe una única experiencia de ser mujeres gracias a que en los años 60 dentro del feminismo, surgieron una serie de movimientos como el feminismo negro, chicano, teóricas postcoloniales, que a partir de la experiencia vivida, desarrollaron conocimientos para entender que las relaciones sociales y de desigualdad son más complejas que las relaciones de las mujeres respecto a los hombres. Y, gracias a las luchas y resistencias del movimiento indígena, también sabemos que no existe una única forma de ser y estar en el mundo y que desde el feminismo occidental se ha invisibilizado dicha diversidad de resistencias al imponer una genealogía de las luchas centradas sólo en occidente y en las mujeres blancas; desconociendo aquellas que tienen que ver con el territorio, la soberanía alimentaria, los bienes comunes, cosmogonías ancestrales, etc. Las razones que han generado la invisibilización de otras voces y luchas, se explica por la instauración del ideario de la blanquitud en el proyecto moderno colonial. La blanquitud ha permeado lo simbólico, la cultura, el lenguaje y ha generado privilegios para el mundo blanco. Las personas racializadas, según el contexto en el que se ubican, pueden ser inferiorizadas, subalternizadas porque no reúnen las características necesarias que les propone la blanquitud, y muchas veces trabajan para lograr esos privilegios a costa de perder su manera de hablar, sus costumbres, su cosmovisión, porque la blanquitud ha definido todo lo “no blanco” como inferior. La blanquitud y sus parámetros ha sido impuesta a personas blancas y no blancas; es necesario trabajar para destruirla; no por ser blanca o de piel clara significa que estás sosteniendo el régimen de la blanquitud. En ese sentido, hace falta revisar urgentemente los postulados salvacionistas de los que parten propuestas del feminismo occidental para interpretar un sistema mundo que otorga a un lado la hegemonía y al otro la subalternidad racializada. El feminismo blanco occidental debe ser capaz de deconstruir la colonialidad que reproduce. El reconocimiento de otros feminismos en igualdad de condiciones, constituye la fuerza transformadora a través de la cual se pueden construir puentes desde donde dinamitar las prácticas coloniales que siguen manteniendo a unas con privilegios y a otras con desventajas sobre las que se sostienen sus privilegios.

https://www.emakumeenmundumartxa.eus/wp-content/uploads/2020/12/EMM_dosierra_ES_A4.pdf

https://www.emakumeenmundumartxa.eus/wp-content/uploads/2020/12/EMM_dosierra_EUS_A4.pdf

.2.2 Cadena internacional de cuidados:

Una de las consecuencias que se derivan de las características de los actuales procesos migratorios es la “cadena internacional de cuidados”. Se habla mucho de este concepto, pero se habla poco o no suficiente de la agresión que la misma supone para la mujer migrante. Aquí, en la sociedad de acogida, la conciliación familiar, derivada del tema de los cuidados (soportados mayoritaria por mujeres), se ve amortiguada de manera muy importante por la aportación laboral de personas migrantes (mayoritariamente mujeres).

Mujeres migrantes que han delegado, en sus países de origen, sus tareas de cuidados en otras mujeres (madres, hermanas,), países donde las condiciones de conciliación familiar son generalmente más desfavorables. Mujeres migrantes que se ven, a su vez, desasistidas por las leyes de conciliación de la sociedad de acogida: no se les reconoce, para la concesión de ayudas o prestaciones, las cargas familiares que tienen en sus hogares de origen; no tienen acceso a permisos retribuidos en casos de reagrupamiento familiar, de cónyuges o hijos e hijas (frente a los permisos retribuidos por matrimonio, pareja de hecho, natalidad o adopción).  Mujeres migrantes que también se ven abocadas a los nichos laborales más desregularizados; no es casualidad que el trabajo de las empleadas del hogar y de los cuidas sea el único sector laboral no incluido en el régimen general de la Seguridad Social y las consecuencias que de ello se deriva.

En definitiva, las leyes de la sociedad de acogida no reconocen las cargas familiares, en origen, de mujeres que han migrado para aliviar las cargas familiares de otras mujeres, de la sociedad de acogida, a las que, esas mismas leyes, si les reconocen sus cargas familiares.

3.3 Características e la migración de mujeres en Canarias

Las mujeres migrantes en general, y las procedentes del continente africano y del asiático en particular, no aparecen en las narrativas migratorias y si lo hacen quedan en un segundo plano, en espacios de subordinación o de victimización secundaria. En el caso de las mujeres africanas que son el total de las migrantes de la llamada «ruta canaria» además reciben una fuerte presión social construida tanto sobre el estereotipo de la africanidad como sobre los clichés de la mirada patriarcal.

Son muchas las mujeres protagonistas de su migración y que llegan a Europa después de una experiencia de tráfico que las cambiará para siempre. Según datos extraídos del Informe DDHH Frontera Sur de iridio 3 de cada 10 personas que cruzan la ruta atlántica mueren, estamos ante una tasa de mortalidad del 32,1% y según la ONU 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas han sido víctimas de violencia sexual y muchas son víctimas potenciales de las redes de trata. Así estamos ante unas mujeres que han visto la muerte y las violencias de cerca durante unos trayectos marítimos que pueden ir de los 8 días a las 48 horas, pero que vienen precedidos por meses o años de travesías y rutas migratorias no seguras. Por todo se hace imprescindible entender sus resistencias en su diversidad, no dentro de una única identidad africana homogénea con mirada neocolonial. Ser mujer y migrar es sin duda más peligroso que ser hombre y migrar por ello las mujeres migrantes son y serán resistencia.

Según cifras de la Cruz Roja de 2020 el 15% de las personas migrantes que han llegado por mar a las Islas Canarias eran menores y un 5% eran mujeres, en el mismo informe explican que el 70% de las mujeres lo hacen a través de gran Canaria, sólo el año pasado se contabilizaron 1.117 mujeres llegadas de las rutas migratorias marítimas y 3462 menores.

El análisis sobre los motivos migratorios de las mujeres africanas tampoco los acostumbramos a leer en narrativas desagregadas, y las cifras responden a menudo a construcciones sociales preconcebidas o simplemente a datos extraídos de la migración masculina. Si bien es cierto, como ya hemos llamado con anterioridad, que la causa primera de los movimientos migratorios actuales están emparentadas con un pasado colonial y con un presente extractivista también es cierto que existen otras causas que empujan a las mujeres a la migración. Según la ONU Entre los 25 y 34 años, la brecha de pobreza entre las mujeres y los hombres es especialmente grave por el hecho de que las mujeres luchan por combinar un trabajo remunerado con una distribución desigual en el cuidado de niñas, niños y otras personas dependientes. A escala mundial, por cada 100 hombres pobres en este grupo de edad, hay 122 mujeres.

