Este año la Caravana pone el foco en Melilla porque, un año después de la masacre en el paso fronterizo del Barrio Chino con Nador, vuelve a quedar impune el episodio más grave ocurrido en una frontera española en la historia reciente, como antes ocurrió en Tarajal. 73 personas perdieron la vida, 322 resultaron heridas, 77 se encuentran desaparecidas y 470 sufrieron devolución masiva a Marruecos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). La opacidad ha sido la respuesta de los gobiernos español y marroquí, así como la omisión de auxilio y las prisas por enterrar los cuerpos en fosas anónimas. Unas 300 personas sudanesas siguen presas en Nador, muchas de ellas condenadas a varios años de prisión como resultado de la violencia de las redadas en los días previos al 24 de junio y tras el intento de cruce. Muchas otras siguen en las calles de ciudades marroquíes expuestas a la violencia, a la miseria y a la persecución policial mientras Sánchez hace gala de la reducción del flujo de personas migrantes que se ha logrado gracias a la colaboración marroquí, obviando el coste humano que ello implica.

Ponemos el foco en Melilla a la vez que creemos que lo ocurrido forma parte de un patrón de crímenes contra la humanidad que los Estados están cometiendo contra las personas que se desplazan por causas forzadas como por ejemplo el naufragio en la playa de Steccato di Cutro en Calabria, o el incendio en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez en México. No son los primeros, ni los únicos, ni los últimos.

El año 2022 es el segundo con un mayor número de personas fallecidas y desaparecidas en la Frontera Sur española de acuerdo al registro de datos de APDHA.

Destacando que, por delante de las cifras, hay personas con nombre, con familias y proyectos migratorios, vamos a resumir algunos datos recientes del informe de Caminando Fronteras. Al menos 2390 personas han sido víctimas en las rutas de acceso al estado español en 2022: de ellas, 288 mujeres, y 101 niñas y niños. La violencia sexual es una herramienta de tortura en el control migratorio, como castigo sistemático a las mujeres que se mueven. Seis personas murieron al día. La ruta canaria sigue siendo la más mortífera, seguida de la invisibilizada ruta argelina. El 91 por ciento de las víctimas desaparecen en el mar sin que sus cuerpos sean recuperados, lo que implica que las comunidades y familiares se enfrentan a un duelo que tiene múltiples impactos legales y psicosociales.

Las fronteras son espacios de guerra militarizados que cuentan con presupuestos ingentes y la complicidad de empresas y bancos españoles, algo que además de atentar contra el respeto a los derechos humanos, es absolutamente incomprensible y que solo responde al interés de las élites empresariales, ya que por la frontera sur española no accede ni el 4% de las personas migrantes a territorio español.

Las políticas violan de manera grave y sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad. Son políticas violentas, racistas y patriarcales, necropolíticas, cuyo único objetivo es impedir el derecho a migrar, el derecho a solicitar refugio o asilo; el derecho a la vida, en definitiva.

Las condiciones de vida que enfrentan en Melilla las personas jóvenes en tránsito son muy difíciles: el control documental para acceder a la península convierte a la ciudad en una prisión, las redadas y las detenciones arbitrarias para dispersar los asentamientos y desplazarles hacia el extrarradio, la violencia policial, nadar y/o hacer risky como alternativas peligrosas de desplazamiento, el sinhogarismo, la falta de apoyo jurídico y de acceso a la información; y, junto a todo ello, las consecuencias que provoca todo ello en la salud mental.

También es difícil la vida para las personas marroquíes que viven en Melilla. La frontera se ha abierto, pero solo para las personas europeas en la práctica. Hay generaciones de personas marroquíes viviendo de forma estable. Después de muchas movilizaciones sociales se han conseguido avances en el derecho a la escolarización y el acceso al sistema sanitario, pero siguen sin derecho a empadronarse, lo que impide la obtención de la residencia legal y les condena a vivir en un sistema de segregación racial, en un apartheid.

