Colectivas, organizaciones, activistas y personas migrantes que conformamos la Caravana Abriendo Fronteras, alzamos la voz para denunciar un año más las políticas europeas que violan nuestros derechos humanos. En esta ocasión, emprendemos ruta hacia Calais (Francia). Se trata de uno de los puntos «calientes», una nueva frontera exterior de nuestro espacio común desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y origen de gran parte de las salidas de personas que intentan cruzar el Canal de la Mancha rumbo a las islas británicas.
Diferentes informes documentan cómo los asentamientos de las personas migrantes en Calais son arrasados sistemáticamente por la policía, con más de 950 desalojos violentos durante 2020, una práctica de hostigamiento, violencia y criminalización, que se extienden hasta las playas del norte de Francia.
En un símil a la situación que reconocemos en las rutas migrantes hacia España por la frontera sur, la presión policial impuesta por el gobierno británico y tolerada por las autoridades francesas en la zona del Canal de la Mancha, obliga a realizar las salidas desde puntos cada vez más remotos, incrementando el riesgo de naufragio y muerte durante la travesía. Desde el año 2000, más de 400 personas han muerto en su intento de cruce: ahogadas, atropelladas por trenes o aplastadas por camiones en el Eurotúnel.
En un contexto de retroceso evidente en el reconocimiento del derecho de asilo y de los derechos humanos, la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), promovido por la Comisión Europea y ratificado por los Estados miembros, impulsado muy fuertemente bajo la presidencia española del Consejo de la UE, con el apoyo explícito de casi todos los partidos del arco europarlamentario, ha consolidado un nuevo escalón en las necropolíticas fronterizas.
Como venimos advirtiendo desde el inicio de su tramitación, este pacto refuerza un sistema de fronteras que mata, legaliza las violencias que llevamos años denunciando y extiende la cultura del odio. Su aprobación ha traído consigo la proliferación de discursos xenófobos, racistas, machistas y coloniales. Europa, se ha vuelto un territorio cada vez más militarizado, sometido al negocio de la guerra y la muerte.
El PEMA da cobertura legal a prácticas como la detención e inadmisión de ingreso en aeropuertos, sin poder contar muchas veces con asistencia legal ni intérprete y, en ocasiones, sin siquiera condiciones mínimas de alimentación y trato. Al igual que la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), los Centros de Estancia Temporal (CETI), y toda una red de dispositivos represivos de diferente denominación, que suelen coincidir en el hacinamiento y maltrato a las personas recién llegadas.
Lo mismo sucede fuera de nuestras fronteras. El caso de Grecia o Italia, por ejemplo, ha representado un banco de pruebas de lo que ahora se ha institucionalizado, guardias costeras abandonando a compañeras migrantes en balsas a la deriva o acuerdos como el de UE con Libia o Túnez, financiando centros de detención que operan como campos de tortura donde las personas son violadas, esclavizadas y sometidas a todo tipo de abusos.
En definitiva, el nuevo pacto migratorio no solo legaliza estas prácticas: las institucionaliza. Permite que las devoluciones en caliente se multipliquen sin consecuencias judiciales, que los abandonos en alta mar aumenten y que la detención masiva de familias y menores se normalice. Vulnera flagrantemente el derecho internacional y los tratados de protección a la infancia, mientras consolida un sistema de apartheid migratorio donde Europa externaliza sus fronteras, financia a regímenes represivos y convierte a Frontex —una agencia armada, sin control democrático— en una máquina de guerra con presupuesto ilimitado para violar nuestros derechos. Europa se militariza con un programa de rearme insensato y debate sobre un ejército común, cuando ya tiene uno desplegado en las fronteras en una guerra contra las personas en movimiento.
La consecuencia más brutal de sus políticas es que las rutas migratorias están sembradas con los cuerpos sin vida de nuestras compañeras, de nuestras familias que nunca lograron llegar. Resultado directo de un sistema global sostenido por el pasado y la herencia colonial, el expolio del sur global, la violencia estructural y un racismo institucionalizado que impregna cada decisión política.