Los movimientos de población contemporáneos se caracterizan, fundamentales para cuatro elementos: por la diversidad de países involucrados; la globalización; la complejidad de sus causas y la feminización. La creciente presencia de mujeres en las corrientes migratorias internacionales se vincula con la feminización de la pobreza y de la fuerza de trabajo. En este sentido, Sandra Gil (2006) subraya que las migraciones Sur-Norte pueden ser interpretadas como una estrategia de resistencia de familias y poblaciones a las condiciones de empobrecimiento y desigualdad creciente, resultado de los modelos de desarrollo implantados en las últimas décadas. En esta misma línea apunta Saskia Sassen (2003) señalando las conexiones sistémicas entre el impacto de las políticas económicas aplicadas en los países en desarrollo, el empobrecimiento de estos países, el crecimiento de los circuitos alternativos transfronterizos y la feminización de estos (Dacougna y Téllez 2015).

Tampoco podemos perder de vista que el hecho migratorio implica dos orillas y un tráfico. En este sentido las mujeres también son protagonistas de la migración en sus territorios de origen, sobre todo lo son aconteciendo las únicas sustentadoras de las familias donde los miembros masculinos han migrado. En los países de destino las mujeres migrantes suponen un porcentaje más elevado en la fuerza de trabajo que las personas no migrantes, hablamos de un 72,7% de frente a un 63,9% de y representan cerca de un 75% de todas las trabajadoras de la cadena de cuidados en los países del norte global.

Las mujeres migrantes en Canarias además representan la justicia y la acción política, un ejemplo es el caso de la madre de la Séphora que consiguió que el patrón de la patera en la que murió su hija recibiera una condena de ocho años de prisión, una sentencia sin precedentes, otro ejemplo es de la asociación de Mujeres Africanas en Canarias que nació como asociación para la necesidad de hablar por ellas mismas, contar sus historias.

Recién llegadas las mujeres no suelen ser ubicadas en los campamentos con los hombres, existe además mucha opacidad de los espacios y dispositivos destinados para las mujeres, esta poca transparencia implica una falta de información hacia ellas mismas que las hace desconocedoras de su situación. Además, la mayoría llega con niños, el procedimiento indica que se debe verificar la consanguinidad de los menores con la madre (o con la persona adulta que las acompaña) para confirmar la relación de parentesco se realiza un prueba de ADN, un procedimiento que debería durar como mucho unos días ha llegado a prolongarse durante meses añadiendo más sufrimiento innecesario a la vivencia de estas personas. A raíz de la separación sistemática de madres de hijos algunas mujeres se han organizado para reclamar sus derechos y la aceleración de facto del trámite.

La Fiscalía de Las Palmas justificó que este protocolo es una medida de precaución aplicada para evitar sucesos que ocurrieron hace años, en los que se localizó a personas que utilizaban niños para conseguir arraigo en Canarias o para llevarlos a Europa para traficar con menores. «Es una indicación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo», aseveró la fiscal jefe de la provincia, Beatriz Sánchez, a pesar de que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife esta medida no se aplicaba según declaraciones a eldiario.es 7 de marzo de 2021, además el derecho de asilo, el derecho de viajar a península, el derecho a sanidad y en especial a sanidad obstétrica ya la salud mental, la falta de traductoras, de asesoramiento letrado … son sólo algunas de las formas que toma el racismo institucional, la xenofobia y las violencias patriarcales en especial contra las mujeres y niñas. Muchas de las situaciones de vulneraciones de derechos contra las mujeres y menores se han justificado por motivos de la pandemia del Covidien, pero hay que recordar que la excepcionalidad jurídica no ha emergido ahora con la situación sanitaria mundial.

4. Infancia migrante:

4.1 Contextualización

uebas de ADN para acreditar el vínculo materno filial. Otro caso parecido ocurrió en octubre del 2020 en Gran Canaria con una niña de 11 años que fue separada de su padre y trasladada durante un mes a un centro de menores a pesar de llevar consigo el pasaporte. Finalmente se reconoció el error y fue devuelta con sus padres

Por su lado, el estado español sigue sin tener un plan general de atención para los niños y las niñas que viajan solos ni ha establecido un reparto equitativo al respecto entre las diferentes comunidades autónomas; así, vemos como para el caso de Canarias solamente se han ofrecido desde la península 100 plazas de acogida para menores (40 en Cataluña, 25 en Castilla y León, 10 en Navarra, 15-20 en Cantabria y 18 en Valencia), cifra totalmente insuficiente y las cuales no han podido materializarse todavía por cuestiones burocráticas. El gobierno canario mientras tanto ha desplegado unos 20 centros de acogida para menores, los cuales se encuentran totalmente saturados.

En el año 2018, España recibió casi 7.000 niños y niñas no acompañados que colapsaron los servicios de acogida de menores de Andalucía, Ceuta y Melilla y en 2020 la historia se ha repetido en Canarias, sin que se haya avanzado un plan para la distribución solidaria de éstos en España, plan que sigue atascado desde finales de 2019.

4.2 Violencias: principales violaciones de DDHH a las que tienen que hacer frente

1. Falta de asistencia letrada en llegada: La falta de asistencia jurídica dejó a miles de personas migrantes desprotegidas frente al ejercicio de sus derechos. Este derecho es clave por varias razones. La primera es que las personas se encuentran retenidas con fines de identificación y determinación de su situación jurídica, por lo que conocer sus derechos es clave para identificar las posibles soluciones; segundo, porque permite realizar un trabajo de detección y asistencia jurídica temprana a personas en situación de especial vulnerabilidad o solicitantes de protección internacional; tercero, porque esta información permite a las personas migrantes la determinación del camino legal por el que quieran optar en función de su situación.

2. Nula identificación y, por consiguiente, protección de personas con perfiles de especial vulnerabilidad: Durante los cuatro meses en que permaneció el campamento en el muelle se produjeron fallos sistemáticos en la identificación de perfiles susceptibles de especial protección: menores no acompañados, potenciales solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, personas con discapacidad, etc.