El derecho a padrón, a un techo y a una vivienda digna, como llave de acceso a otros derechos, como el permiso de residencia y el de trabajo, es una reivindicación central también en otros lugares, como por ejemplo en los asentamientos de chabolas de Níjar-Almería, donde las fronteras internas, que se construyen a través de leyes como la de Extranjería o la de Seguridad Ciudadana, o de estructuras de detención y/o internamiento como los CIE, los CATE, los CETI o los mal llamados campos de refugio, condenan a vivir al margen a esos mismos cuerpos sobre los que se construye el sistema capitalista racista, patriarcal y colonial.

Nos encontramos en un momento clave de la lucha por la regularización de las 500000 personas migrantes que viven y trabajan en el estado español. Después de la lucha incansable de los colectivos y organizaciones de personas migrantes y racializadas se ha conseguido reunir las más de 500 mil firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que ahora está a la espera de que se debata en el Congreso. Pase lo que pase ya nada será igual porque la experiencia de lucha, empoderamiento y visibilización en la escena social y política ha sido decisiva. Vivir con dignidad y acceso a derechos es justicia social.

El contexto europeo sigue mediatizado y militarizado por la guerra en Ucrania, una guerra que, además de llevar al exilio a personas ucranianas y disidentes rusas, también aumenta el éxodo de personas del continente africano, ya que contribuye al empobrecimiento económico que venía arrastrando y a los conflictos bélicos previos en África y Oriente Medio, muchos de ellos alimentados por intereses económicos, geopolíticos y de los lobbys armamentísticos del Norte Global. Sudán, el lugar de procedencia de la mayoría de las personas que trataban de cruzar la frontera en Melilla el 24 de junio, se enfrenta a un violento conflicto mientras la ciudadanía se organiza como puede para coordinar la solidaridad, oponerse a la guerra y huir de la miseria en un país rico en oro y en recursos.

La guerra es un negocio que empieza en nuestro territorio, un comercio macabro que causa un impacto directo sobre civiles o sobre infraestructuras civiles, obligando a la población a abandonar sus hogares, desplazarse y convertirse personas que, buscando refugio, se encuentran con murallas y las fronteras militarizadas de los mismos Estados que han fabricado y vendido las armas. Los puertos de Bilbao, Santander y Sagunto son una muestra de esto, pues permiten el atraco de los barcos traficantes de armas, los llamados «barcos de la muerte».

Durante 2022 las temperaturas se han situado en 1,15ºC por encima de la media, con consecuencias devastadoras para la vida y la economía: personas desplazadas, cosechas perdidas, muertes, hambrunas e inundaciones. Las sequías se han generalizado, aunque son más graves en África Oriental lo que ha provocado inseguridad alimentaria que se ha sumado a los problemas de abastecimiento ocasionados por la guerra en Ucrania. La acción extractivista y neocolonial de las empresas transnacionales y la militarización del comercio suponen un impacto dramático en la sostenibilidad del planeta y nos asoma a nuevas maneras de reinterpretar los derechos humanos a la baja.

Las violencias machistas, las violencias contra colectivos LGTBI+, las violencias contra defensoras y defensores de derechos humanos son también causas de desplazamiento forzado.

Túnez ha pasado a ocupar el lugar de Libia como punto de partida hacia la Unión Europea a través de Italia y el Mediterráneo Central, lo que ha convertido esa ruta en otro lugar de masacres alentadas por las políticas racistas del gobierno tunecino y del gobierno ultraderechista italiano, que no ceja en su empeño de obstaculizar la labor de las ONG, impidiendo realizar más de un rescate por misión, autorizando los desembarcos en puertos muy alejados y bloqueando a los barcos; además de decretar injustificadamente un “estado de emergencia nacional” durante 6 meses que supone un recorte de derechos bajo el propósito de agilizar la expulsión de personas migrantes y un intento de alimentar el relato de la “invasión”.

En Italia se está llevando a cabo el proceso judicial por el caso Iuventa, el mayor proceso judicial contra organizaciones de salvamento que sigue abierto tras la ola de criminalización de la solidaridad iniciada en Italia en 2017. Una realidad más silenciada es la de miles de personas migrantes en prisión en Italia, Grecia y España, condenadas con los mismos cargos de “ayuda e incitación a la entrada no autorizada”. Se estima que casi 10.000 personas se encuentran en prisión en la UE cuando se sabe que no son traficantes y el foco debería ponerse en la falta de vías legales y seguras para migrar y las condiciones terribles de los “campos de refugiados” que por ejemplo la UE financia en Libia con sus políticas racistas.