Por ello, además, urge abordar la movilidad humana desde una perspectiva de género. Las mujeres, las personas trans y las identidades disidentes viven los desplazamientos en condiciones de doble o triple vulnerabilidad: expuestas a explotación laboral, violencia sexual, discriminación institucional y acoso racista. Además, las políticas migratorias refuerzan un modelo patriarcal que invisibiliza y precariza el trabajo reproductivo y de cuidados —sostenido mayoritariamente por mujeres migrantes—, sin reconocer su valor social ni garantizar derechos.
El retroceso de los derechos humanos ya no es una amenaza futura: es una realidad. ¿Cómo aceptar en silencio el genocidio del pueblo palestino ejecutado por el régimen sionista de Israel? ¿Cómo normalizar la ocupación violenta de Ucrania o mirar hacia otro lado ante la limpieza étnica que desangró los Balcanes? La historia reciente nos advierte una y otra vez que la industria armamentística, la militarización y la espiral belicista en la que ha entrado Europa, en particular, no es el camino más adecuado, pero demasiados gobiernos eligen ignorarla.
Nosotras, personas y colectivos de base, por el contrario, nos comprometemos a favorecer la libertad de circulación, incluso desobedeciendo sus leyes inhumanas, fomentando las relaciones entre los grupos solidarios que actúan en las distintas fronteras con el objetivo de construir rutas seguras.
Desaparecidos a lo largo de las rutas, cuerpos y tumbas sin nombre en un crescendo de ineficiencia y barbarie por parte de los Estados. A la tragedia del viaje migratorio se suma la desesperación de las familias que no tienen noticias de sus seres queridos.
Muchos colectivos están comprometidos en alzar la voz junto a estas familias, en registrar lugares y circunstancias de las desapariciones; nos comprometemos a facilitar momentos de conexión entre ellos para exigir normas y una legislación que proteja a las familias de las personas desaparecidas, intentando dar un nombre a los cuerpos en los cementerios de Europa.
Frente a la negligencia deliberada de los Estados debemos construir respuestas colectivas desde abajo. Allí donde las instituciones nos abandonan o actúan sólo desde la lógica del control y la exclusión, levantamos procesos comunitarios que cuidan, acompañan, reparan y exigen.
Por ello, denunciamos:
Las muertes en las fronteras: en 2024, al menos 89 personas murieron en la frontera franco-británica del Canal de la Mancha. En los Pirineos catalanes, jóvenes migrantes arrollados por trenes o abandonados en pueblos fantasma son el resultado de políticas inhumanas. De acuerdo a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (UNHCR), 3350 migrantes murieron en 2024 en su intento de llegar a la Unión Europea.
La externalización y militarización de fronteras: concertinas, controles ilegales, devoluciones en caliente y el negocio de la guerra convierten el Mediterráneo y los pasos terrestres en zonas de muerte.
El racismo institucional y la criminalización: persecución a migrantes, activistas y redes de solidaridad (como el juicio que tendrá lugar en octubre en Bayona contra siete activistas por la ayuda prestada a migrantes), mientras se perpetúa un sistema que explota y excluye.
Las violencias específicas contra mujeres migrantes: explotación laboral, abusos sexuales e indiferencia ante sus trayectos forzados.
y exigimos:
- Unas Políticas migratorias centradas en los derechos humanos: cierre de los CIE, (CPR y CRA en Italia y Francia), fin de las deportaciones y cumplimiento del derecho internacional. Anulación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
- Vías legales y seguras: basta de muertes en el Canal de la Mancha, los Pirineos, el Mediterráneo, el Atlántico y en las fronteras interiores europeas.
- Regularización inmediata: para que nadie viva en la irregularidad impuesta.
- Justicia climática y social: derecho a migrar y a no tener que hacerlo por guerras, pobreza o crisis climáticas generadas por países del Norte Global.
Del 11 al 20 de julio de 2025, recorreremos las fronteras de Cataluña Norte, Calais y los Pirineos para:
- Visibilizar realidades olvidadas, como las de Portbou y Cerbère, donde jóvenes sobreviven entre vías y túneles.
- Tejer redes con colectivos locales de Francia, Italia, el Estado español y otros países europeos, fortaleciendo la resistencia transfronteriza.
- Presionar a los Gobiernos de la UE con acciones directas y alianzas internacionalistas.
Convocamos a la sociedad, medios y movimientos a sumarse a esta caravana internacional de solidaridad. Porque ninguna persona es ilegal, porque las fronteras matan, y porque solo la lucha colectiva derribará los muros.
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