3. Retenciones ilegales por más de 72h: La falta de espacios de acogida organizados para la recepción, así como la obligatoriedad de desarrollar cuarentenas por la COVID19, provocaron situaciones en las que las personas migrantes fueron privadas su libertad de movimiento por períodos indeterminados de tiempo.

4. Condiciones inhumanas e insalubres en el muelle de Arguineguín y otros recursos de acogida: Someter a miles de personas a privación de su libertad, obligándoles a vivir en condiciones inhumanas: retenidas durante semanas, con la misma ropa, durmiendo en camastros o sobre el suelo, sin acceso a agua para mantener una higiene y con una limitación del uso de aseos, ha sido causa de múltiples denuncias emitidas por organizaciones diversas, como Cáritas o Médicos del Mundo, alegando el trato inhumano que miles de personas sufrieron en el muelle de Arguineguín.

Situaciones de este tipo se reprodujeron en los puntos de primera acogida de todas las islas, como se constata en el citado informe del Defensor del Pueblo, en el que se recogen estas vulneraciones en el Aula de la Naturaleza del Hierro, en el CATE de Adeje o en el muelle de Puerto del Rosario.

4.3 El trabajo de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife

La Asamblea de Tenerife ha tenido un trabajo de especial relevancia en el acompañamiento y la denuncia de la situación de los menores no acompañados (todo son niños, no se detectaron niñas en esta situación) en recursos de acogida para personas adultas, reproducimos a continuación el informe de su actividad en esta área.

En estos meses (desde febrero de 2021) la Asamblea detecta la presencia de menores de edad en los hoteles gestionados por Cruz Roja, en el campamento de Las Raíces gestionado por ACCEM y en el de Las Canteras gestionado por OIM. Centros todos ellos de Atención Humanitaria destinados a personas migrantes mayores de edad.

Las actuaciones de la Asamblea son:

– Denuncia pública en redes y medios de comunicación.

– Comunicación a la Fiscalía de Menores y la Sección de Extranjería de la Fiscalía.

– Dejar constancia en los Servicios Municipales de la presencia de menores (absentismo escolar, Servicios Especializados en menores)

– Asesoramiento legal, a través de abogada asignada a la Asamblea.

– Clases de español, realización de actividades deportivas, atención médica, etc.

– Seguimiento de su situación.

– Apoyo a las familias que se encuentran en centros de acogida en sus reivindicaciones y necesidades básicas.

En un principio parece que el papel de la Asamblea tiene que centrarse en comunicar a la Fiscalía de Menores la presencia de éstos. Son los propios niños los que se dirigen a miembros de la Asamblea solicitando apoyo. Muchos tienen documentación que indica su minoría de edad. En la actualidad (mayo de 2021), la fiscalía de Menores deja de tener competencias en la materia. En adelante será la Sección de Extranjería la encargada de determinar su mayoría o minoría de edad.

El día 11 de febrero 27 menores inician una huelga de hambre en el hotel Playa Real (El Nogal) en Fañabé, en el sur de Tenerife, para denunciar su situación. Estos adolescentes cuentan con documentación que acredita su condición de menor de edad y llevan meses en el recurso. Esta acción de los menores visibiliza su situación. La Asamblea ofrece acompañamiento y denuncia públicamente. La acción de los menores logra que en lugar de ser trasladados a los campamentos para adultos se les traslade temporalmente a otro hotel.

Al tiempo, el 24 de febrero un grupo de 4 menores se niega a ser trasladado desde el Hotel Concordia del Puerto de la Cruz hasta el Campamento de las Canteras. Esta negativa hace que la Asamblea se presente en el momento del traslado verificando que las instrucciones que Cruz Roja da a los menores es que han de trasladase o quedaran en la calle. Tras contactar con policía local y Servicios Sociales, y dejar constancia escrita en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el grupo, acompañado de otros menores del Hotel, se traslada a la Fiscalía. Finalmente ésta envía a los 4 menores a un centro de menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Este ingreso es provisional hasta la determinación de su edad por parte de la Fiscalía, hecho que se ha producido mientras redactamos este texto.

El 17 de marzo, 61 menores de un grupo en el que se encuentran otros menores y numerosos mayores de edad y que Cruz Roja tiene previsto trasladar al campamento de las Canteras gestionado por OIM, se niega a ser trasladado. Algunos de estos menores son los mismos que habían estado en huelga de hambre en el sur. Esa misma noche la Fiscalía ordena el ingreso inmediato de 20 de ellos en un centro de menores del Gobierno de Canarias. De los 41 restantes alguno ya había sido valorado por la Fiscalía como mayor de edad. Ninguno sabía que podía solicitar abogado de oficio para recurrir la resolución de mayoría de edad. Al no ser detectados en el momento de llegada, los menores cuentan con orden de devolución y desconocen quién es su abogado/a de oficio y si ha recurrido la devolución. Finalmente y tras pasar una noche en la calle, los 41 son trasladados a las Canteras, sin que hubiera otra alternativa de alojamiento para ellos.

En los siguientes días, varios menores del campamento de Las Raíces son acompañados por la Asamblea a Fiscalía e ingresados en centros de menores. La Fiscalía ordena el ingreso en centros de menores de un grupo numeroso que se encontraba en Las Canteras, en el compromiso adquirido con la Asamblea en reunión mantenida en los días anteriores. Eso que parecía una victoria y por tanto un camino para la actuación de la Asamblea se convierte pronto en una trampa.

En las siguientes semanas los menores que siguen estando en el Campamento de las Raíces son trasladados junto con personas adultas a centros ubicados en Madrid, Murcia y otras provincias, donde permanecen en la actualidad. Estos traslados no hacen sino ahondar en la vulneración de sus derechos, al tratarlos como personas adultas. Tras meses de privarles de educación, de medidas para su integración y de un trato como menores, se ignora el principio del interés superior del menor por el que antes de tomar una medida sobre ellos se han de adoptar aquellas que promuevan y protejan sus derechos.