El 1 de julio, el estado español asumirá la presidencia del Consejo de la UE. El Pacto de Migración y Asilo y la búsqueda de un acuerdo europeo en migración es una de las prioridades de los seis meses de presidencia española. La foto del encuentro y la “sintonía” de Sánchez y Meloni nos pone en alerta. Al fin y al cabo, cuando se trata de fronteras, la socialdemocracia y la ultraderecha, vienen dándose la mano. No tendrán la nuestra.

Y, sin embargo, de la mano de la memoria histórica de las fronteras seguiremos recogiendo el testigo de quienes antes recorrieron las mismas rutas huyendo del fascismo y buscando refugio, a través del episodio histórico de La Desbandá en la carretera Málaga-Almería.

En la Caravana europea e internacional Melilla 2023, la Caravana Abriendo Fronteras y Carovane Migranti compartimos experiencias, objetivos, denuncias y exigencias con otras organizaciones sociales con las que vamos encontrándonos y reencontrándonos en la ruta, para aunar esfuerzos y paralizar estas políticas.

En concreto, a los gobiernos de la Unión Europea, y especialmente a los gobiernos español e italiano les exigimos:

• • Que se vuelva a abrir el caso del 24 junio 2022 en Melilla, depurando las responsabilidades de las muertes y de las desapariciones. También exigimos que se implementen las medidas necesarias para que eventos de ese tipo no se vuelvan a repetir.
  • Acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional.
  • Reconocer y respetar el derecho a migrar, como estrategia de resistencia y reparación ante las políticas extractivistas, imperialistas, patriarcales y colonialistas.
  • Vías legales y seguras, para que nadie más pierda su vida por ejercer el derecho a migrar y para evitar la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas.
  • Exigimos el cese de las actitudes racistas, abusos de autoridad y violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el territorio de Melilla y en los demás territorios del Estado español.
  • Incluir aspectos jurídicos que respeten los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas y los de sus familiares. La creación de puntos de información para familiares de las personas migrantes, comparar los datos de ADN con los datos que provienen de las familias, servicios funerarios respetuosos con las creencias, creación de los «salvoconductos mortuorios» que faciliten el traslado de los cadáveres de las personas fallecidas en los trayectos migratorios y reduzcan los costes.
  • Terminar con la instrumentalización de las personas en tránsito, que son utilizadas como herramienta de presión política.
  • El respeto a los derechos humanos y como pueblo del Sahara Occidental, frente al cambio de postura del gobierno de Sánchez que defiende como solución una autonomía que implica el reconocimiento de la soberanía del reino de Marruecos sobre el territorio y la cesión al chantaje de Marruecos en las fronteras de Ceuta y Melilla, además de beneficiarse del saqueo económico a un territorio que es del pueblo saharaui.
  • La regularización extraordinaria de todas aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular. También exigimos que se garanticen las reagrupaciones familiares.
  • La derogación de la Ley y el Reglamento de Extranjería.
  • El cierre de los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros), (CPR en Italia) y de otras estructuras de detención y contención de personas extranjeras.
  • Suspender los acuerdos de deportación con terceros países como Marruecos, Senegal, Mauritania, Gambia, Afganistan, Libia, Túnez o Turquía. Ninguna persona debe ser enviada a un país en el que puede sufrir tortura, persecución o amenazas a su vida. La externalización de fronteras beneficia a gobiernos corruptos que no garantizan los derechos humanos y a las mafias que actúan con su connivencia.
  • Autorizar a los barcos de salvamento marítimo para que puedan realizar libremente su labor de rescate para salvar vidas y desembarcar a las personas en puertos seguros. Derogar el último decreto del gobierno italiano.
  • Un protocolo de atención a sucesos de víctimas múltiples, que no se aplica en caso de naufragios y produce crueldad y tortura.
  • La retirada de la propuesta del último Pacto Europeo de Migración y Asilo.
  • El fin de la criminalización de las personas migrantes y de las personas y organizaciones solidarias defensoras de derechos.
  • Transparencia y la publicación de datos de las pérdidas reales de vidas en las rutas migratorias y que estos datos estén desagregados por género, procedencia y destino.
  • La apertura de causas judiciales -y que se personen los estados y la propia Unión Europea- por cada muerte en las rutas migratorias y en los espacios de no-derecho que son los centros de detención e internamiento para personas extranjeras como los CIES, los CETI, los CATE, etc.
  • Cesar los controles fronterizos terrestres en las fronteras internas europeas que, además, se practican por perfil étnico.
  • Que la aplicación de la Directiva 2001/55 que está otorgando protección temporal generalizada a las personas ucranianas que salen del país, se active asimismo para personas que huyen de otros conflictos.
  • La disolución de FRONTEX y el fin de la subcontratación del control de las fronteras. Es preciso detener el exorbitante gasto militar hacia esta agencia europea de fronteras, cuya misión es interrumpir el proceso migratorio y deportar. Y mientras exista, que se cree un centro de inspección y control sobre las violaciones de los derechos humanos que realiza Frontex.
  • El cese de la producción y el tráfico de armas de la Unión Europea. Y mientras tanto, el cumplimiento de la normativa internacional sobre la venta de éstas, dando fin a la exportación a países que están bombardeando población civil en conflictos armados y que no respetan los derechos humanos.
  • La disolución de la OTAN y el fin de sus planes expansionistas, hegemonistas y de guerra. Rechazamos la inclusión de la migración irregular y la inseguridad alimentaria como lo que denominan “amenazas híbridas” en su nueva hoja de ruta.
  • Unas relaciones internacionales de cooperación que pongan fin a las políticas de saqueo y expolio de recursos en África y en los países del Sur global por parte de las empresas multinacionales, los gobiernos del Norte enriquecido y los gobiernos del Sur corruptos.
  • Asegurar el acceso al derecho de asilo a todas las personas, independientemente de su país de origen y de que se tome como referencia una catalogación de país seguro de uno que de hecho no lo es.
  • El respeto a las disposiciones del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas, y las normas que protegen a las personas migrantes.
  • Garantías específicas para personas en situación de especial vulnerabilidad establecidas en la Directiva Europea de procedimientos comunes para la concesión de la protección internacional: mujeres que han sufrido violencia sexual, víctimas de trata, menores, personas con diversidad funcional, personas LGBTIQ+, etc.