Lo que de hecho está ocurriendo es que los niños están siendo trasladados a centros de las diferentes comunidades autónomas en calidad de mayores una vez las entidades les han iniciado solicitud de asilo, y que aquellos adolescentes trasladados a centros de menores en Tenerife, se ven perjudicados por el modelo utilizado en la determinación de su edad, por lo que poco a poco van siendo valorados como adultos tras meses de espera sin actividad alguna y a la sola determinación de su edad. Este modelo para la determinación de la edad utilizado por la Fiscalía, deja desprotegidos a adolescentes de 16 y 17 años de manera habitual, siendo expulsados de los centros de menores con una resolución de mayoría de edad y sin posibilidades de recurrir, dado que su corta edad, la dificultades por el idioma y el no contar con una figura tutora, hace imposible que dichos menores sean capaces de solicitar abogado/a de oficio que presente un recurso contra dicha resolución, y con la consecuencia de que permanecen hasta su mayoría de edad sin tutor/a legal que les ampare y vele por sus intereses y desarrollo. Al mismo tiempo da la falsa imagen de que son adultos y les presenta ante la sociedad como si de “caraduras” se trataran, cuando en realidad son víctimas, más cuando han cumplido 16 ó 17 años en los centros de adultos, pues llevan aquí más de seis meses.

De ahí que si inicialmente llevarlos a la Fiscalía parecía una solución, se convierte en una trampa. Una vez determinados como mayores de edad, la cosa se complica.

Por otra parte, se informa al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de la presencia de menores. Se comunica que se encuentran sin escolarizar, y la existencia de posibles factores de riesgo o situación de desamparo que les pudieran estar afectando. Y se detecta que hay menores en situación de calle en el sur de la isla. Se realizan acompañamientos a una abogada asignada a la Asamblea. El trabajo de alguna abogada de oficio da como resultado el ingreso provisional en un centro de menores de uno de ellos. La determinación de la edad sigue siendo el mayor problema una vez detectado el menor, que deja en un limbo a los adolescentes quienes, tras la determinación como mayores, pasan a a ser administrativamente mayores teniendo documentación como menores y quedando desprotegidos por el sistema.

El Centro de Acogida Integral (CAI) de Santa Cruz de Tenerife es otro recurso en el que se ven vulnerados los derechos de la infancia. La Asamblea apoya a las familias, que denuncian la mala gestión en atención sanitaria, escolarización, la asistencia y seguimiento a mujeres embarazadas, las actividades de formación o la comida.

4.4 Servicios en las islas.

En cuanto a los servicios en las islas sabemos que muchos menores han estado acogidos en recursos para adultos; aún y así, el Defensor del Pueblo en su último informe expone la ubicación de centros de acogida para menores extranjeros no acompañados también en Tinajo, Gáldar y Los Llanos de Aridane. Por su parte, según fuentes del diario.es, el Cabildo de Gran Canaria adjudicó a fecha de agosto del 2020 31 nuevos hogares de acogida para menores, con un total de 261 plazas y con una dotación económica de 5.7 millones con un plazo máximo de seis meses debido a la situación de emergencia, bajo la promesa de la duplicación para poder dar continuidad a dichos servicios. Cinco son las organizaciones que gestionan estos centros: Mensajeros de La Paz, Fundación Diagrama, Aldeas Infantiles, Cruz Roja y la Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Nuevo Futuro.

5. Anti-militarismo: 

5.1 La militarización en Canarias

Extraído de  https://alegando.com/la-militarizacion-en-canarias/

Si no estamos familiarizados con el término, podríamos entender (y haríamos bien) que la militarización consiste en el control militar de un territorio sobre el que, normalmente, alguna empresa transnacional tiene ciertos intereses (petróleo, minerales, infraestructuras de comunicación, etc.). Pero es mucho más que eso. No necesariamente tiene que haber un tanque o un ejército para que algo esté militarizado. Basta con que las jugueterías estén llenas de armas, o que, en el cine, la vía más fácil de solucionar conflictos sea matando.

El militarismo no sólo se ha infiltrado en nuestras vidas con el uniforme caqui de camuflaje, sino a través de la promoción sutil de los valores y las lógicas propias del cuartelillo: la cadena de mando, la sumisión, la obediencia ciega, el autoritarismo, la idea del “enemigo”, el control social, la exaltación patriótica, la xenofobia… Hasta el punto de que hemos interiorizado, sin darnos cuenta, muchas de estas actitudes en estructuras de la sociedad tales como la familia, la escuela o el mundo laboral. Porque el militarismo no sólo busca intervenir fuera de nuestras fronteras, sino reprimir la disidencia dentro de ellas.

Según la activista Carmen Díez, vivimos en una “cultura de guerra”. Y su fin es la justificación de las intervenciones en el extranjero, de la sobredotación del ejército, de la jerarquización social o del gasto militar. En este artículo, indagaremos en ello con un caso cercano: la militarización en Canarias.

Estamos en guerra en las fronteras

En su Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, vigente aún a comienzos del año 2021, el Gobierno de España define como “amenazas y desafíos” para la seguridad, entre otros, el crimen organizado, el terrorismo y los flujos migratorios irregulares. De este último “peligro”, se encarga el Frontex, la Agencia europea de detección, vigilancia, gestión y control de fronteras. Aunque su sede general está en Polonia, en Canarias existe una de las más importantes.

El Frontex, además de deportar personas y bloquear los accesos a la UE por mar y tierra, se encarga de lo que llaman la “externalización de fronteras”. Para ello, establecen controles y otras operaciones de disuasión lo más cerca posible de los puntos de partida de los migrantes. La lógica es frustrar los intentos de emigración cuanto antes, para invisibilizarlos a los ojos europeos. Con estos fines, España proporciona apoyo logístico y adiestramiento de los ejércitos locales en el Golfo de Guinea o países como Afganistán, Mauritania, Senegal o Túnez.

«Áreas restringidas» para uso militar: la militarización en Canarias

De las veinte intervenciones militares que tiene España en el exterior, “que siempre nos las pintan tan asépticas y humanitarias” -según Koldobi Velasco, profesora de la ULPGC y miembro de la plataforma Alternativa Antimilitarista de Canarias (MOC)- diez tienen lugar en el continente africano. Canarias aquí cumple un papel esencial. Según Pedro Luis de la Puente, almirante comandante del Mando Naval de Canaria, las islas funcionan como una frontera ‘avanzada’ en África por albergar “algunas de las unidades más modernas con las que cuenta la Armada”.

Las instalaciones militares o de doble uso ocupan un 1% del territorio canario, sin contar con otros 50 km cuadrados “de interés de defensa”, es decir, de disponibilidad inmediata para que destacamentos de los ejércitos de la OTAN puedan repostar, descansar o reparar armamento. Jordi Calvo, investigador y coordinador del libro Mentes militarizadas, sintetiza muy bien la doble función de todas estas maniobras en nuestro territorio: «una, su propio entrenamiento, el día a día de los militares es entrenarse para ir a la guerra; y por otro lado, las maniobras también sirven para normalizar su presencia. Salir a los lugares civiles sirve para generar empatía e intercambio y ayuda a que se acepte su existencia».

Pero, ¿cuáles son estas “áreas restringidas”?

• En la zona este de La Isleta (Las Palmas) y en Adeje (Tenerife) existen basureros de armas de todo el Estado. “Canarias es un lugar de tránsito, comercio y tráfico (tanto legal como ilegal) de armas”, denuncia Koldobi.
• Junto al Puerto de la Luz     (Las Palmas), se encuentra la base naval del Arsenal, sede de las fuerzas de reacción rápidas de la OTAN: los buques de guerra Rayo (P-42) y Relámpago (P-43).
• En el aeropuerto de Gran     Canaria, en Gando, disponen de una base los aviones de     países aliados de España en la OTAN que han bombardeado Mali para “luchar contra el terrorismo de Al Qaeda” en 2013.
• En Maspalomas (Gran Canaria) y la montaña de La Muda     (Fuerteventura) existen dos centros de escucha del espionaje español dirigidos a África.
• La Isleta (Las Palmas) y Pájara (Fuerteventura) han sido     convertidos en centros de entrenamiento de tropas de la OTAN para la guerra en África o Afganistán, debido a sus ambientes desérticos.
• En Lanzarote, se ha establecido una base de grandes drones militares cuyo fin sería «hacer incursiones de vigilancia» en África.
• En El Hierro, existe la intención de instalar un radar para vigilancia aérea en el Pico de Malpaso, como el que ya existe en el Pozo de las Nieves (Gran Canaria).

La militarización de nuestro día a día en Canarias

En Canarias, hay un militar por cada 145 habitantes (si incluimos tanto soldados como guardias civiles). Koldobi Velasco nos pone como ejemplo al otro lado de la balanza el hecho de que, en el 2017, hubiera una trabajadora social contratada (“profesión que sí que sirve a la vida”) por cada 24000 habitantes. Otro ejemplo bastante ilustrativo es que en Canarias contamos con 11 matronas por cada 100.000 habitantes, siendo uno de los territorio con el ratio más bajo de todo el Estado español. En este sentido, la activista y profesora de la ULPG añade: “la militarización está tan incorporada en la estructura en la que vivimos que necesita de maquillaje para no escandalizar”. Una forma de hacerlo es “oenegeizándose”, es decir, actuando en ámbitos en los que un ejército, bien mirado, pinta más bien poco:

• En la educación secundaria. Las visitas “didácticas” a los institutos,     las invitaciones a ferias y a instalaciones militares, los concursos y premios del Ministerio de Defensa… “Es de lo que más nos     preocupa: intentan que lo naturalicemos desde la infancia”, explica Koldobi.
• En las universidades.     Tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran     Canaria participan en proyectos I+D+I militares. Por otro lado, la     ULPGC colabora con el Banco Santander y el BBVA, los dos bancos más     “armados” de España (tres de cada cuatro armas no se podrían fabricar sin la financiación de los bancos).
• En celebraciones     nacionalistas. Desfiles armados, jura de banderas en     distintos municipios… “El nacionalismo español suele ir relacionado con la militarización”, apunta Koldobi.
• En los deportes. Participación en maratones, como la de Gando (Gran Canaria) cada primero de mayo, en carreras ciclistas…
• En actividades culturales. Exposiciones, libros, música… “La banda militar es un     maquillaje más. ¿Qué hace un soldado tocando la pandereta?”.     ironiza Koldobi.
• En el cine. En Fuerteventura, por ejemplo, el ejército ha acompañado el rodaje de películas extranjeras de gran presupuesto.
• En lo religioso. Presencia en romerías y otras celebraciones, la encomienda en misas antes de ir a las guerras…
• En el medioambiente. La Unidad Militar de Emergencia (UME) ayudó repoblar el Bosque     Doramas en Moya, califican de “sostenibles” las maniobras en el     campo de tiro de Pájara (Fuerteventura)… “Cuando no sólo son uno de los principales culpables de la emergencia climática, sino que además atacan a los activistas de Greenpeace que se acercan a las plataformas     petrolíferas de Repsol”, apunta Koldobi.
• En actividades de acción social. Participan en bancos de alimentos, o a través de “Cáritas     castrense” (la versión de la ONG hecha por y para militares)…

¿Cómo desmilitarizamos Canarias?

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que las propuestas de desmilitarización están agarradas por el bolsillo”, explica Koldobi Velasco, ya que “la función principal de los ejércitos es proteger determinados intereses”. Precisamente por ello, “acceder a la información es muy difícil: es un tema tabú en los medios de comunicación”.

Entonces, ¿qué nos queda? “Potenciar una cultura de paz”, responde Koldobi. Para ello, hay un concepto clave: la defensa popular noviolenta. Según María de Lluc Bagur, coautora del libro ‘Mentes militarizadas’, la cultura de la defensa militar es “una estrategia política que tiene por objetivo crear ‘conciencia de defensa’, es decir, conseguir que la sociedad se haga cargo de las amenazas que acechan a su seguridad y comprenda la necesidad de disponer de un ejército para garantizar su protección». “Nos regalan miedo para vendernos seguridad”, añade Koldobi.

La defensa popular no violenta, en cambio, se basa en alternativas surgidas en procesos comunitarios: confluir en Centros Sociales Autogestionados; construir espacios de soberanía (alimentaria, energética, democrática…) y de cooperativismo (de producción y consumo de energías renovables, bancas éticas…) y luchar pacíficamente por la Justicia social y contra las desigualdades y opresiones (fomentando, por ejemplo, el comercio justo).

Entonces, ¿qué nos queda? “Potenciar una cultura de paz”, responde Koldobi. Para ello, hay un concepto clave: la defensa popular noviolenta.

“El objetivo último es que Canarias sea un lugar de paz y solidaridad, libre de ejércitos y militarización”, concluye Koldobi. Ya existen zonas así en el mundo, llamadas ‘neutrales’, como las Islas Åland (Finlandia), el archipiélago de Svalbard (Noruega) o la Antártida. Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar referentes: La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza en La Orotava (Tenerife) e Iniciativa por La Orotava consiguieron aprobar en un pleno en 2010, pese a los votos en contra del Partido Popular y el Partido Socialista Canario, la declaración oficial del municipio como ‘pacifista y antimilitarista’, convirtiéndose en el primero del Estado con esta consideración. En su manifiesto publicado el 26 de noviembre de 2010, la Asamblea celebraba que “desde hoy quedan abolidos de nuestras calles todo acto llevado a cabo por el ejército español, tanto de exaltación como de captación, quedando así también libres de la represión que ello representa”.