• El derecho a la protección de niñas y niños contra todo tipo de violencia y explotación, el cumplimiento de la Convención de la ONU de 1989 en relación a sus derechos.
• Políticas de acogida dignas y efectivas y la implementación de protocolos con perspectiva de género en dichas acogidas.
• La derogación del Reglamento de Dublín y de la Directiva Europea de Retorno, conocida como la directiva de la Vergüenza.
• El cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos en sus sesiones sobre la violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de Barcelona, Palermo, Paris y Londres (2017-2019), las propuestas de la relatora de la ONU en su informe sobre desapariciones forzadas en la ruta migratoria y las de varias organizaciones no gubernamentales, como las de Amnistía Internacional (informe de diciembre de 2017) sobre la violación de derechos en Libia.
• La aprobación del Tratado Vinculante sobre el control de las Empresas Transnacionales y otras empresas en materia de respeto de los Derechos Humanos negociado en el marco del Consejo de Naciones Unidas en Ginebra.
• La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los y las trabajadoras migratorias y de sus familiares.
• Garantías a la justicia y el refugio climático, controlar y sancionar la actividad de las empresas contaminantes y seguir el Acuerdo de París firmado en 2016 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el calentamiento global.

Volvemos a la Frontera Sur porque no podemos normalizar la pérdida de vidas por migrar, porque ese relato legitima el uso de una mayor violencia ejercida por los Estados y más muerte, como se demuestra en las cifras. APDHA ha denunciado que más del 40% de las muertes de personas tratando de entrar a territorio español se han producido en los tres últimos años.

Queremos la vida, la acogida digna y los derechos para todas las personas.

¡Os animamos a acompañar a esta Caravana 2023 y a sumaros a la propuesta de acciones y actos en nuestra ruta! Derecho a migrar, derecho a vivir!