Otros enlaces sobre movilización antimilitarista en las Islas Canarias: https://www.elsaltodiario.com/planeta-desarmado/que-hacemos-con-la-defensa-canarias Si desean conocer más de las campañas de Alternativa Antimilitarista-MOC de Las Palmas pueden consultar su blog en: http://canariasporlapaz.blogspot.com/

 

5.2. Posicionamiento y acciones antimilitaristas de CAF y organizaciones participantes en CAF

Desde CAF consideramos que denunciar la producción y  el tráfico de armas en la Unión Europea debe ser una de las líneas fuerza de nuestra actividad por la relación tan directa que tiene ese trafico con los conflictos que provocan el contínuo desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas (como ocurre ahora en el Sahel), y por la responsabilidad de los gobiernos de la UE y de las empresas europeas en ese comercio criminal.

Para Arcadi Oliveres  “el gasto militar mundial anual es 40 veces superior al dinero necesario para erradicar el hambre en el mundo.” El negocio de las armas, no sólo genera destrucción y muerte, y el desplazamiento forzoso de personas que tienen que huir de los lugares que habitan, sino que también  es el mayor negocio a escala mundial.

El estado español se encuentra en el séptimo lugar en el ranking mundial de exportadores/traficantes de armas, y además desoye la normativa internacional sobre la venta de éstas, ya que exporta a países que están bombardeando población civil en conflictos armados, y que tampoco respetan los derechos humanos como Turquía y  Arabia Saudí.

Caravana Abriendo Fronteras  (CAF) ha realizado varias manifestaciones de protesta  antimilitarista en los últimos años:

En 2017 (en el trayecto de CAF a Frontera sur  Andalucia-Melilla) en el polígono de tiro de la OTAN de  las Bardenas en Navarra.

En 2018  en Sicilia en Niscemi junto a una base de la OTAN de radares de control del Mediterráneo, y en Catania frente a la sede central de FRONTEX.

En agosto de 2020 en el marco de la Caravana Europea :

Carovane MIgranti se manifestó frente a las instalaciones militares  de Cameri (Novara, Piemonte), donde se ensamblan los aviones de combate  estadounidenses  F-35.

Rete Antirazzista Catanese lo hizo en la sede central de FRONTEX en Catania y en Pozallo contra la militarización de Sicilia y la base  militar estadounidense de MUOS  (control  por radar del Mediterraneo y norte de Africa).

Caravana Obrim Fronteres País Valencià , en el puerto de Sagunto contra la producción y el tráfico de armas.

y Caravana Caravana Abriendo Fronteras Bilbao  frente a la fábrica de armas ITP Aero Barakaldo y en el puerto de Bilbao, punto de salida de armas para la guerra de Yemen.

Lo más reciente es la acción de protesta realizada en las Palmas de Gran Canaria el 6 de junio de 2021, pidiendo la abolición de Frontex y empapelando  (en nombre de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, Alternativa Antimilitarista-Movimiento de Objeción de Conciencia, Acción Directa no Violenta y Caravana Abriendo Fronteras) la fachada del Centro de Coordinación Regional de Canarias, donde trabaja Frontex, con la lista de los nombres de las más de 40.000 personas asesinadas desde 1993 por las políticas migratorias inhumanas de la Unión Europea

A nivel  europeo hay  también colaboración con organizaciones locales por parte de OEE/ LGEA (La Guerra Empieza aquí), en el seguimiento y denuncia del tráfico de armas  en los  puertos mediterráneos de Motril y Sagunto, así como  en Cagliari, y Génova. De la mano de organizaciones antimilitaristas de estas dos ciudades se ha participado directamente en la presentación del documental  «La Guerra empieza Aquí» en varias ciudades de Cerdeña y en el norte de Italia en septiembre de 2019 y enero de 2020.

En el estado español  en el Norte ha habido también colaboración  en este terreno entre organizaciones  participantes en CAF y otros colectivos.

Desde Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) en unión con otros movimientos antimilitaristas se consiguió en 2018  paralizar  el tráfico de armas desde el puerto de Bilbao con destino a la guerra de Yemen, como refleja el  documental «La Guerra empieza Aquí». El tráfico de armas, sin embargo, se trasladó al puerto de Santander y también ahí «Pasaje Seguro Cantabria» ha llevado a cabo numerosas acciones contra la exportación de armas con el mismo destino.

Ambas plataformas, junto con «Burgos por las personas refugiadas» han realizado acciones conjuntas en Bilbao, Santander y Burgos (Páramo de Masa), lugar donde está reubicada EXPAL (Explosivos Alaveses), ahora con el nombre de MAXAM. Desde esta empresa salieron miles de toneladas de armas en buques saudíes para la guerra en Yemen a través de los puertos de Bilbao y Santander.

En Euskal Herria se han realizado también varias protestas contra las numerosas empresas de armas allí existentes y tres ferias antimilitaristas con paneles explicativos de sus «productos» y de las consecuencias que generan en las poblaciones que sufren la guerra.

6. Desapariciones y asesinatos en frontera

“De la sal a la tierra. Sin vida y sin nombre”. Se abre con estas palabras la declaración de la Asamblea de apoyo a migrantes en Tenerife. Aparece, entre mil, en las páginas sociales.

Veinticuatro personas enterradas, sin nombre, en el pequeño cementerio de San Francisco de Igueste de Candelaria. La política europea de la muerte se despliega con toda su monstruosa eficacia, en un aparente silencio.

Otros cuerpos, otrxs desaparecidxs en el mar y en la tierra. “De la sal a de tierra”.

Son imágenes y dinámicas que se repiten, y que hemos visto ocurrir muchas veces y en muchos sitios a lo largo de nuestra pequeña historia.

En nuestras mentes vuelven imágenes de otras fronteras: el cementerio de desconocidos de Zarzis, en Túnez, los calcificados por el sol en la costa siciliana, el pequeño cementerio de montaña en la frontera italo-francesa. También aquí, pequeños grupos de personas presentan sus últimos respetos a personas sin nombre. ¿En qué idioma? ¿para qué Dios?

También la imagen de Jalila que regresa a Túnez con los cuerpos de sus dos hijos, después de una larga batalla para arrancarlos del olvido de la tierra italiana- nos sitúa ante la muerte y antes las consecuencias de la políticas migratorias europeas.

Está bastante claro que detrás de estos proyectos de muerte hay planes para la defensa violenta de las fronteras europeas. El mensaje es claro: nunca llegarás aquí, morirás, desaparecerás, y -en el “mejor” de los casos, serás devueltx a tu lugar de partida o te encontrarás detenidx en condiciones deshumanas en uno de los muchos campamentos en los límites de la “fortaleza”. Si pasáis, os encontraréis esclavizadxs, sin derechos en las ciudades, en los campos, en los lugares de trabajo.

Es fundamental responder a esta lógica sacando a la luz lo que a esas políticas europeas les gustaría mantener oculto.

Hay que retomar el tema de estas muertes, naufragios, desapariciones, y no dejarlo caer. Reunirnos -en la medida de lo posible- con las familias que buscan a sus seres queridxs, en un incremento constante de relaciones. Tal y como han hecho y hacen las Madres Centroamericanas desde hace décadas.

En las Islas Canarias este año estarán representadas muchas fronteras, de los cuatro puntos cardinales, desde Lampedusa a Trieste y los Balcanes, desde las fronteras franco-italiana y franco-española a la Frontera Sur del Estado español, Ceuta y Melilla, desde las fronteras del Mediterráneo y Atlántico a la frontera mesoamericana.

Es necesario construir, en torno a este tema, un compromiso internacional que incluya momentos de acción y de denuncia distribuidos a lo largo del año. En diferentes lugares y con diferentes iniciativas, que otorguen a la Caravana un carácter de viaje permanente y multisituado. Además, esta Caravana puede representar la ocasión para relanzar la construcción de la red mundial de Madres/Familiares en búsqueda de sus hijxs desaparecidxs, lanzada en la cumbre mundial de 2016 en Ciudad de México.

El viaje a Canarias de este verano nos parece una ocasión importante para reflexionar conjuntamente sobre el significado que queremos dar a nuestras acciones, buscando maneras de enfocar en nuevos términos el “gran debate” entre la acción humanitaria y la acción de reivindicación política o confrontación. La pregunta que se podría hacer es: ¿se trata de una dicotomía insuperable o de conductas que se retroalimentan? Nosotrxs tenemos la convicción de que los mismos gestos se pueden significar de muchas maneras y creemos posible, y -además- necesario, implementar acciones de apoyo y de cuidado muy practicas y -al mismo tiempo- profundamente políticas. Mientras que un compromiso exclusivamente humanitario se limita a aliviar el sufrimiento sin intentar intervenir sobre las causas que lo producen, un compromiso político es ante todo una resistencia a una organización de la vida social basada en la explotación de los seres humanos y de la naturaleza, llevada al límite de la devastación. Es también un intento de construir puntos de solidaridad social que puedan ampliarse y profundizarse constantemente y que puedan contribuir a construir nuevos imaginarios.

En este sentido la participación en la Caravana de Gian Andrea Franchi y Lorena Fornasir (Linea d’Ombra), que en estos años -al curar todos los días los pies destrozados de miles de personas migrantes que han recorrido la ruta balcánica-  han reflexionado mucho sobre el cuidado como forma de resistencia y  como nueva practica política, ofrece una ocasión de dialogo importante en este sentido.

Al compromiso que queremos dedicar a las muertes y desapariciones en los canales migratorios, creemos que hay que añadir, aunando esfuerzos en otros países y en otras fronteras, un Observatorio sobre las violaciones de los derechos humanos que realiza Frontex.

Finalmente, el viaje a Canarias de este verano nos parece una ocasión importante para reflexionar conjuntamente sobre el significado que queremos dar a nuestras acciones, buscando maneras de enfocar en nuevos términos el “gran debate” entre la acción humanitaria y la acción de reivindicación política o confrontación. La pregunta que se podría hacer es: ¿se trata de una dicotomía insuperable o de conductas que se retroalimentan? Nosotrxs tenemos la convicción de que los mismos gestos se pueden significar de muchas maneras y creemos posible, y -además- necesario, implementar acciones de apoyo y de cuidado muy practicas y -al mismo tiempo- profundamente políticas y capaces de construir nuevos imaginarios.

7. Una reflexión para acabar: La instrumentalización política, social y económica de las migraciones

La UE y el estado como parte de su frontera sur ha hecho del control, cierre y externalización de fronteras su doctrina migratoria y efectivamente ha tratado la inmigración no como un fenómeno (mucho menos como fenómeno forzado y causado por la propia UE), si no como un problema, y ha logrado patologizar y criminalizar los movimientos migratorios, a través de un discurso centrado en su mayor parte en la Seguridad, pero sobre todo ha sacado rentabilidad: política, económica y social.

• Política: incluir en la agenda política la Extranjería y las Migraciones ha tenido sentido en cuestión de votos, y ha tenido sentido a la hora de justificar recortes de derechos y libertades. Cabe destacar la progresiva derechización del discurso de muchos responsables políticos que no se encuadran en la extrema derecha, pero están basando parte de sus programas electorales en las promesas de control de flujos, recorte de prestaciones y derechos a personas extranjeras, etc… En muchos estados se esta produciendo una renacionalización del sujeto de derecho, incluso desde la defensa de los derechos de las trabajadoras, recuperando un discurso obrero con una diferencia sustancial: vinculando los derechos al origen o etnia de las personas, argumentando desde la discriminación, fomentando la división y el odio. Discursos perversos que hablan de efecto llamada, de ataque, de inseguridad, etc. Todo esto tiene consecuencias terribles: la creación de “zonas grises” entre los partidos identificados como extrema derecha y los demás, que se pelean por el voto y acaban perdiendo la batalla ideológica, porque la ciudadanía prefiere votar al original que a la copia. La inmigración representa en este sentido un laboratorio para experimentar con los límites normativos y la exclusión: recortes que se aplican solo a un colectivo para después aplicarse al resto. Ejemplos sanitario, privatización de los CIE, etc…
• Económica: baste señalar que la inmigración es a día de hoy un negocio muy lucrativo: dinero que no solo se llevan las denominadas “mafias” (contra las que supuestamente lucha Europa, y que sirven de base argumentativa para justificar las políticas de control migratorio) si no los propios estados y las empresas de seguridad, constructoras de muros, las compañías aéreas encargadas de la deportación de extranjeras en situación irregular y un largo etcétera: Las instituciones de la Unión Europea establecieron en 2007 el primer plan para la gestión de las fronteras exteriores y la implementación de las políticas de asilo y de inmigración comunes. La Comisión afirmó que se trataba de conseguir: “Recursos financieros suficientes, flexibles y coherentes son esenciales para consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia y para el desarrollo de la política común de la Unión en materia de asilo e inmigración basada en la solidaridad entre los Estados de la UE y con los países no comunitarios”.

Pues bien, entre 2007 y 2013, la Comisión Europea destinó casi 4.000 millones de euros a través del Programa Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios (SOLID, por sus siglas en inglés), el cual se asentó sobre cuatro instrumentos: el Fondo para las Fronteras Exteriores (LME), el Fondo Europeo para el Retorno (RF), el Fondo Europeo para los Refugiados (FER) y el Fondo Europeo para la Integración de nacionales de terceros países (FEI). De ellos, 2.000 millones, el 50% del total, fueron destinados exclusivamente a partidas para proteger las fronteras de la UE, mientras que solo 700 millones, el 17,5% del total, fueron empleados para mejorar los procedimientos de asilo, los servicios de acogida y el reasentamiento y la integración de refugiados, y esto hablando solo de personas potencialmente asilables…

Por tanto, los Estados de la Unión Europa destinaron casi el triple a proteger sus fronteras que al refugio. En España, la diferencia fue si cabe más radical. “El Gobierno español ha destinado en el último lustro casi 290 millones de euros a sellar las fronteras españolas y menos de 10 millones a la acogida de refugiados”

Aterrizando en el estado, cabe mencionar que desde 2014 hasta 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660,4 millones de euros a las empresas del negocio antimigratorio a través de más de 1.677 contratos públicos, la mayoría sin concurso público. Todos estos contratos están disponibles en esta base de datos abierta de porCausa. De estos contratos el 54% de los fondos pertenecen al Ministerio de Interior (enfoque securitario en las políticas migratorias). En realidad, las cantidades comprometidas serían mucho más altas. Quedan afuera subvenciones, fondos reservados, o los gastos asociados al despliegue de policía y guardia civil en terceros países. Además, en el marco de la propuesta de 2018 de la Comisión Europea para el futuro Horizon Europe (2021-2027), la Unión Europea “intensificará su rol como proveedor de seguridad y defensa con una asignación de 30.800 millones de euros a migración y control de fronteras (2.7% del presupuesto total y 207% más que el período anterior), 24.300 millones de euros irán a seguridad y defensa (2.1% del total), así como una gran parte de los 100.000 millones para innovación y la economía digital”. (información extraída del artículo https://www.elsaltodiario.com/migracion/industria-migratoria-negocio-lucrativo-sobredimension y de diversos materiales de investigación publicados por https://porcausa.org/proyecto/investigaciones-porcausa/

• Social: a través de la creación de un imaginario colectivo, en el que se construye la imagen de las personas migradas y/o racializadas desde la otredad la inferioridad. Se suele incidir en la responsabilidad cultural, moral o jurídica de las personas emigradas en hechos que ocurren en la sociedad. Aquí se habla y se trabaja la inmigración como un problema, y siempre predomina el discurso autóctono blanco y/o no extranjero frente a quienes quedan invisibilizados o relegados a posiciones inferiores. La diferencia no está bien representada por parte del sistema de comunicación colectivo, sino que lo que prima es una visión que resalta aspectos que estigmatizan a determinados colectivos, los medios de comunicación tienden a reconstruir lo sucedido más que a informar (es recurrente como el origen nacional se resalta en noticias que tienen que ver con la comisión de delitos o percepción de prestaciones y tiende a desaparecer de otras noticias, incluso cuando son víctimas) Las formas de desavalorización de lxs otrxs han llevado a construir identidades sociales excluyentes que funcionan en base a estereotipos y prejuicios que alimentan todas las formas de discriminación étnica, de clase y de género. La diferencia forma parte de todos los discursos del poder que oscilan entre la exclusión o negación del otro a través de estigmas y la asimilación de la diferencia a través de políticas de integración que transforman lo propio en universal.

Todas las estrategias de criminalización de aquellas formas de vida disidentes (precarización/desregularización) de la clase trabajadora van orientadas a justificar socialmente la represión y la exclusión de derechos y las personas que quedan atrapadas entre la victimización y la criminalización. Se legitima así un modelo de desarrollo que supuestamente no provoca efecto huida (no expulsa a personas de sus regiones o países) sino efecto llamada, que como ya hemos sufrido ha servido de excusa para el recorte de derechos y libertades, para reformar y recortar y sobre todo para redefinir quiénes son sujetos de derechos tan fundamentales como prestaciones sociales básicas, vivienda o sanidad.

Otro de los aspectos que definen la “rentabilidad social” de las lógicas discriminatorias es todo lo que tiene que ver con la Apropiación cultural: Es lógico pensar que algunas, unas cuantas expresiones culturales “autóctonas”, esta palabra entrecomillada porque como también sabemos, las culturas no son estáticas si no que mutan y se entremezclan, aunque esta mezcla no se da en condiciones de igualdad, si no que viene marcada por las relaciones de poder existentes en cada época. Estas expresiones culturales están profundamente impregnadas por las múltiples violencias estructurales que hemos ido viviendo a lo largo de los años, es cierto que evolucionan con nosotras y nosotros, pero a ritmos que a veces resultan desfasados, sobre todo para la parte privilegiada de la sociedad, es decir aquella a la que no se hace alusión porque se considera normailzada, aquella que se libra de la burla o aquella que siendo sujeto de la burla sigue manteniendo una posición discriminada dentro de la sociedad, la que sigue en lucha por la defensa del reconocimiento de sus derechos mientras sigue siendo considerado elemento cultural (cosificado) o excluido de parte de las expresiones culturales consideradas autóctonas.

Es necesario replantearnos el hecho de que nuestro sistema ha estado y continúa estando profundamente impregnado y atravesado por el racismo, el colonialismo, el machismo, y un largo etcétera de violencias basadas en las relaciones de poder existentes. Es justamente esta parte privilegiada autóctona paya la que sigue ostentando la representatividad y el poder de generar y mantener expresiones culturales y creemos necesario reflexionar qué parte de todo este sistema queremos seguir transmitiéndonos, qué valores nos representan y quiénes forman parte activa de la representación.